Después de un consejo de ministros de unas seis horas, y justo antes de que el terremoto cumpliera un mes, Abelardo de la Espriella firmó 11 decretos de la emergencia económica. El principal, el 1379, crea el Fondo Milagro: un patrimonio autónomo que administra el Ministerio de Hacienda por medio de una fiducia pública, con recursos inembargables que pueden venir del presupuesto, de créditos, de donaciones, de la cooperación internacional o de los propios municipios. Puede financiar desde asistencia humanitaria hasta vivienda y reposición de hospitales, colegios, vías y acueductos. La plata no se traslada por anticipado a la fiduciaria: se queda en la Cuenta Única Nacional y se gira al beneficiario final cuando se acredite el cumplimiento del contrato.
Quién manda en ese fondo está escrito en el decreto: un consejo directivo de ocho miembros, cinco de ellos designados por el presidente, más delegados de Planeación, Hacienda y la unidad de riesgo, y un gerente que también escoge el presidente. Como contrapeso, el decreto ordena una auditoría independiente a cargo de una firma internacional, que no reemplaza a la Contraloría. El resto del paquete reparte alivios: los municipios afectados podrán mover rentas que tenían destinación fija, endeudarse con reglas más flexibles y comprometer vigencias futuras en año electoral; se amplía Obras por Impuestos a todos los municipios de la emergencia, reservando al menos el 35 % del cupo para los de categorías quinta y sexta; se autoriza dar clases en espacios alternos y mover el calendario escolar; y el DANE queda habilitado para compartir con otras entidades datos que la reserva estadística protege. Otro de los decretos, el 1381, deja que cualquier alcaldía o gobernación del país financie obras de reconstrucción en territorios que no son el suyo, y la razón está en una cifra que reporta El Colombiano: los municipios que no sufrieron el terremoto guardaban $924.000 millones en sus fondos de desastres, mientras los que quedaron destruidos tenían $605 millones en promedio. Un dato de contexto que aporta La Silla Vacía: en su primer mes, el presidente firmó 163 decretos, la cifra más alta en 24 años, pero 157 eran nombramientos y solo seis respondían al desastre.
El País agrega el resto del paquete y un par de datos que faltaban. El Fondo Milagro no tiene fecha de cierre —dura “lo necesario” para terminar la reconstrucción— y su gerente será el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo. Un decreto libera recursos del Fondes para que las empresas de servicios públicos restablezcan las redes eléctricas donde cerca de 1,5 millones de usuarios han tenido fallas, con un solo desembolso y sin que pueda girarse nada después de que termine la situación de desastre: las prórrogas suman máximo 90 días y vencen el 17 de noviembre, contados desde la emergencia declarada el 19 de agosto. Otro les permite a alcaldías y gobernaciones de las zonas golpeadas titularizar hasta el 10 % de sus flujos futuros de recaudo, endeudarse hasta el 100 % de sus ingresos corrientes y comprometer rentas de 2026 y 2027, con fecha límite el 31 de diciembre de 2027 y con la condición de no usar esa plata en problemas anteriores al sismo. Un quinto decreto los autoriza, “por una única vez”, a echar mano del Fonpet —la bolsa con la que pagan pensiones— y de los excedentes del sector salud para recuperar hospitales y clínicas. Los departamentos cubiertos son dieciséis: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá.