Las 9 entradas que Abelardopedia registró el 30 de octubre de 2026, con enlace a la fuente periodística de cada una. Es un corte del archivo por fecha: lo que se supo ese día, tal como quedó registrado.

Día · 9 entradas.

María Fernanda Cabal: "Convirtieron el Congreso en una casa de lenocinio"

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal escribió en X sobre la denuncia de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien dice que en el gobierno de Gustavo Petro se daban contratos a cambio de sexo: "Convirtieron el Congreso en una casa de lenocinio, pagada por los colombianos. Quienes sabían y callaron también deben responder". No dijo a quién se refería.

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Vane, sobre la Ley de Rescate: Petro "SE GASTÓ LA PLATA EN TRAGO Y PUTAS!"

La tuitera abelardista Vane, que se presenta en X como "Vane de Juanita de Leon", defendió la Ley de Rescate Económico frente a las críticas. Escribió que quienes votaron por Abelardo de la Espriella tienen derecho a cuestionarla, pero no los petristas: "OJALÁ SE PUDIERA SECTORIZAR ESTO Y QUE LO PAGARAN SOLO ELLOS!!". Y siguió, en X: "PETRO NOS ENDEUDÓ COMO NUNCA EN LA HISTORIA Y SE GASTÓ LA PLATA EN TRAGO Y PUTAS!".

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Adriana Martínez quiere que la fuerza pública "los neutralice": "zurdos HIJUEPUTAS"

La tuitera abelardista Adriana Martínez escribió en X: "Que intenten quemar el país zurdos HIJUEPUTAS. Me muero de las ganas para que el ESMAD recargado los ponga a chupar gas, les dé bolillo, y la fuerza pública los neutralice". Y cerró: "Les repito criminales malparidos: Abelardo no es Duque". Horas antes, sobre la llegada de militares de Estados Unidos a Tolemaida, había escrito: "Que nos enseñen a apuntar mejor con los drones los campamentos guerrilleros para que no quede nadie". El 29 de octubre, sobre el contrato que terminó el Ministerio de Cultura, dijo que ese ministerio "era dirigido por una mariposa amarilla de Petro", sin decir a quién se refería. Cuentas abelardistas llaman así, sin pruebas, a las mujeres que habrían recibido contratos a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro.

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El Centro Democrático rechaza los impuestos de la Ley de Rescate y Uribe cita a la bancada

El Centro Democrático, partido de gobierno, salió a rechazar los impuestos de la Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque apoya los recortes del gasto, como cuenta El Espectador. El presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, de ese partido, dijo: "Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe". El director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, dijo que los colombianos esperan de la bancada "una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos". La senadora María Clara Posada escribió en X: "No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media". En la misma red dijeron lo mismo Daniel Briceño ("Sobre los impuestos a la clase media no pienso apoyarlos"), Carol Borda ("Mi rotundo no al aumento de impuestos"), Pedro Alejandro Murcia Lamprea ("Más impuestos, no") y Rafael Nieto Loaiza ("El ajuste lo debe hacer el Estado, no la clase media"). Álvaro Uribe Vélez citó a la bancada el 5 de noviembre para examinar "modificaciones, supresiones o adiciones" al proyecto. Fuentes del Capitolio le dijeron a El Espectador que no hay ambiente para aprobar la ley como la presentó el Gobierno.

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente, escribió que "La propuesta de incrementar impuestos es de Salvación Nacional, no es del Centro Democrático". Salvación Nacional es el partido de Enrique Gómez Martínez, hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, como cuenta Infobae. Gustavo Petro le respondió: "Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia".

