De los once decretos de la emergencia, el 1383 del 9 de septiembre es el que toca una bolsa que no era para esto: el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, el Fonpet, que existe para respaldar el pasivo pensional de alcaldías y gobernaciones y que administra más de $60 billones (de los cuales unos $37 billones los maneja directamente el Tesoro Nacional desde 2024, sobre todo en títulos de deuda pública). El decreto reabre "por una única vez" los plazos: los municipios y departamentos afectados tendrán 30 días hábiles para presentar o corregir requisitos y 45 para pedir el retiro de los recursos. La lógica es que el Fonpet cubra la nómina de pensionados y así los ingresos propios de cada entidad queden libres para atender los daños.
Cuidado porque hay un segundo uso: durante 2026 los municipios afectados podrán destinar excedentes del sector salud a reconstruir la red pública de hospitales y centros de salud, de los cuales 404, en 185 entidades territoriales, quedaron dañados. El Ministerio de Salud dará el concepto de viabilidad. El Gobierno insiste en que no se baja el requisito de cobertura del pasivo pensional y en que la plata solo puede ir a la emergencia: Abelardo de la Espriella dijo que "son recursos que podrán convertirse en capacidad de respuesta en los territorios (…) sin perder de vista la responsabilidad fiscal". La discusión que queda abierta no es cuánta plata sale, sino si sacarla no termina afectando la sostenibilidad del sistema pensional de los municipios. La emergencia cubre 495 municipios de 16 departamentos, que presupuestaron para 2026 recursos por $982.846 millones.