6 de noviembre de 2026

La Presidencia publicó en su página de aspirantes las hojas de vida de dos exfuncionarias de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez para el Ministerio del Interior. María Eugenia Carreño Gómez, abogada, aspira a viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos (hoja de vida). Declara 28 años y tres meses como servidora pública. Trabajó en el Consejo de Estado desde 1993 y en la Procuraduría de 2009 a 2017. Fue magistrada del Tribunal Administrativo de Santander de febrero de 2024 al 16 de julio de 2026. Vanguardia contó el 3 de noviembre que en ese tribunal anuló en primera instancia la elección del alcalde de Piedecuesta, decisión que el Consejo de Estado no mantuvo. La hoja de vida no menciona dos contratos que el Secop registra a su documento. Uno es con las Unidades Tecnológicas de Santander, firmado el 8 de octubre de 2026, hasta el 24 de diciembre, por $22.800.000, para asesorar la liquidación de contratos interadministrativos. El Secop ya lo marca como terminado. El otro es con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, firmado en enero de 2018, por $83.200.000: la hoja no trae nada entre enero de 2017 y enero de 2019. María Lorena Cuéllar Cruz, abogada, aspira a secretaria general (hoja de vida). El Espectador da por hecho que llegará a ese cargo y cuenta que fue secretaria general de la Procuraduría de 2013 a 2015. Declara dos contratos a la vez en 2026: con la Secretaría Jurídica Distrital, de enero al 12 de octubre, y con el IDU, de enero al 6 de noviembre. Cambio había informado que el del IDU, por $158.928.000, terminaría el 18 de diciembre, no el 6 de noviembre. Su hoja de vida no menciona un contrato de 2018 con la Escuela Taller de Cartagena, por $14.700.000, para capacitar en contratación pública.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de María del Rosario de Silvestri Noguera, abogada, para directora territorial de Magdalena del Ministerio de Transporte (hoja de vida). Declara que trabajó en Enterritorio hasta junio de 2023, en el Ministerio de Agricultura de 2016 a 2018, en la Agencia Nacional de Infraestructura en 2013 y en Fenoco, la concesión del ferrocarril del norte, desde 2010. No declara nada después de junio de 2023. Tampoco menciona seis contratos que el Secop registra a su documento, por $179.500.000. Cinco son con la Alcaldía de Santa Marta, para la gerencia de infraestructura. Dos son de 2024: de marzo a julio, por $25.000.000, y de septiembre a diciembre, por $20.000.000. Dos son de 2025: de abril a julio, por $20.000.000, y de octubre a diciembre, por $15.000.000. El quinto va de enero a junio de 2026, por $27.500.000. El sexto es con el Invías, de enero a septiembre de 2022, por $72.000.000. Corrió a la vez que el de Enterritorio de ese año, que sí declara.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes tres hojas de vida más para direcciones territoriales del Ministerio de Transporte. Miguel Ángel Choles Murillo, abogado, aspira a la de La Guajira (hoja de vida). Declara que fue director del Departamento de Tránsito de la Gobernación de La Guajira de 2022 a 2023, asesor del Instituto de Tránsito de Maicao y director de oficina de la Alcaldía de Maicao de 2014 a 2016. También fue asesor jurídico de empresas privadas de esa región, como Drocolsa. Jahir Andrés Hernández Morera, economista, aspira a la de Cundinamarca (hoja de vida). Declara que fue gerente en la Gobernación de Cundinamarca desde 2012 y secretario de despacho desde octubre de 2022. Hoy es contratista del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, con un contrato vigente hasta el 25 de noviembre, por $90.000.000, que sí declara. Liseth Carolina Zúñiga Valera, abogada y administradora pública, aspira a la del Cesar (hoja de vida). Declara contratos con el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar de 2018 a 2024 y antes trabajó en la Rama Judicial. Su experiencia termina en diciembre de 2024.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes dos hojas de vida más para Positiva Compañía de Seguros, que preside Julio César Aldana. Andrés Felipe Caicedo De Castro, administrador de empresas especializado en finanzas, aspira a vicepresidente financiero y administrativo (hoja de vida). En octubre, María del Rosario Hernández Sierra aspiró a esa vicepresidencia y en noviembre apareció para gerente de tesorería. Caicedo declara que hasta el 2 de octubre trabajó en BTG Pactual, en Barranquilla. De 2021 a 2026 fue gerente general de Jorge Guarín O & Cía e Inversiones Hermanos Guarín García, y antes trabajó en Banco Serfinanza y Gases del Caribe. Pierre Alexander Rosado Gutiérrez, ingeniero de sistemas con una maestría en matemáticas, aspira a jefe de oficina (hoja de vida). Declara que es consultor independiente en inteligencia artificial y datos, en Barranquilla. Antes fue ingeniero de datos de Ceon Labs, en Estados Unidos, y gerente de Comercio Social. Los dos declaran cero años como servidores públicos y el Secop no les registra contratos.

