6 de noviembre de 2026

El CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar capturaron en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas de 36 años. Oyola entró a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en febrero de 2024, en el gobierno de Gustavo Petro. La orden de captura llevaba seis meses firmada y, mientras tanto, él siguió figurando como funcionario de la agencia, con incapacidades médicas que los investigadores creen falsas, como cuenta Cambio. La Fiscalía lo acusa de entrar a los sistemas de la UNAD para cambiar sus calificaciones: le atribuye 41 cursos con notas que no cuadran y más de $35 millones en matrículas sin soporte. Así habría sacado el título de ingeniero y una especialización. La Fiscalía lo procesa por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal, y él no aceptó los cargos, informó El Colombiano. La otra acusación sale de la propia DNI y no tiene imputación conocida. Una anotación interna de la agencia, revelada por Noticias Caracol, dice que Oyola "lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio". Nada público muestra un ataque, dice Cambio, y el registrador Hernán Penagos dijo el 22 de junio que no tenía indicios de una vulneración. Iván Cepeda llamó "sin sustento probatorio" la acusación contra Oyola. En la DNI, Oyola trabajó en la segunda versión del sistema donde se registran las misiones de inteligencia, que nunca quedó lista. Antes había pasado por la unidad de trabajo legislativo del entonces senador liberal Rodrigo Villalba Mosquera, por dos contratos con la Contraloría y por el Fondo Colombia en Paz. La excandidata Paloma Valencia pidió que la reconozcan como víctima en el caso de la DNI, cuenta El Espectador.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció en la Cumbre Cafetera de Asoexport que, por orden de Abelardo de la Espriella, todas las entidades del Estado consumirán solo café colombiano, como cuenta El Colombiano. Dangond dijo: "En el Ministerio ya no se toma sino café de Colombia". El Gobierno también evaluará incluirlo en el Programa de Alimentación Escolar. El ministerio anunció en X, además, una subvención del 30 % del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para pequeños productores. Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, calculó que con algo así Colombia necesitaría 5 millones de sacos más al año. Una ley de 2025, la 2504, ya les ordenaba a las entidades públicas que, cuando compren café, prioricen a los pequeños productores, y le pedía al Estado fomentar el café en los programas de alimentación.

La periodista Darcy Quinn le preguntó en X a Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Gustavo Petro, si sabía que "le estaban pagando a la señora prestar su residencia para fiestas y encuentros sexuales" con la notaría 44 de Bogotá, que él le "adjudicó" a Diana Torres Sánchez. No mostró ninguna prueba. Cuervo le contestó que su función había sido "consolidar una situación jurídica definida por la @Supernotariado" y tomarse una foto. Después publicó los dos decretos. A Torres la nombró en encargo la ministra Ángela María Buitrago, con el Decreto 219 de 2025, y en interinidad el ministro encargado Andrés Idárraga Franco, con el Decreto 0069 del 27 de enero de 2026. Cuervo la posesionó el 16 de febrero de 2026, como cuenta Infobae. Torres negó esa versión, recoge el mismo medio, que no dice dónde lo dijo. Contó que Petro, a quien conoció por su hermano, la visitaba a veces como amigo. Añadió que lo que tiene lo ha ganado con estudio y con trabajo. El abogado de Petro, Alejandro Carranza, reconoció que Petro iba a Quinta Paredes, el barrio de la notaría, aunque por un familiar que vivía allí. Antes de ser notaria, Torres tuvo cuatro contratos de asesoría jurídica con la Presidencia, de noviembre de 2022 a agosto de 2024, por $372,8 millones, como muestran los datos abiertos del Secop. La acusación de Quinn "debe entenderse como una denuncia pública y no como un hecho probado", anota El País de Cali. By Viral 24 la dio por cierta e Impacto 24/7 la repitió con el título "NOTARÍA DEL BOMBILLO ROJO".

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, le envió al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, una carta con reparos al borrador de decreto sobre los muertos en operaciones de la Fuerza Pública, como cuenta El Espectador. Hizo cinco recomendaciones. La principal: que el cuerpo no se mande de forma automática a la sede más cercana, porque eso podría afectar "la integralidad del examen, la conservación de los cuerpos y elementos asociados", y que el lugar de la necropsia se decida con el instituto. Pidió que se aclare que la Fuerza Pública tampoco puede mover el cuerpo, "salvo necesidad humanitaria, riesgo inminente o instrucción de la autoridad competente". Advirtió además que el plazo de 36 horas para el informe de la Policía Judicial no sirve para medir una necropsia. Medicina Legal respaldó que exista un decreto así, recoge Semana.

La Clínica Foscal, de Floridablanca, Santander, le envió un llamado de urgencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Le deben cerca de $600.000 millones y el 90 % es de la Nueva EPS y del Fomag, el fondo de salud de los maestros, como cuenta El Espectador. El comunicado lo firmó Jorge Ricardo León Franco, director general de la Organización Foscal. Dice que si no le pagan a tiempo estudiaría cerrar sus servicios de forma progresiva, aunque aclara que no quiere suspender la atención ni los tratamientos. A la clínica le cuesta pagar los salarios, los proveedores, los medicamentos y los insumos: "Esta situación ha afectado directamente nuestro flujo de caja e impedido el cumplimiento oportuno de obligaciones esenciales para el funcionamiento institucional". Cada año atiende cerca de 664.000 consultas y 21.000 cirugías. La carta es del 6 de noviembre, iba dirigida también a los ministros de Salud y de Educación y pide una reunión de alto nivel, cuenta Caracol Radio. Hasta el 7 de noviembre no se conocía respuesta de la Nueva EPS ni del Fomag, anota Semana. Carol Borda, de Salvación Nacional, escribió en X: "Que el debate de la inmoralidad y misoginia de Petro no nos haga olvidar que la clínica más grande del oriente podría cerrar gracias a él".

