26 de octubre de 2026

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Adriana Lucía Santa Méndez para directora general de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM). Es la segunda aspirante que la Presidencia publica para ese cargo: el 24 de septiembre había subido la de Vanessa María Bellini Cabrera, una agente inmobiliaria que nunca había sido servidora pública. Santa, ingeniera civil con un MBA, declara que fue gerente de infraestructura del Banco Agrario de Colombia del 20 de febrero de 2023 al 23 de octubre de 2026. Antes fue directora en el Ministerio de Ambiente, en el gobierno de Iván Duque, de 2021 a 2022. De 2017 a 2020 fue directora de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, casi todo ese tiempo con Enrique Peñalosa como alcalde. Su hoja de vida no menciona un contrato con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de septiembre de 2016 a marzo de 2017, por $39.738.000. En esos meses declara que trabajaba en el despacho del viceministro de Transporte.

Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la Alcaldía de la ciudad en 2027, fue asesinado en el Anillo Vial Occidental, cerca de una estación de gasolina, como cuenta El Espectador. Se bajó de su camioneta blindada para hablar con una persona junto a una moto y un atacante le disparó en la cabeza, como recoge El Colombiano con la información preliminar de las autoridades. Un menor de edad que iba con él, al parecer su hijo, salió ileso. Castellanos era oficial retirado de la Policía y hermano del excongresista Jairo Alberto Castellanos y del concejal de Bogotá Leandro Castellanos Serrano. El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero Medina, dijo que las autoridades analizan un atentado anterior en Arauca contra un hermano de la víctima, en el que murieron escoltas. La Gobernación ofreció hasta $50 millones de recompensa y, con la Alcaldía y la Policía, la subió a $100 millones, como recoge El Colombiano. Abelardo de la Espriella escribió en X que dio instrucciones a la Policía para buscar a los responsables con la Fiscalía: "¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD!".

Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación Libremente, citó en X una publicación de Julián Zamudio, quien en su perfil menciona a Salvación Nacional. Zamudio dice que "La izquierda latinoamericana empezó a importar musulmanes a la región" y que Brasil "será destruida en estos años". Armel escribió: "Hay gente que le llama islamofobia". Y agregó: "Esto es como traer un enfermo a vivir a nuestra casa".

El periodista Diego A. Santos escribió en X que la alocución de Abelardo de la Espriella "está cargada de amenazas" y habló del peligro de "un antidemócrata así". El tuitero abelardista Carlos Ayala Ozarco le respondió en otro trino: "Esta tibia pecueca, cómplice de lo peor de la izquierda, alcahueta de las porquerías socialistas se siente amenazada... Que no se olvide: es un malnacido Santos". Y siguió: "Sí de esa misma familia que le entregó curules a pedófilos, secuestradores de niños, reclutadores de menores". Santos es familiar del expresidente Juan Manuel Santos, como recoge Publimetro. Ese mismo día, Ayala escribió sobre Gustavo Petro, en X: "El degenerado, putero, drogadicto y PRESUNTO pedófilo". En ese trino llamó a Deicy Jiménez "la prostituta que lo denuncia".

En la apertura de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, en la Universidad Sergio Arboleda, Abelardo de la Espriella dijo: "Soy defensor acérrimo de la independencia judicial". Pero advirtió que "independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano", como cuenta El Tiempo. Criticó la demora de los fallos: "De poco sirve reconocer un derecho si su titular debe esperar diez o veinte años para obtener una decisión". Y elogió a la rama judicial por su papel en el gobierno de Gustavo Petro: "Una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno", como recoge también Infobae.

El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, publicó en El Espectador una réplica a los columnistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. Dice que en menos de cuatro meses varias columnas del diario, cuatro de ellas de Bejarano, lo presentaron como heredero del "Monstruo", el apodo de su abuelo Laureano Gómez. Llama a eso "una explícita incitación al odio por parte de los autores y el medio que publica". Escribe: "Nunca un miembro de la familia Gómez ha sido objeto de investigación o condena penal por los crímenes que sistemáticamente endilgan los columnistas de este periódico". Recuerda que la Fiscalía investiga la presunta participación de policías y del DAS en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y que el DAS lo dirigía Bejarano el día del homicidio. Y pregunta: "¿Será esta la razón que nutre sus improperios?". También defiende sus dos propuestas contra la Jurisdicción Especial para la Paz: recortar en $100.000 millones su presupuesto de 2027 y su vigencia en cinco años. Al compartirla en X, habló de "los delirios febriles de Bejarano y Orozco".

Un recluso le avisó al Gobierno de un posible plan para matar al registrador nacional, Hernán Penagos, como cuenta El Espectador. El ministro de Justicia, Iván Cancino, llevó la alerta a Abelardo de la Espriella, al vicefiscal encargado, Gilberto Guerrero, y al propio Penagos. Después confirmó que el plan se estaría gestando en un centro penitenciario, como cuenta Cambio. Ninguna autoridad ha dicho quién estaría detrás ni cómo sería el ataque. La Fiscalía abrió una noticia criminal, como recoge La Silla Vacía. El Gobierno reforzará el esquema de seguridad de Penagos, que estaba en Brasil como jefe de una misión de observación electoral. El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el registrador "lo único que ha hecho es cumplir su tarea con responsabilidad, con entrega, con rigor". El procurador Gregorio Eljach pidió "reforzar de inmediato su esquema de protección e identificar con celeridad a los responsables". En agosto, la Defensoría del Pueblo ya había rechazado amenazas contra Penagos en redes, en medio de las acusaciones de fraude sin pruebas de Gustavo Petro.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Sonia Jaqueline Angarita Salazar para asesora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Angarita, abogada, declara que fue jefa de oficina del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún) del 22 de noviembre de 2024 al 15 de junio de 2026. No menciona dos contratos de asesoría jurídica con ese mismo fondo, de febrero a noviembre de 2024, por $90.000.000 entre los dos. Para esos meses, su hoja de vida declara un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del 27 de febrero al 20 de noviembre de 2024, que el Secop no registra a su nombre. Antes fue contratista de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en 2023 y, de 2012 a 2022, trabajó en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de José Alexander Pinto Bernal para director seccional de la Defensa Civil Colombiana en Casanare. Pinto fue oficial del Ejército de 1994 a 2013 y asesor del Ministerio de Defensa hasta 2016. Desde 2024 declara contratos de seguridad y convivencia con las alcaldías de Monterrey y Aguazul. El Secop le registra desde 2025 cinco más que su hoja de vida no menciona: cuatro con la Alcaldía de Aguazul y uno con la de Monterrey, por $109.550.000 entre todos. Tres de los cuatro de Aguazul coincidieron con contratos de Monterrey que sí declara. El más reciente, con Aguazul y por $10.200.000, empezó el 11 de septiembre de 2026. Tampoco declara dos contratos de 2016 con las alcaldías de Recetor y Yopal, por $12.666.667, que firmó mientras era asesor del Ministerio de Defensa.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Martha Patricia Pinzón Durán para secretaria general y jurídica de Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora del Estado. Pinzón, economista, es desde el 6 de junio de 2024 subdirectora técnica de Recursos Físicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, como dice su perfil en el IDU. Su hoja de vida no menciona un contrato con el Ministerio de Vivienda de 2023 ni otro de 2024, por $120.300.000 entre los dos. El de 2024 corrió hasta el 14 de julio, cinco semanas después de su llegada al IDU. Tampoco declara un contrato de 2020 con la Superintendencia de Servicios Públicos (de ese año declara otro) ni uno de ese año con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por $44.233.325 entre los dos. Con el Ministerio de Vivienda y con la CRA sí declara otros contratos.