22 de octubre de 2026

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció el error de trámite del presupuesto. En un video en X celebró que habían tumbado el presupuesto y al ministro Rodrigo Lara, a quien Abelardo de la Espriella sacó del Ministerio del Interior, como cuenta El País. Al nuevo ministro, Alejandro Ordóñez, lo llamó inquisidor y quemalibros. Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, escribió: "Sacar a Lara para meter al quemalibros de Ordóñez no es un mensaje de unidad nacional, sino de sectarismo". En la coalición, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, lamentó la salida de "un funcionario abierto al diálogo" y el liberal Germán Rozo dijo que su bancada trabajaba "de manera sincronizada con el ministro". Solo algunos congresistas de la bancada antiderechos, como el conservador Luis Miguel López, celebraron la llegada de Ordóñez.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema acusó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de peculado por apropiación en favor de terceros, como cuenta El Espectador. El caso es un colegio con énfasis agrícola en Suaita. La Fiscalía dice que en 2021 Aguilar ordenó comprar por $551 millones un lote con fuentes de agua, bosque nativo y una servidumbre eléctrica, pese a las advertencias de un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura. El contrato, de $15.280 millones, se firmó en diciembre de 2022 sin estudios completos ni licencias ambientales. La obra se suspendió en febrero de 2024 porque lo construido tendría que demolerse por razones ambientales. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a El Espectador que el detrimento sería de $3.339 millones.

El Gobierno expidió el decreto del presupuesto de 2027, por $634,95 billones, con el mismo monto y la misma distribución que aprobaron las comisiones económicas del Congreso en primer debate, como cuenta El Espectador. Salió así porque Cámara y Senado aprobaron textos distintos de un artículo y no los conciliaron a tiempo. Son $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para la deuda y $88,14 billones para inversión. Sin contar la deuda, el sector que más recibe es Educación ($93 billones), seguido de Salud ($81,56 billones) y de Defensa y Policía ($74,90 billones). El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo sobre el presupuesto: "No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie". Anunció también que la llamada ley de rescate llegará pronto al Congreso; sin ese ajuste, el déficit de 2027 podría llegar al 9,4 % del PIB.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo en el congreso de Camacol, en Cartagena, que el presupuesto de 2027 es "muy alto en sí mismo". Sin los ajustes que anunció el Gobierno, dijo, el déficit fiscal llegaría al 9,4 % del PIB, como cuenta El Colombiano. Lo llamó "algo totalmente inimaginable para Colombia en su historia, al menos en el periodo posterior a la Guerra de los Mil Días". Con los ajustes, el déficit quedaría en 7,2 %, un nivel como el de 2021, cuando fue el más grande de la historia. Ante los constructores, Villar defendió las tasas de interés del Banco, en 12,25 %, y dijo que el déficit también perjudica los créditos de largo plazo con los que se compra vivienda, como cuenta El Espectador.

Paula Ospina, que publica en Instagram como @paula.opina, rectificó lo que había dicho de la familia de Juanita León, directora de La Silla Vacía. Es una de las influenciadoras cercanas a Carlos Suárez, el estratega de Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, como cuenta ese medio. "Yo debo decir que la familia de Juanita no se embolsilló 65 mil millones de pesos porque el contrato de las empresas del emporio empresarial de su familia con Ecopetrol consistía en comprar polietileno de baja densidad, el cual solo vende en Colombia la estatal petrolera Ecopetrol", dijo en un video en Instagram y TikTok. La Silla Vacía dice que sus afirmaciones hicieron parte de una campaña contra el medio después de que contó el conflicto de interés que tendría Suárez para supervisar las investigaciones de Ecopetrol contra Serafino Iacono, socio de Abelardo.

Manifestantes hicieron un plantón frente a la Biblioteca Nacional para pedir la salida de su directora, Julia Cristina Daza, y reclamar por los programas de lectura frenados, como cuenta El Espectador, que habla de cientos de personas. Dicen que a los trabajadores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas les deben dos meses de sueldo y que se canceló el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, como cuenta La Silla Vacía, que contó unas cien. La Biblioteca cerró la atención al público con una resolución que firmó la víspera el secretario general del Ministerio de las Culturas, Julián David Sterling Olave, como medida "preventiva y temporal". Fuentes de la Biblioteca le dijeron a La Silla Vacía que una de las primeras decisiones de Daza fue aplazar la apertura de una sala infantil y juvenil para revisar antes sus contenidos. Hubo al menos 42 uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios en el plantón, que terminó en paz.

La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella revisar los nombramientos de personas con denuncias o procesos por violencias contra las mujeres, como cuenta El Espectador. No dio nombres, pero describió tres casos que ya había contado la prensa. Cambio los identifica. Uno es Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, asesor de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, imputado por acto sexual violento. Otro, el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, que llegaría a la seguridad de Ecopetrol mientras enfrenta un proceso por acoso sexual. El tercero es Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos, a quien su exesposa denunció por violencia intrafamiliar. "Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública", escribió la entidad. Y agregó: "No podemos pedir que las mujeres denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran".

La directora de la Fundación Las Libertarias, a quien Infobae llama Xavia Hernández en una nota y Xavier Hernández en otra, denunció en un video que unas personas buscaron a mujeres trans en el barrio Santa Fe de Bogotá. Dijo que les ofrecían plata a cambio de respaldar las declaraciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro. No presentó pruebas y Petro difundió la denuncia. "A las personas trans no se nos instrumentaliza y menos para generar más odio", escribió la fundación, como cuenta Infobae en otra nota. El tuitero abelardista Russy Millán escribió en X que "agarraron al primer travesti que encontraron en Chapinero para su defensa". En la noche publicó un hilo en el que dijo que ella "fue CONDENADA por EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES", con un proceso de 2016 que le atribuye bajo otro nombre. Ningún medio ha informado de esa condena.

El exrepresentante Wadith Manzur irá a juicio por los contratos de la UNGRD. En la audiencia previa le reclamó a la Fiscalía que no hubiera imputado al exviceministro Diego Alejandro Guevara Castañeda ni a la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, como cuenta Caracol Radio. Manzur los señala de haber intentado sobornar a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. "Es decir, aquí nos compraron, pero los compradores no cometieron el delito", dijo. Benavides tiene un principio de oportunidad y declarará como testigo; Guevara sigue en indagación. Ese mismo día, Estados Unidos le quitó la visa a Manzur.