22 de septiembre de 2026

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó por unanimidad la sanción de $571 millones que la DIAN le impuso a De la Espriella Lawyers, el bufete que Abelardo de la Espriella fundó en 2002 y del que se desvinculó en 2025, por no declarar el IVA de un contrato de $3.000 millones con Saludvida EPS, según El Espectador. El contrato se firmó en noviembre de 2018, cuando Abelardo era parte de la firma y su representante legal era Daniel Peñarredonda. El bufete alegó que la defensa jurídica de la EPS estaba exenta porque se pagó con plata de la UPC, la que el Estado reconoce por cada afiliado, pero el tribunal dijo que el contrato era para defender los intereses de la EPS y sus directivos, no para prestar servicios de salud, y acogió el argumento de la DIAN: hubo un "desconocimiento del derecho por parte de la demandante". Saludvida fue intervenida en 2019 y liquidada. En junio, Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra Abelardo y miembros de su campaña por un presunto desvío de recursos de la salud relacionado con esa EPS; según el diario, la denuncia está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El bufete no le respondió al diario.

Carlos Augusto Suárez Rojas, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella que preside la junta directiva de Ecopetrol desde el 17 de septiembre sin experiencia en el sector petrolero, decidió dejar el Derecho en 2009 y se retiró en 2010, porque ya tenía "libertad económica" y lo que hacía no lo hacía feliz, según reconstruyó Cambio con entrevistas que él dio a Bocas y a Caracol TV. Su meta de estudiante, contó, era tener a los 40 la independencia económica de un magistrado de alta corte. Su último caso como abogado fue la defensa de Salvatore Mancuso, a quien representó durante cinco años después de su desmovilización. Según el mismo relato, su amistad con Abelardo se volvió estrecha cuando tuvo un trombo en el pulmón: lo llamó, Abelardo llegó 10 minutos después, movió a los médicos y le prometió que, si moría, cuidaría a su esposa. Sobre las campañas, Suárez dijo que "no se ganan con la razón" ni "con las propuestas", sino moviendo "emoción, sentimientos".

Solo el 46 % de la capacidad militar del país está disponible para hacer operaciones, según el estudio que presentó en Bogotá la Fundación Ideas para la Paz, con la Fundación Konrad Adenauer y la Embajada de Suiza. En el componente aéreo, el 55,5 % del inventario está fuera de servicio; en el naval y fluvial, el 48,1 %. El rezago acumulado supera los $100 billones (1,13 veces el presupuesto de inversión aprobado para 2026), según una estimación del Ministerio de Defensa durante el empalme que recoge La Silla Vacía. Mientras tanto, las acciones con drones contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025. Javier Flórez, que dirige el área de conflicto y seguridad de la fundación, advierte que los grupos armados innovan más rápido de lo que el Estado puede adaptarse. Es el reto de un presidente, Abelardo de la Espriella, que hizo de la seguridad su bandera.

En la Comisión Séptima del Senado, que la citó para hablar del presupuesto de 2027, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, anunció que los nombres de los programas de la entidad, como Familias y Comunidades, van a cambiar porque "la familia es una", según El Tiempo. El senador Duvalier Sánchez Arango, de la Alianza Verde, le recordó los estudios de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda sobre las muchas formas de familia en Colombia (madres cabeza de hogar, abuelas que crían, padres solos) y terminó cuestionando su calidad como persona, según Semana. Restrepo le contestó que para ella cualquier núcleo es "la familia": "Yo nunca hablé de una familia tradicional. Eso fue usted". En el mismo debate dijo que no venía a pedir plata, porque con los cerca de $11,5 billones asignados le alcanza, según Infobae.

María Corina Machado ha intentado siete veces regresar a Venezuela desde que salió clandestinamente del país en diciembre de 2025, sin conseguirlo, según el diario español ABC, que la acompañó en Panamá en los tres últimos. La lancha que debía zarpar la noche del 21 de septiembre canceló el viaje por una avería en un motor. Después, Aruba no dejó aterrizar el avión que consiguió su equipo, Curaçao tampoco lo autorizó y Bonaire quedó descartada. Para viajar, Panamá le expidió un pasaporte diplomático especial por razones humanitarias, porque Venezuela no le renovó el suyo, vencido hace años. El primer intento, el 26 de junio, fue un avión privado desde Virginia que se devolvió en pleno vuelo después de que la empresa del piloto recibiera "una comunicación estadounidense"; en el segundo, dos días después, no la dejaron subir a un vuelo de Copa desde Panamá tras una advertencia de Venezuela a la aerolínea. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, que quedó al frente del Estado tras la captura de Nicolás Maduro, estaba en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.

