15 de octubre de 2026

La defensa de Eva Ferrer, la exfuncionaria que acusó a Verónica Alcocer, estaría explorando "algún acuerdo o principio de oportunidad" con la Fiscalía, escribió en X el periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, con fuentes que no identifica. Su explicación es que Ferrer podría estar involucrada en las irregularidades que ella misma denunció. "Ella no sería una simple denunciante", escribió. A su juicio, podría estar involucrada y tiene que responder como cómplice o, al menos, por no haber denunciado si era funcionaria cuando pasaron los hechos.

En un análisis del borrador del Estatuto Antiterrorista, La Silla Vacía concluye que amplía el poder del presidente. El Consejo de Seguridad Nacional, formado por ministros y altos funcionarios del Gobierno, incluiría a personas y grupos en la lista de terroristas con un acto administrativo, sin revisión de otro poder. Laura Bonilla y Andrés Hernández Cubides, consultados por el medio, temen que las definiciones tan amplias alcancen a periodistas, organizaciones sociales o manifestantes. El proyecto, que impulsan los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino, crea delitos nuevos, como el uso terrorista de drones, y sube penas. La exposición de motivos llama terrorismo también a los grupos con fines económicos y no ideológicos. Es la misma idea con la que el gobierno de Donald Trump justifica sus ataques contra lanchas, anota el análisis. El proyecto aún no se ha radicado.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó en la Cámara un proyecto de acto legislativo que, dice el Gobierno, acabará con la "mermelada". Cambia cuatro artículos de la Constitución para que los congresistas puedan postular proyectos de inversión para sus regiones mediante un registro público, sin que eso sea un conflicto de intereses, como explica La Silla Vacía. No podrán intervenir en los contratos que salgan de ahí. Ocultar información en la declaración de intereses será causal de pérdida de investidura. El texto también dice que la financiación de una campaña, si es legal y está registrada, no es por sí sola un conflicto de intereses. Lara dijo que la mermelada es lo que se hace a escondidas y que lo que se postula por encima de la mesa es desarrollo, como recogió El Espectador. Al ser una reforma constitucional, necesita ocho debates en dos vueltas.

En la visita al Ministerio de Cultura, Abelardo dijo que le ordenó a la ministra Paola Holguín desaparecer de los lugares públicos lo que llamó una "oda al terrorismo". En ella aparece Carlos Pizarro, como cuenta El Espectador. Pizarro fue comandante del M-19, la guerrilla en la que militó Gustavo Petro. Firmó la paz en 1990 y ese mismo año lo asesinaron, cuando era candidato presidencial. La orden llegó un día después de que el concejal uribista de Bogotá Andrés Barrios Bernal criticara una sala del Museo Nacional con afiches de su campaña, recuerda La Silla Vacía. Sobre el sombrero de Pizarro, que estaba en la Casa de Nariño, pesa una medida cautelar del Consejo de Estado que le quita el estatus de patrimonio cultural.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, leyó en una entrevista radial un chat que dice haber recibido dos meses antes del atentado. Una fuente que no identifica le escribió que Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, estaba organizando a ocho hombres para atacar al precandidato, como cuenta Infobae. Albán fue representante a la Cámara por Comunes de 2018 a 2026. Tarazona dijo que entregará el mensaje a la Fiscalía y que le corresponde a la Fiscalía decidir si es cierto. Diez firmantes del Acuerdo de Paz, entre ellos Albán, rechazaron en una carta las "infundadas declaraciones" de Tarazona, informó El Espectador. Dicen que es una campaña de ataques contra Rodrigo Londoño y que están dispuestos a responderles a las autoridades. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le pidió a la Fiscalía verificar la información.