Con 20 decretos firmados el mismo día, Abelardo de la Espriella nombró a 20 jefes de control interno, el cargo que vigila por dentro a cada entidad. En las entidades nacionales lo designa el presidente, como dice el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. Los 20 tenían su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia desde octubre. Catorce declaran en su hoja de vida cero años como servidores públicos.

Nueve decretos declaran insubsistentes a los jefes que había, cinco aceptan renuncias, uno termina un encargo y cinco solo nombran. Once de los que salen habían llegado en 2024, en el gobierno de Gustavo Petro. Enrique Castiblanco, el de la DIAN, venía de un decreto de 2015.

Al Ministerio de Ambiente llega Yulieth Nataly Montenegro Gerena, contadora que fue gerente de auditoría de BDO de 2016 a 2026 (Decreto 1643, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a José Daniel Quilaguy Bernal.

Al Ministerio de Agricultura llega Carlos Enrique Ospina Mesa, enfermero y directivo de AGS Colombia (Decreto 1644, hoja de vida). El decreto termina el encargo de Orlando Báez Gómez.

Al Ministerio de Ciencia llega Yolima Andrea Espinosa Sanabria, auditora de la Universidad de La Sabana durante 13 años y de Thomas Greg & Sons desde 2025 (Decreto 1645, hoja de vida).

Al Ministerio de Comercio llega Marjorie Molina Bonilla, consultora de control interno en Observanz Consultores desde 2024 (Decreto 1646, hoja de vida). El decreto acepta la renuncia de Ángela Mónica Castro Mora.

Al Ministerio de Cultura llega Alejandro Concha Palomino, contador que fue jefe de control interno de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez hasta abril de 2026 (Decreto 1647, hoja de vida).

Al Ministerio de Defensa llega Adriana Milena Andrade Farfán, contadora cuyo último empleo declarado terminó en febrero de 2022 (Decreto 1648, hoja de vida). El decreto acepta la renuncia de Pedro Pablo Salguero Lizarazo.

Al Ministerio de Educación llega Yohana María Hernández Amaya, que trabajó 16 años en la empresa minera Mineros (Decreto 1649, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Luz Yamile Aya Corba.

A la DIAN llega Dayan Rodríguez Sandoval, auditora de Cerámicas San Lorenzo desde 2019 (Decreto 1651, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Enrique Castiblanco Bedoya.

A la Superintendencia Financiera llega Sergio Alberto Sánchez Niño, administrador de empresas que trabajó en la Contraloría y fue contratista de TransMilenio hasta enero de 2026 (Decreto 1652, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Omar de Jesús Ramírez Ramírez.

Al Ministerio de Hacienda llega Luis Alejandro López Ballén, ingeniero de sistemas con 30 años en empresas privadas (Decreto 1653, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Diana Marcela Bravo Aguilera.

Al Ministerio de Justicia llega Andrea del Pilar Riaño Ayala, consultora de control interno en Txool Evolution desde 2022 (Decreto 1654, hoja de vida).

Al Ministerio de Minas llega Gilma Milena Villamil Mondragón, abogada que trabaja en la CAR de Cundinamarca desde 2010 (Decreto 1655, hoja de vida).

Al Ministerio TIC llega César Alberto Arévalo Prieto, abogado y director jurídico de empresas privadas (Decreto 1656, hoja de vida).

Al Ministerio del Trabajo llega Juan Felipe Cárdenas Puentes, contador que fue revisor fiscal de Industrias Puropollo hasta mayo de 2026 (Decreto 1657, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Sandra Piedad Barrera Valbuena.

A la Superintendencia de Transporte llega Sandra Liliana Martínez Méndez, bacterióloga y contratista de control interno de la Secretaría de Seguridad de Bogotá hasta octubre de 2026 (Decreto 1658, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Sandra Lucía López Pedreros.

Al Ministerio de Transporte llega Alejandro Marín Cañón, ingeniero industrial y profesional de control interno del Metro de Bogotá desde 2021 (Decreto 1659, hoja de vida). El decreto acepta la renuncia de Ana María Hernández Quirós.

Al DANE llega Elsa Yuled Polanía Vargas, administradora de empresas que fue jefa de control interno del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca de 2013 a 2017 (Decreto 1660, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Yuly Dayán Quiceno Russi.

A la ESAP llega Lorena Andrea Ruiz Cano, contadora que fue directora administrativa de empresas privadas (Decreto 1661, hoja de vida). El decreto acepta la renuncia de Mario Oswaldo Bernal Rodríguez.

A la Función Pública llega Ana Lucía Bacares Toledo, jefa de control interno del Jardín Botánico de Bogotá desde enero de 2026 (Decreto 1662, hoja de vida). El decreto acepta la renuncia de Jorge Iván de Castro Barón.

