11 de noviembre de 2026

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, que preside Pablo Bustos, denunció ante la Fiscalía y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la venta del lote de Sabaneta (Antioquia) donde se construyó el DaviArena. Es el escenario de conciertos que se inauguró el 14 de noviembre. Como cuenta Cambio, la Sociedad de Activos Especiales lo había arrendado a CLK Venues por 30 años, con una inversión de $85.801 millones que debía quedar para el Estado. En diciembre de 2024 se lo adjudicó a CLK Venues y Ticket Fast por $51.510 millones, que la denuncia calcula en $12.739 millones por debajo de su propio avalúo. La venta, dice, habría puesto fin al arriendo y a esa obligación. La denuncia pide investigar si hubo intermediación de Andrés Felipe Sarabia Torres, a quien vincula con una firma relacionada con el expresidente de la SAE Andrés Alberto Ávila Ávila. La denuncia aclara que eso es un motivo para indagar y no una prueba. Pide revisar también qué hizo su hermana, Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, en la junta directiva de la SAE del 16 de diciembre de 2024. La entonces presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, habría cuestionado su presencia en la junta. Y pide examinar las decisiones del senador Santiago Montoya Montoya cuando era alcalde de Sabaneta. El Colombiano añade que la denuncia nombra al expresidente de la SAE Daniel Rojas Medellín, al alcalde de Sabaneta, Alder Cruz Ocampo, y al secretario de Planeación, Javier Humberto Vega. Montoya le dijo a ese periódico que nada se movió "de manera soterrada" y que el municipio solo revisó que el proyecto cumpliera los requisitos.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Wilson Mauricio Celeita Caro para subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es ingeniero civil, con especialización y maestría en gerencia de proyectos. Declara 15 años y siete meses en el sector privado y ninguno como servidor público. Ha dirigido obras de consorcios: el Consorcio Constructor Cemar Caribe, en Cartagena, de 2022 a 2025, y el Consorcio CC Carepa, en Valencia (Córdoba), desde 2020. Antes trabajó en los consorcios MM Constructores y CM, en Medellín, y en la Corporación Interactuar. Desde abril de 2026 es director de proyectos de Fardos S. A. S. E. S. P., en Medellín. El Secop II no le registra contratos a su nombre ni a nombre de los consorcios Cemar Caribe, CC Carepa y MM Constructores.

La magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abrió indagación previa contra dos excongresistas de Comunes, Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, alias Marcos Calarcá. Hay señalamientos contra ellos por una supuesta participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, cuenta El Espectador. La decisión salió de una compulsa de copias que la Fiscalía envió el 20 de octubre. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, había dicho en octubre que la orden de matarlo "salió del Congreso" y había mencionado a Albán. El ministro de Justicia, Iván Cancino, le pidió a la Fiscalía evaluar si Albán tuvo relación con el atentado. Albán, Ramírez y otros excongresistas de Comunes habían rechazado en X, el 14 de octubre, los señalamientos de Tarazona.

En una carta al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Andrés Zuluaga, la Contraloría detalló tres observaciones de su auditoría financiera de la vigencia 2025, sobre hechos del gobierno de Gustavo Petro, reveló El Tiempo. La más grave es la de un sistema de identificación biométrica que la DNI le pagó completo a Protactics en enero de 2023, por $580 millones. La Dirección de Inteligencia Estratégica, que debía usarlo, informó que nunca funcionó en las pruebas. La Contraloría ve ahí un posible daño patrimonial por esa suma. Las otras dos observaciones son sobre los diseños del edificio de la sede de la DNI en Funza y sobre un sistema de contrainteligencia de $1.155 millones, contratado en noviembre de 2025, que no estaba terminado ni en operación. El 14, Semana contó que la Contraloría también cuestiona dos contratos de 2023. Uno es un sistema para interceptar comunicaciones de radio, que la DNI "recibió y pagó" sin comprobar del todo su funcionamiento. El otro, un dron que la DNI habría pagado sin pruebas de funcionamiento y que, de acuerdo con versiones que se investigan, habría sido derribado en el Catatumbo.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible, por siete votos contra uno, la emergencia económica que decretó Abelardo de la Espriella el 19 de agosto por el terremoto del 10 de agosto, contó La Silla Vacía. La plata no podrá usarse en gastos que no tengan que ver con el terremoto ni para financiar el déficit fiscal. Tampoco podrá usarse para atender problemas anteriores, como los de las cárceles, cuenta El Tiempo. Las medidas solo cobijan a los municipios con daños reportados por la UNGRD o a los que demuestren una afectación concreta. El Ministerio de Hacienda tiene 20 días hábiles para recalcular el costo de la emergencia. La Corte le pidió además a Abelardo que adopte un plan de recuperación con los recursos planeados a varios años. El ponente fue el magistrado Juan Carlos Cortés González. De esa emergencia salieron los 11 decretos que crearon, entre otras cosas, el Fondo Milagro.