El canciller Omar Bula Escobar anunció desde Israel, donde está de visita oficial, que Colombia se retira del Grupo de La Haya, como cuenta El Espectador. Dijo que el grupo se creó "para aislar y atacar" a Israel. Colombia fue uno de los ocho países que lo fundaron en enero de 2025, en el gobierno de Gustavo Petro, para exigirle a Israel responder por sus violaciones del derecho internacional en Gaza. Lo copresidía con Sudáfrica, recuerda La Silla Vacía. En la conferencia que el grupo hizo en Bogotá, sus miembros se comprometieron, entre otras cosas, a no venderle equipo militar a Israel. Bolivia y Honduras ya se habían retirado. La Silla Vacía anota que la salida era previsible: Colombia ya se había retirado del proceso de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

El representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, criticó a Abelardo por respaldar la reelección de la republicana María Elvira Salazar. En una declaración en inglés que publicó el comité en X, dijo que es inaceptable que un líder extranjero intervenga en las elecciones de su país. Agregó que la decisión de Abelardo pone en riesgo el apoyo de los dos partidos a la alianza con Colombia y le pidió que pare ya si quiere conservarlo: el Congreso estará atento. Salazar busca el 3 de noviembre un cuarto periodo por el distrito 27 de Florida, donde viven más de 38.000 colombianos, como cuenta El Espectador. La Silla Vacía recuerda que la familia de Abelardo le ha donado 92.000 dólares desde 2018 y que el Congreso republicano ya recortó la ayuda a Colombia.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de José Darío Salazar Bernal para subdirector nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que dirige Hernán Darío Fuentes Saldarriaga. Es ingeniero industrial y especialista en gerencia de la gestión pública y desde marzo de 2024 es profesional experto de la Fiscalía. En la hoja de vida declara que fue asesor y coordinador nacional del Partido Conservador de mayo a julio de 2022. También fue contratista del DNP en 2020 y 2021 y de la Defensoría del Pueblo en 2022 y 2023, gerente general de Prettl Energy Colombia de 2017 a 2023 y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Integración Colombo China. No es el exsenador conservador José Darío Salazar Cruz.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cinco hojas de vida para el Ministerio de Justicia y en tres faltan contratos que están en el Secop. Franky Yuber Mendoza Castro, periodista que aspira a jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, declara seis trabajos (hoja de vida). En el Secop aparecen al menos 13 contratos, de 2019 a 2026, que su hoja de vida no menciona. Los hay con el SENA, el IPES, la Contraloría de Bogotá, la Secretaría General de Bogotá, la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Alcaldía de Cota y el propio Ministerio de Justicia. Con el Ministerio tuvo dos, en 2021 y en 2022, por $141.986.016. Este año tiene al mismo tiempo uno de $64.241.100 con el SENA y dos con la Contraloría de Bogotá. Óscar Augusto Peláez Betancourt, abogado que aspira a profesional especializado, no menciona 14 contratos de 2015 a 2024 (hoja de vida). Diez son con la Alcaldía de Cali, dos con la Gobernación del Valle, uno con Univalle y uno con el Concejo de Buenaventura. Diego Ceballos Mesa, abogado de los juzgados administrativos de Medellín, aspira a asesor (hoja de vida). No menciona cinco contratos, entre ellos uno de $108.020.252 con la Alcaldía de Medellín, de enero a diciembre de 2026.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes ocho hojas de vida para asesores del Ministerio de Defensa y en tres faltan contratos que están en el Secop. Gianine Paola Moreno Villamil, contadora de Cúcuta, declara para 2026 un contrato con la Alcaldía de Cúcuta y otro con Emcali (hoja de vida). No menciona otros dos de este año: uno de $46.200.000 con la Gobernación de Norte de Santander, de enero a diciembre, y uno de $24.000.000 con la CVC, la corporación ambiental del Valle, firmado en septiembre. Juan Carlos Melo Santos, abogado que aspira al grado más alto de los ocho, declara solo su trabajo en Asocajas, de 2004 a 2016 (hoja de vida). No menciona dos contratos con la UNAD, de 2019 y de 2020, por $154.666.668. Carlos Arturo Salcedo Galeano trabajó en el Ejército de 1994 a 2019 y desde 2021 es contratista de la Fuerza (hoja de vida). No menciona dos de esos contratos, uno de 2021 y otro de 2023.