En el debate del presupuesto de 2027, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemos, avisó que a la entidad le recortan algo más de $900.000 millones y que sin eso “no tendríamos cómo cumplir a cabalidad con nuestras funciones el próximo año”. El origen del hueco no es el Congreso: la Corte Constitucional tumbó los artículos 336 y 337 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, que le habían dado al CNE sección presupuestal propia y a su presidente la facultad de ordenar gasto, por violar el principio de unidad de materia. La entidad manejó $1,2 billones este año y queda sin esa autonomía a partir de 2027. Lemos anunció un proyecto de ley para recuperarla antes de las elecciones.
En la lista de lo que queda en riesgo hay $779.000 millones del mantenimiento de la plataforma de inspección y vigilancia de las elecciones y $439.000 millones destinados al funcionamiento de los partidos, la reposición de gastos de campaña y los anticipos, más los recursos del estatuto de la oposición. Sin embargo, el CNE también carga una investigación encima por sus gastos desmedidos en la campaña pasada.