En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijo que tiene 25 asesores de $12 millones mensuales que le dejó la exministra Martha Carvajalino: "No los conozco, no los quiero conocer. Y no los necesito", según Semana. Celebró además el recorte del 32 % en el presupuesto del sector, porque cae, dijo, en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio, "donde más se despilfarraron los dineros en estos cuatro años. Eso es una vagabundería". Contó que el 8 de agosto, recién posesionado, tuvo que llegar con la Policía a la Agencia de Desarrollo Rural porque su presidente, César Pachón, "estaba todavía haciendo torcidos ahí". Asegura que así salvó $292.000 millones. Ni los asesores ni las cifras tienen, por ahora, otra fuente que el ministro. Carvajalino ya le había respondido en julio a otras acusaciones suyas: "Los señalamientos infundados no lograrán enlodar la gestión que hicimos de cara al país", escribió, según Infobae.

La Fundación Ifarma, que investiga el acceso a medicamentos, publicó un comunicado y un hilo en X contra el proyecto de ley 177 de 2026, la Ley de Competitividad que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, radicó el 18 de agosto con mensaje de urgencia para reducirles trámites a las empresas, según El Tiempo. Ifarma dice que respalda la simplificación, pero que casi todo lo que propone el proyecto ya existe y que el ICA y el Invima ya lo aplican. Le preocupa lo que plantean sobre el Invima los artículos 11 al 15 y el uso de decisiones de agencias extranjeras como la FDA estadounidense: teme que el proyecto termine "favoreciendo el ingreso de productos importados de alto costo" y que el Invima pierda "capacidad técnica y autonomía para examinar la evidencia". "No se puede llamar 'competitividad' a una reforma que no fortalece la producción nacional ni las capacidades del Estado", escribió. El exsenador Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, lo retomó en X: llamó al proyecto "otro gran error" del Gobierno, que "ya promueve una ley a favor de las trasnacionales y contra la industria nacional, y la de MEDICAMENTOS, que son de vida o muerte".

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa mantuvo suspendido el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, según El Tiempo. Les ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, a los ministerios de Justicia y Defensa y a la Policía no fumigar hasta que demuestren que cumplen los requisitos constitucionales, ambientales, de salud y de participación. El fallo dice que no quedó claro en qué polígonos se fumigaría ni si coinciden con zonas de sustitución voluntaria de cultivos. También señala que la Resolución 0006 de 2026, con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes levantó la prohibición de 2015, reconoce que no hay un Plan de Manejo Ambiental General para la aspersión aérea y que el Instituto Nacional de Salud no emitió un concepto técnico sobre el piloto. "Resulta aplicable el principio de precaución", escribió la jueza, que aclaró que la medida tiene carácter "estrictamente temporal y preventivo". El juzgado resolvió 10 tutelas y el Gobierno todavía puede apelar, según La Silla Vacía.

El alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, contó que cayó en una estafa: alguien que se hizo pasar por senador le prometió un cargamento de ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto y solo le pidió que el municipio pagara el transporte desde Bogotá, según Pulzo. El alcalde pagó. El senador no existía y las ayudas tampoco. El contacto le llegó a través del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, que había caído en el mismo engaño, según Semana. "Da rabia que jueguen con el dolor y la necesidad de la gente en momentos donde no se debiera jugar con la dignidad de uno", dijo Jiménez, que atribuyó el error no a la ingenuidad sino a la desesperación de una alcaldía que busca apoyo en plena crisis.

Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, publicó un video para explicar el radioteléfono que él lleva siempre en la mano derecha, en actos oficiales y hasta en la celebración de Amor y Amistad con su esposa, Ana Lucía Pineda, según Infobae. El partido dice que es un Motorola con tecnología de red trunking que lo conecta con la cúpula militar, con el Ministerio de Defensa e incluso con un pelotón en la mitad de la selva. No es un adorno, asegura. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa han publicado una ficha técnica que permita comprobar el modelo del equipo ni lo que dice el partido, anotan Infobae y Publimetro.