Salud en crisis

Un análisis de Asinfar, un gremio farmacéutico, calculó que el patrimonio negativo de las EPS llegó a $18,6 billones en junio de 2026, frente a $2,3 billones en diciembre de 2022, como cuenta Valora Analitik. Sus pasivos suman $40,3 billones. Las cifras no incluyen a la Nueva EPS, la más grande del país, que, como dice Asinfar, no reporta su información financiera desde el 31 de diciembre de 2023. Asinfar añade que solo ocho de las 24 EPS que reportaron sus cuentas de 2025 tenían patrimonio positivo. El observatorio Así Vamos en Salud había calculado el déficit de junio en $18,7 billones, como contó El Espectador en septiembre.

Henry Camargo, exsoldado profesional con 22 años de servicio y una enfermedad pulmonar que requiere un trasplante, volvió de Nueva York en un vuelo medicalizado. La Cancillería informó en X que fue por instrucción de Abelardo de la Espriella y que el traslado fue posible gracias a una "autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones". No dijo cuánto costó, como advierte El Colombiano. Camargo quedó en el Hospital Militar Central. Su caso se conoció por un video que grabó con oxígeno desde un hospital de Nueva York, en el que pedía un vuelo humanitario, como cuenta El Espectador. En su comunicado, la propia Cancillería recordó que la asistencia consular "no sustituye los sistemas de salud ni equivale a un seguro médico".

La Superintendencia Nacional de Salud sacó a Olga Lucía Vásquez Barrios como interventora de Capresoca, la EPS de Casanare, como informó Blu Radio. La Pontificia Universidad Javeriana certificó que nunca estudió allá ni recibió el título de enfermera que habría presentado. La Supersalud la denunció ante la Fiscalía por posible falsedad documental, uso de documento falso y fraude procesal, y también alegó incumplimientos en la intervención. Vásquez había llegado al cargo el 6 de julio, nombrada por Daniel Quintero Calle, entonces superintendente de Salud del gobierno Petro. La denuncia la hizo pública el abogado de una IPS afectada por la interventoría, como cuenta El Heraldo. El nuevo interventor es el médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas y llega dos días después de que el Gobierno prorrogara la intervención hasta octubre de 2027.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prorrogó por un año, hasta el 7 de octubre de 2027, la intervención forzosa de Capresoca EPS, según El Espectador. La EPS atiende a más de 160.000 afiliados, la mayoría del régimen subsidiado y de Casanare. La Supersalud la intervino en octubre de 2024 y la ley solo le permite una prórroga, así que esta tuvo que salir por resolución del Gobierno. La firma contralora de la intervención, Baker Tilly, advirtió que "persisten riesgos significativos" en la EPS. A cierre de 2025, Capresoca tenía un patrimonio negativo cercano a $205.000 millones, según un asesor jurídico en salud citado por La República. Con ella ya son tres las EPS a las que se les prorrogó la intervención este año, junto con Famisanar y Nueva EPS.

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en su primera sesión presidida por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, aprobó trasladar $859.000 millones del rubro de pensiones al de la salud de los maestros, que sube de $3,7 billones a cerca de $4,6 billones, según La República. Cubre parte del déficit de $2,7 billones de este año y, según el Ministerio, no afecta las pensiones. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, lo respaldó con una advertencia: "No podemos seguir tapando huecos con recursos todos los meses". El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, apoyó una auditoría forense, cuyos resultados llegarían en un año, y dijo que hay que establecer responsabilidades. El Consejo le pidió a la Fiduprevisora propuestas para atender el déficit.

Los senadores del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza y Claudia Margarita Zuleta Murgas radicaron un proyecto de ley para el sistema de salud con cinco ejes: el flujo de recursos, la protección del personal de salud, las intervenciones administrativas, la vigilancia financiera y la atención en los territorios, según El Espectador. Zuleta dijo que buscan quitarle a un solo funcionario la responsabilidad de girar los recursos y crear un mecanismo "interoperable" con los sistemas del Ministerio de Salud. Nieto culpó a la administración anterior: "El gobierno anterior destrozó el sistema y lo ha llevado a una situación cercana al colapso". Según el diario, el proyecto no cambia el sistema de fondo. El partido ya había propuesto inyectarle hasta $13 billones a la salud, algo que el Ministerio de Hacienda no acogió en el presupuesto de 2027.