A la Superintendencia de Servicios Públicos llega Andrea Liliana Velandia Molina, contadora y directora de auditoría de Legis desde 2021 (Decreto 1663, hoja de vida). El decreto declara insubsistente a Juan José Pedraza Vargas.

A Arévalo el Secop le registra un contrato de 2023 con la Agencia Nacional de Tierras, por $4,8 millones, que no aparece en su hoja de vida. En Comercio y en Transporte, la Presidencia había publicado antes otras hojas de vida para el mismo cargo: la de Remberto Herrera López y la de Yady Yaned Sánchez Barragán. Los decretos nombran a otras personas.

Con el Decreto 1658 de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Sandra Liliana Martínez Méndez jefa de control interno de la Superintendencia de Transporte. El mismo decreto declara insubsistente a Sandra Lucía López Pedreros, nombrada con el Decreto 0580 del 10 de mayo de 2024. Martínez es bacterióloga, con dos especializaciones (en auditoría en salud y en gerencia de instituciones de seguridad social en salud) y una maestría en administración de empresas. Su hoja de vida declara 11 años como servidora pública, pero desde 2019 relaciona solo contratos de prestación de servicios con oficinas de control interno de Bogotá. Como contamos el 29 de octubre, esa hoja no menciona un contrato de 2025 con el Jardín Botánico, por $71.720.000, que está en el Secop. Su declaración de bienes registra deudas por $443.206.877, unos $201 millones más que su declaración de renta de 2025.

Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro dejó sin financiar buena parte de Colombia Mayor, el subsidio de cerca de tres millones de adultos mayores. Se apoya en el acta de informe de gestión del 6 de agosto, firmada por Mauricio Rodríguez Amaya, el director saliente. Esa acta dice que se pidieron $8,4 billones y se asignaron $4,6 billones, y que alcanzaba para seis de los 12 ciclos del año, como cuenta El Nuevo Siglo. Ese medio y El Heraldo ponen el hueco en $3,7 billones; El Colombiano, en $3,8 billones, que es lo que da la resta; ella habla de "más de $3 billones".

Suárez dice que el ciclo de marzo nunca se pagó ni se compensó y que el 4 de agosto todavía se pagaba el de junio. Les pidió a los organismos de control revisar una operación por $770.095 millones, del convenio CONV-MT-642-2025. El Gobierno Petro sostuvo el 3 de agosto que los $8,4 billones tenían fuentes identificadas y que el séptimo ciclo estaba garantizado, recuerda El Colombiano. El Gobierno actual dice que consiguió la plata de los ciclos siete y ocho y que el resto depende de que el Congreso apruebe $1,1 billones de la adición presupuestal.

Melquisedec Torres escribió en X que Deicy Jiménez habló con la Fiscalía "por más de 15 horas para declarar". Vicky Dávila escribió, en la misma red: "Ya declaró ante la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte". Blu Radio cuenta otra cosa: fue la extracción forense del celular y "no se realizó una entrevista ni se tomó declaración". El Espectador agrega que la Fiscalía aclaró que Jiménez no acudió a una citación para ser escuchada.

Por eso la Fiscalía la volvió a citar para el 10 de noviembre, a las 9:00 a. m. La Procuraduría la citó para el 9, informó La FM, y para el 10 a Tito Lovo Carretero, supervisor de sus contratos. El Colombiano cuenta que son dos contratos con el Ministerio del Interior, por $41.608.338, y que él dijo que la contratación de apoyo respondía a la falta de personal de planta. Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre, está citado por la Fiscalía para el 18 y el 19 de noviembre.

Iván Cepeda publicó en X un comunicado sobre el caso de Deicy Jiménez, aunque no la nombra. Habla del "rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de las responsabilidades públicas". Escribe que quienes integran el Pacto Histórico deben "comparecer ante las autoridades competentes" y que Gustavo Petro "está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad". Pide respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. No dice si le cree a Jiménez. Un día antes, en una rueda de prensa, se había negado a hablar del tema, como cuenta El Tiempo. Daniel Briceño escribió ese día en X: "Iván Cepeda COBARDE". Santiago Vélez Posada ironizó: "Iván Cepeda se la juega por las mujeres". El Espectador recoge el comunicado.

La Contraloría le pidió a la Aerocivil un informe de la falla del 4 de noviembre en los sistemas de visualización radar de El Dorado, como cuenta Caracol Radio. Quiere saber las causas, el tiempo de indisponibilidad y los vuelos demorados, cancelados o desviados. Pide también el protocolo que se activó y el estado técnico, contractual y de mantenimiento de los radares, con "fallas similares registradas" y lo que se hizo para evitarlas. El 5 de noviembre, cuatro fuentes cercanas a la Aerocivil le dijeron a La FM que la torre de control se ha hundido entre 14 y 16 centímetros. Dicen que sus pilotes se hicieron a 22 metros y no a los 62 que pedía el estudio de suelos y que los controladores hacen turnos de 12 a 18 horas.