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Una exejecutiva de "Semana" aspira a asesora del DPS que dirige Sandra Suárez

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Paola Gómez Aguado, comunicadora social y periodista, para asesora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que dirige Sandra Suárez Pérez. Gómez declara que fue ejecutiva comercial del Grupo de Publicaciones Semana de enero de 2017 a diciembre de 2018 (hoja de vida). Suárez fue la gerente general de la empresa desde agosto de 2016, como contó La República al anunciar su llegada. Dejó la gerencia en diciembre de 2023, cuando la empresa le agradeció "más de siete años como gerente general de Semana", como recogió el mismo diario. Después de Semana, Gómez trabajó en la agencia Iddea Comunicaciones, dirigió los foros de La República y fue directora de alianzas de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar hasta septiembre de 2026. Dos exdirectivos de Semana aspiraron antes al DPS: Carol Angélica Ramírez Espejo, en septiembre, y Jorge Humberto Serna Botero, en octubre. Felipe López Villamil, ingeniero industrial, aspira también a asesor del DPS. Declara cargos en la ESAP, Provecom, la Universidad de los Andes y Sodimac (hoja de vida). Juan David Cerviño Márquez, politólogo, aspira a asesor de la Superintendencia Financiera. Fue director administrativo de la consultora Consga de 2022 a 2024 y contratista del IDPAC de Bogotá en 2018 y 2019 (hoja de vida).

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By Viral 24 dice que publicará "uno a uno" a quienes se opongan a reducir el Estado

La cuenta abelardista By Viral 24, que se presenta como medio, escribió en X: "Publicaremos uno a uno los congresistas que se opongan a la reducción del estado!". Lo escribió el día en que congresistas del Centro Democrático, partido de gobierno, anunciaron que no votarán los impuestos de la Ley de Rescate Económico, aunque apoyan los recortes. No nombró a ningún congresista ni la ley. Horas después llamó a ese partido "del Lado de los CRIMINALES" y escribió que el senador Rafael Nieto Loaiza se opone al proyecto que cierra la JEP.

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Un tribunal ordena levantar la intervención de Coosalud y devolverla a sus directivos

El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, ordenó levantar la intervención de la EPS Coosalud y devolvérsela a sus directivos, Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, como cuenta El Heraldo. La Superintendencia Nacional de Salud la había intervenido en el gobierno de Gustavo Petro. El magistrado lo decidió como medida cautelar dentro de una acción popular. Se basó en informes de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo que muestran que los problemas financieros, administrativos y de atención de la EPS siguieron o empeoraron. El fallo dice que "el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios". La Procuraduría encontró además que la intervención no había logrado lo que buscaba.

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La JEP imputa al general (r) Mario Montoya por la Operación Orión y La Escombrera

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe y a otros 11 exuniformados por la Comuna 13 de Medellín, entre 2001 y 2004, como cuenta El Espectador. Montoya comandó la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia y dirigió la Operación Orión. Las víctimas son 891 y los cuerpos de al menos 87 fueron enterrados a escondidas en La Escombrera y La Arenera. La JEP concluyó que la Fuerza Pública se alió con el Bloque Cacique Nutibara para "expulsar de la Comuna 13 y zonas aledañas de Medellín al 'enemigo común'". Por su responsabilidad de mando también imputó al coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, al brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al coronel (r) Álvaro Botero Mejía. Como coautores imputó al coronel (r) Juan Armando René Cadena Montenegro, al capitán (r) Carlos Mauricio Rojas Martínez y a los coroneles (r) Julián Ernesto Cadena Castillo y Darío Enrique Cortés Castillo. También imputó al mayor (r) Sergio Enrique Pérez García, al sargento (r) Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa y al mayor (r) Jhon Jairo López Valencia. También compulsó copias para que se investigue al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez. Montoya fue comandante del Ejército en los dos últimos años del gobierno de Álvaro Uribe. Si los imputados no aceptan los cargos, irán a juicio, donde arriesgan 20 años de cárcel, como cuenta Semana.

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Un juez manda a la cárcel a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero, y ordenó que vaya a la cárcel, como cuenta El Espectador. El juez consideró que desde su casa podría influir en los testigos del caso y lo llamó "peligro futuro para la comunidad", como cuenta Noticias RCN. La Fiscalía lo acusa de haber dirigido, cuando su hermano era alcalde, contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones. De esa plata se habrían desviado más de $2.400 millones en comisiones y la Fiscalía le atribuye a él la apropiación de $1.387 millones. La Fiscalía lo imputó por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, y aclara que no firmó ningún contrato. El 2 de octubre, un juez de garantías le había dado casa por cárcel y la Fiscalía y el Área Metropolitana apelaron.

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