En la Comisión Séptima del Senado, la ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió una adición de $13,9 billones para el sector en 2027: $12 billones para el aseguramiento y $1,6 billones para inversión, que sin eso caería de $2,6 billones a $1,6 billones, según Portafolio. Sobre las deudas del sistema dijo que no hay una sola cifra, porque lo que reportan las EPS no coincide con lo que cobran clínicas y hospitales, y le encargó a la Superintendencia de Salud una metodología para cruzarlas antes de meter plata nueva, según El Espectador. Según ella, la vía para devolverle recursos al sistema es ajustar la UPC, probablemente de forma retroactiva. No habló de los $10 billones que Abelardo de la Espriella prometió en campaña para la salud y descartó por ahora una reforma. La primera fase del plan de choque, una compra de cartera de cerca de medio billón de pesos, sale de la plata de la Adres.

Al cierre del consejo de ministros, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha la primera fase del plan de choque en salud, la promesa con la que dijo que estabilizaría el sistema en 90 días. Va dirigida a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, identificados a partir de los 1.220.142 reclamos que recibió la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y julio de 2026, un promedio de 5.755 diarios, de los cuales el 92 % son barreras de acceso. Según el comunicado con el que el Ministerio de Salud explicó después el plan, la primera fase prioriza a los pacientes con alto riesgo de hospitalización y a los que tienen cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH o diabetes insulinodependiente. Más de 700.000 esperan medicamentos y más de 300.000, procedimientos. El seguimiento de cada caso irá de septiembre a diciembre, contó El Espectador. Para financiarla, el presidente anunció "un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés" a las EPS, con un año de gracia, y advirtió que "esto no es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces un mismo servicio ni a reconocer nuevamente unos que ya hayan sido pagados", según El Espectador. Lo que no dijo es de dónde sale la plata: los $10 billones que prometió en campaña no están. La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya se lo había dicho a las EPS y a los hospitales y, según La Silla Vacía, ahora dice que los está buscando. El Colombiano explica que la compra de cartera es que el Estado asuma las deudas de las EPS con hospitales y clínicas para darles liquidez, y el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, celebró el anuncio pero preguntó "bajo qué figura se hará la compra y qué entidad del Gobierno lo hará".

La Defensoría del Pueblo le entregó al Ministerio de Salud el informe de su seguimiento a 12 EPS y su conclusión es que el indicador que reportan las entidades no alcanza para dar por garantizado el derecho a la salud. Sobre medicamentos, las EPS se autorreportaron una efectividad de entrega del 92 % en febrero. La Defensoría fue entonces a preguntarles a los usuarios: de 2.042 encuestados en el país, el 87 % dijo haber tenido algún problema para recibirlos, y en el 61 % de los casos fue porque no había existencias; el 46 % terminó comprándolos con su plata y el 20 % no los consiguió. No son dos mediciones del mismo dato (una la hace la EPS sobre sus propias entregas y la otra es una encuesta a pacientes) y esa distancia entre las dos es justamente lo que el informe pone sobre la mesa. El desajuste se repite entidad por entidad: Nueva EPS se reportó en 86,8 % y sus 986 encuestados tuvieron problemas; Sanitas en 98,3 % y los 110 suyos también. Entre las 12 entidades seguidas está el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde los reclamos ante la Superintendencia subieron 31 % en un año.

El exministro de Salud del gobierno Petro, Guillermo Jaramillo, respondió a las acusaciones que hizo la ministra de Salud, Ana María Vesga. Sobre la Contraloría: la opinión negativa "corresponde a deficiencias operativas en proceso de mejora durante 2026 y no corresponde de ninguna manera a hallazgos con impacto fiscal ni corrupción per se", y ya había un plan de mejoramiento firmado el 30 de julio que ahora le toca ejecutar a Vesga. Sobre los 4,4 billones: son "una de las mayores inversiones en un año en la historia del país" en hospitales; los 2,9 billones no obligados esperan una autorización de Hacienda y los 365.604 millones sin registro quedaron en vilo por la suspensión de registros durante el empalme. Según Jaramillo, las afirmaciones de la ministra "están poniendo en evidencia el desconocimiento de la gestión pública" y muestran "una conducta reprochable por poner en riesgo la ejecución de iniciativas vitales para los territorios".