Casi 100 días después de la posesión, el "milagro" que Abelardo de la Espriella prometió para la salud no llega, analiza La Silla Vacía. En febrero, en campaña, había dicho: "Con 10 billones de pesos yo puedo estabilizar el sistema en los primeros 90 días". El plan de choque que anunció el 21 de septiembre son $500.000 millones en créditos de la Adres que las EPS tienen que devolver. Al 6 de noviembre no se había "girado el primero peso", dijo la viceministra Marcela Brun Vergara. La ministra Ana María Vesga pidió casi $14 billones más para 2027 y consiguió $2 billones. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, promete casi $30 billones para la salud en cuatro años con la ley de rescate. Pero la exposición de motivos dice que lo que recauden el recorte a la exoneración de los empleadores y el aumento de la cotización de los trabajadores reducirá en la misma medida el aporte de la Nación, señala el portal. Prestadores, EPS y pacientes sí le reconocen al Ministerio haber recuperado el diálogo.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cinco hojas de vida más. Luisa Fernanda Chávez Pardo, contadora especialista en revisoría fiscal y auditoría forense, aspira a jefa de Control Interno de Previsora Seguros (hoja de vida). Fue auditora de Ernst & Young y asesora comercial de la firma ARC Software. Briyith Arcelia Ruiz Polanía, contadora con maestría en aseguramiento y auditoría, aspira a jefa de oficina de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) (hoja de vida). Fue auditora sénior de Ernst & Young. Angélica Johanna Guzmán Rodríguez, que fue auditora de Ernst & Young de 2013 a 2016 y trabaja desde 2022 en el área de cumplimiento de Colmédica, aspira a asesora de la Unidad de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (hoja de vida). Karla Andreina Gamboa Maldonado, contadora y auditora de KPMG y de la aseguradora BMI, aspira a jefa de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar (hoja de vida). Juan David Urrego Bernal, politólogo con maestría en políticas públicas y contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de 2021 a 2026, aspira a asesor de la Presidencia (hoja de vida).

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Andrés Puyo Mesa para presidente del Banco Agrario de Colombia. 360 Radio contó el 4 de noviembre que ya estaba designado, después de que se cayera el nombramiento de la exrepresentante Ana María Rincón Herrera. Abelardo de la Espriella había anunciado el nombramiento de Rincón el 1 de agosto. Puyo aspira al puesto que dejó Hernando Chica Zuccardi, quien renunció el 7 de agosto, como cuenta la misma emisora. Es administrador de negocios con especialización en negocios internacionales. Declara toda su carrera en Bancolombia, desde estudiante en práctica en 1992 hasta gerente de zona en Barranquilla, del 6 de marzo de 1998 al 18 de enero de 2026.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cinco hojas de vida para la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). Catalina Montoya Villegas, profesional en gerencia y asuntos públicos, aspira a profesional aeronáutica en la Dirección General (hoja de vida). Declara contratos con el despacho del ministro de Ambiente de 2021 a 2025 y trabajos en el Senado y en la Alta Consejería para Asuntos Políticos de la Presidencia. No declara dos contratos que muestra el Secop. Uno es con el Ministerio de Ambiente, firmado el 6 de enero de 2026 por $130.166.667 y vigente hasta el 31 de diciembre (Secop). El otro es con la Dirección de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, de octubre a diciembre de 2025, por $25.866.667 (Secop). Montoya firmó la hoja de vida el 31 de agosto, con el contrato de Ambiente en curso. María Juliana González Amorocho, contadora, aspira a asesora aeronáutica (hoja de vida). Declara un contrato con la Alcaldía de Barrancabermeja, de mayo de 2021, pero el Secop le muestra otros tres con esa alcaldía. Son de septiembre de 2021, por $9.900.000 (Secop); de enero de 2022, por $14.000.000 (Secop), y de noviembre de 2023, por $3.750.000 (Secop). Adriana del Pilar Tapiero Cáceres, abogada que fue superintendenta delegada adjunta de Transporte y asesora jurídica de la Aerocivil de 2015 a 2017, aspira a directora de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales (hoja de vida). Nelson Enrique Pulido Martínez, oficial de la Fuerza Aeroespacial que fue director de Armamento, aspira a jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos (hoja de vida). Walter Ovidio Castellanos Martínez aspira a gerente del aeropuerto de Guaymaral (hoja de vida). Declara 24 años en el sector privado, en la banca y como director administrativo de una empresa de eventos, pero ninguno en aviación.

Una tuitera escribió que Gustavo Petro, aunque ya no es presidente, "aún marca la agenda de lo que se habla en el país". La tuitera abelardista Russy Millán le respondió en X: "Luis Alfredo Garavito también la marcó en su momento, cuando lo descubrieron secuestrando, violando y asesinando a un niño en Villavicencio". Una hora después citó un trino de 2019 de Héctor Abad Faciolince sobre un cable de Wikileaks. Abad escribió que en ese cable Petro le reconoce al embajador de Estados Unidos que tiene "orden de alejamiento" de su exesposa, Mary Luz Herrán. Millán escribió en X: "¿Petro abusó de su exesposa? ¿Hay historial de abuso en la familia Petro? Con lo que hoy sabemos no sería sorpresa".