22 de septiembre de 2026

En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijo que tiene 25 asesores de $12 millones mensuales que le dejó la exministra Martha Carvajalino: "No los conozco, no los quiero conocer. Y no los necesito", según Semana. Celebró además el recorte del 32 % en el presupuesto del sector, porque cae, dijo, en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio, "donde más se despilfarraron los dineros en estos cuatro años. Eso es una vagabundería". Contó que el 8 de agosto, recién posesionado, tuvo que llegar con la Policía a la Agencia de Desarrollo Rural porque su presidente, César Pachón, "estaba todavía haciendo torcidos ahí". Asegura que así salvó $292.000 millones. Ni los asesores ni las cifras tienen, por ahora, otra fuente que el ministro. Carvajalino ya le había respondido en julio a otras acusaciones suyas: "Los señalamientos infundados no lograrán enlodar la gestión que hicimos de cara al país", escribió, según Infobae.

La Fundación Ifarma, que investiga el acceso a medicamentos, publicó un comunicado y un hilo en X contra el proyecto de ley 177 de 2026, la Ley de Competitividad que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, radicó el 18 de agosto con mensaje de urgencia para reducirles trámites a las empresas, según El Tiempo. Ifarma dice que respalda la simplificación, pero que casi todo lo que propone el proyecto ya existe y que el ICA y el Invima ya lo aplican. Le preocupa lo que plantean sobre el Invima los artículos 11 al 15 y el uso de decisiones de agencias extranjeras como la FDA estadounidense: teme que el proyecto termine "favoreciendo el ingreso de productos importados de alto costo" y que el Invima pierda "capacidad técnica y autonomía para examinar la evidencia". "No se puede llamar 'competitividad' a una reforma que no fortalece la producción nacional ni las capacidades del Estado", escribió. El exsenador Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, lo retomó en X: llamó al proyecto "otro gran error" del Gobierno, que "ya promueve una ley a favor de las trasnacionales y contra la industria nacional, y la de MEDICAMENTOS, que son de vida o muerte".

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa mantuvo suspendido el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, según El Tiempo. Les ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, a los ministerios de Justicia y Defensa y a la Policía no fumigar hasta que demuestren que cumplen los requisitos constitucionales, ambientales, de salud y de participación. El fallo dice que no quedó claro en qué polígonos se fumigaría ni si coinciden con zonas de sustitución voluntaria de cultivos. También señala que la misma Resolución 0006 de 2026 reconoce que no hay un Plan de Manejo Ambiental General para la aspersión aérea y que el Instituto Nacional de Salud no emitió un concepto técnico sobre el piloto. "Resulta aplicable el principio de precaución", escribió el juez, que aclaró que la medida tiene carácter "estrictamente temporal y preventivo". El juzgado resolvió 10 tutelas y el Gobierno todavía puede apelar, según La Silla Vacía.

El alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, contó que cayó en una estafa: alguien que se hizo pasar por senador le prometió un cargamento de ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto y solo le pidió que el municipio pagara el transporte desde Bogotá, según Pulzo. El alcalde pagó. El senador no existía y las ayudas tampoco. El contacto le llegó a través del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, que había caído en el mismo engaño, según Semana. "Da rabia que jueguen con el dolor y la necesidad de la gente en momentos donde no se debiera jugar con la dignidad de uno", dijo Jiménez, que atribuyó el error no a la ingenuidad sino a la desesperación de una alcaldía que busca apoyo en plena crisis.

Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, publicó un video para explicar el radioteléfono que él lleva siempre en la mano derecha, en actos oficiales y hasta en la celebración de Amor y Amistad con su esposa, Ana Lucía Pineda, según Infobae. El partido dice que es un Motorola con tecnología de red trunking que lo conecta con la cúpula militar, con el Ministerio de Defensa e incluso con un pelotón en la mitad de la selva. No es un adorno, asegura. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa han publicado una ficha técnica que permita comprobar el modelo del equipo ni lo que dice el partido, anotan Infobae y Publimetro.

La columnista Adriana Villegas Botero parte de un paro en el Chocó en 1954 para hablar del que, cree, se viene: "Hoy, más que rumores, veo un malestar creciente ante un gobierno que, aunque logró menos del 50 % de los votos, está dedicado a asperjar gasolina". La gasolina, explica en El Espectador, es "hacer de los actos de gobierno una permanente provocación". Luego hace la lista: caminar entre cadáveres, asfixiar a la JEP, suspender los estímulos al sector cultural, anunciar la fuerza pública en las universidades, retirar a Colombia de la coalición por los derechos de las personas LGBTI, volver a fumigar, borrar las palabras "niña" y "campesino" y censurar la información, incluida la del DANE. A eso le suma el malestar por el terremoto, con casi 500.000 damnificados registrados. "A diferencia de García Márquez, yo no incito; solo describo lo que oigo, veo y leo", escribe. La protesta es un derecho, dice, pero le da temor.

El abogado del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, Juan David León, le envió un memorial a la Fiscalía Tercera Especializada contra la Corrupción para asegurarle que su cliente "no tiene contemplado abandonar el territorio nacional", según Caracol Radio. El oficio dice que Roa, "contrario a lo mencionado, no tiene proyecto alguno de viajar al extranjero", pero la nota no cuenta quién dijo lo contrario. Roa tiene dos procesos: uno por la presunta violación de los topes de la campaña Petro Presidente 2022 y otro por la compra del penthouse 901 en El Chicó, por el que ya va a juicio. León le dijo a la emisora que la disposición de su cliente vale para los dos.

El Gobierno le hizo dos pedidos a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, que la Corte avaló en la Sentencia C-264 de 2026 con entrada en vigencia el 1 de abril de 2027. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió abrir un incidente de impacto fiscal (el mecanismo para discutir ante la Corte las consecuencias económicas de un fallo), porque la reforma, calcula Hacienda, exigiría unos $5 billones adicionales, informó Blu Radio. Colpensiones, con la firma de su representante legal, Diego Alejandro Urrego, pidió aplazar la entrada en vigencia un año, hasta el 1 de abril de 2028, porque "el desafío operativo es titánico", según Semana. La Corte no está obligada a aceptar ninguno de los dos.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció en la Comisión Quinta del Senado que el Gobierno declarará una emergencia económica por el fenómeno de El Niño para intervenir la deuda del campo, según Blu Radio: "Queríamos congelarla, pero para poder congelar, el superintendente financiero solicitó una emergencia nacional. La vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes con el presidente y el consejo de ministros". Ese lunes es el 28 de septiembre, según El Colombiano. Con el decreto, la Superintendencia Financiera podría dejar que los bancos congelen durante tres o cuatro meses los pagos de los productores sin reportarlos. El Ministerio, además, reperfilaría a dos años la cartera de siete sectores exportadores (entre ellos flores, café, palma y tilapia), que deben unos $55 billones y venden al exterior unos US$11.000 millones al año. Sería la segunda emergencia económica del gobierno de Abelardo de la Espriella, después de la del terremoto. Por ahora es solo un anuncio: la declaratoria la tienen que aprobar el presidente y el consejo de ministros, anota Infobae.