El Juzgado 131 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó publicar los edictos para emplazar a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia investigados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, como cuenta Blu Radio. Cuatro son Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, y Géner García Molina, alias Jhon 40. Los otros tres son Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo. La fiscal Elsa Reyes explicó que los buscaron en bases de datos de bancos, EPS y empresas de celulares sin encontrarlos, y que "aparentemente se encontrarían en zonas rurales de frontera o aún en otros países como Venezuela". Si no se presentan, la Fiscalía pedirá declararlos personas ausentes y juzgarlos así, como reos ausentes, anota Semana, que dice que más de un año después del crimen no han podido imputarlos.

Abelardo de la Espriella anunció seis embajadores de la carrera diplomática, como cuenta El Espectador: Patricia Cortés Ortiz en Polonia, Assad José Jater Peña en Jamaica y Howell Ricardo Quimbaya Morales en Trinidad y Tobago. También designó a Samira Silva Younes en Egipto, a Claudia Patricia Granados en Dinamarca y a María Ximena Espitia en Suecia. Ratificó a otros cuatro: Camila Polo en Vietnam, Carlos Arturo Morales en Canadá, Ruth Mery Cano en Finlandia y Yadir Salazar en Alemania. Dijo que "participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular". La Asociación Diplomática y Consular (Asodiplo) les había pedido a sus colegas "abstenerse de postularse", por considerarlo "un procedimiento ajeno al estatuto de Carrera". Hasta ahora, los embajadores que había nombrado Abelardo venían de la política tradicional y del sector empresarial. Unidiplo había dicho, al abrirse el proceso, que el 7 de agosto eran de carrera el 35 % y ahora, el 30 %. Tras el anuncio, saludó en X la decisión y valoró que las designaciones "reflejen avances en materia de paridad de género".

El informe de la agencia ORZA que recoge El Espectador compara los primeros 90 días de Abelardo de la Espriella con los de sus antecesores. Su partido tiene cuatro senadores y depende de una coalición de 10: se declararon a favor del Gobierno 63 de 103 senadores y 123 de 182 representantes. Son el 61 % del Senado, frente al 72 % de Gustavo Petro, el 73,5 % de Juan Manuel Santos y el 45 % de Iván Duque. En aprobación, las cifras de AtlasIntel le dan 51,8 % en su primer mes y 48,7 % cerca de los 100 días; Petro tenía 49,7 % y Duque, 27,2 %. La nota advierte que son encuestadoras distintas y que deben compararse con atención. Las agendas regulatorias para 2027 muestran que 23 entidades alistan 517 proyectos de decreto. De ellos, 148 crean o modifican trámites y 141 son del Ministerio de Salud. También cuenta el terremoto, a los tres días de posesionarse: 304 muertos, 11 decretos de emergencia y 16 departamentos.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, acusó en X a Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, y a Wilmer Yair Castellanos Hernández, excongresista, de usar "el contratadero Tierra Sua en Boyacá para saltarse las normas de contratación". Publicó un audio del diputado John Álex López, que transcribe Semana. Ahí López dice que una persona estaba a punto de ser contratada en la empresa, "un fondo mixto", pero que la Corte Suprema frenó esa figura. "Se trancó todo el proceso, no la plata, eso no se va a perder", agrega, y dice que esos recursos irán a "gente cercana a la región".

John Ernesto Carrero Villamil, gerente de TierraSua, le dijo a Caracol Radio que la empresa nació en 2019, opera la maquinaria del departamento y no se va a liquidar, aunque esa nota no menciona la denuncia. Ni Amaya ni López han respondido a la acusación en las notas publicadas.

Felipe Zuleta Lleras dijo en Instagram, el 5 de noviembre, que vio pruebas de un laboratorio en Europa "en donde se constata que le dieron dos tipos de veneno funcionarios de las entidades donde ella trabajó", refiriéndose a Angie Rodríguez, como cuenta Infobae. Varias cuentas lo dieron por hecho. By Viral 24 escribió en X que "el entonces gobierno Petro intentó envenenar a Angie Rodríguez". Santiago Vélez Posada escribió: "Trataron de envenenar a Angie Rodríguez". Vicky Dávila y María Fernanda Cabal también lo difundieron, y Cabal con un "Si la denuncia es cierta".

Gustavo Petro respondió en X: "Este documento ni es chat mio, ni es prueba de un envenamiento contra Angie". Anunció una demanda civil y penal contra Noticias Caracol, que mostró el examen. Escribió que las sustancias del examen son de medicamentos y que el documento "demuestra el porqué de la conducta de Angie", sin mostrar nada que diga que ella los toma. Y agregó que debe ser protegida "y no por gorilas de Abelardo". El toxicólogo Miguel Tolosa le dijo a ese noticiero que esas sustancias "pueden generar efectos tóxicos", pero tienen "un margen terapéutico muy alto", recoge Infobae. No hay ninguna conclusión judicial de que la hayan envenenado, ni de quién lo habría hecho, anota Colombia.com.