10 de septiembre de 2026

La red de cámaras de comercio, con Confecámaras y la Cámara de Comercio de Cali, encuestó a 45.074 unidades productivas afectadas por el terremoto en todo el país entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre. De ellas, 16.132 están en el Valle del Cauca, donde el 94 % reportó afectaciones. Cali concentra el 46 % del daño departamental, seguida de Buenaventura con el 9 %, Roldanillo con el 5 %, y Cartago y Sevilla con el 4 % cada una. El retrato del daño: el 63 % de las empresas sufrió daños graves o críticos, el 70 % tiene restricciones para operar, el 28 % sencillamente no puede operar y el 72 % reporta entre uno y 20 puestos de trabajo en riesgo. Lo que piden los empresarios, según la Cámara, es liquidez y reparación de instalaciones, maquinaria y equipos: es decir, lo que hace falta para volver a facturar antes de que el empleo se caiga.

La ministra del Trabajo, Natalia López, le dijo al Congreso que su sector necesita unos $63 billones para 2027 y que el proyecto de presupuesto contempla $58,172 billones. El faltante es de $4,84 billones, que ella atribuyó sobre todo a las pensiones: "Tenemos un déficit de 4,85 billones de pesos en la cartera del sector Trabajo. Señores honorables congresistas, esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia". La advertencia llega justo cuando Colpensiones se prepara para el mayor cambio de su historia: con la reforma pensional que entra a regir desde el 1 de abril de 2027, pasará de unos 3 millones a 10,2 millones de cotizantes en ese año, y recibiría cerca de $41 billones del presupuesto del sector. Según la ministra, lo aprobado cubre el 92,3 % de lo que necesita la cartera.

El editorial de El Espectador sobre el decreto que levantó la suspensión del porte de armas dice que la preocupación de fondo es válida, pero que la decisión "genera más riesgos de los que evita". Recuerda que desde el gobierno de Juan Manuel Santos todos los presidentes mantuvieron la prohibición porque reconocieron que las armas legales complican las situaciones de violencia y el trabajo de las autoridades, y que con el Decreto 1368 el país vuelve a un escenario que no existía desde 2015, con cerca de 700.000 armas con salvoconducto habilitadas para salir a la calle. Frente al argumento de la defensa propia, que resumió el representante Jaime Arizabaleta con la frase de que "no hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado", el editorial responde que esa lógica reconoce que el Estado no ha sido capaz de proteger a los ciudadanos y abandona el monopolio de la fuerza suponiendo que los "ciudadanos de bien" sabrán usar las armas. Cita evidencia de que las restricciones al porte de los años noventa se relacionan con una caída del 14 % en los homicidios de Bogotá y Cali, y cierra: "Llenar a Colombia de más armas es echarle gasolina a un fuego que lleva mucho tiempo encendido".

La orden de la Presidencia de que el DANE no dé ruedas de prensa provocó la respuesta de tres exdirectores de la entidad, que coinciden en que no se le puede tratar como a un ministerio. Piedad Urdinola, que dirigió el DANE con Gustavo Petro, dijo que si lo revelado es cierto, "entonces la actual Presidencia por primera vez en más de una década está tratando al DANE como cualquiera otro de sus ministerios y eso es grave en términos de independencia y en abandonar mucha de la cultura estadística al país. Muy peligroso". Juan Daniel Oviedo, director durante el gobierno de Iván Duque, precisó que la Ley 2335, la de estadísticas, no obliga a hacer ruedas de prensa, pero sí pone límites a la interferencia política en la entidad, y recordó que en su administración esos encuentros existían para explicar las cifras y responder preguntas de los periodistas. Urdinola añadió que las ruedas de prensa se mantuvieron durante las dos administraciones anteriores, adaptándose a la tecnología de cada época.

Desde el 26 de agosto, Abelardo de la Espriella ha publicado ocho trinos que relatan golpes puntuales contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc o el ELN y cierran con una cifra que crece cada día: las capturas "desde el 7 de agosto", que el 10 de septiembre llegaron a 17.147. La Silla Vacía le pidió los datos a la Policía Nacional y el panorama es otro: ese acumulado mide capturas por cualquier delito del Código Penal. El 87 % fueron en flagrancia y solo el 13 % por orden judicial, que es la que suele venir de investigaciones contra estructuras criminales. El delito con más capturas es tráfico o porte de estupefacientes (27 %), seguido de lesiones personales, hurto a personas, violencia intrafamiliar y porte de armas. Los operativos que el presidente narra dejan 15, 18 o 43 capturas, mientras que el acumulado que comparte sube entre 500 y 1.000 por día. No miden lo mismo, pero eso no lo cuenta el presidente.

Ojo porque el acumulado tampoco es un récord: quedó apenas por encima del promedio de los últimos tres años para el mismo periodo y, de los últimos 16 años, es la quinta cifra más baja.

El 10 de septiembre Gustavo Petro y Claudia López se reunieron en Bogotá, en la casa del exsenador Gustavo Bolívar, y de ahí salió la foto abrazados con la que él anunció el relanzamiento de la "Alianza por la Vida": "hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria", de cara a las regionales de 2027. Al día siguiente López explicó por qué aceptó y lo hizo con un lenguaje muy llamativo: "A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el gobierno, a pesar de eso, no son dos ni extremos ideológicos equivalentes (…) lo que tenemos al frente es una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista". Según ella, el gobierno de Abelardo de la Espriella va a eliminar el derecho al aborto, "institucionalizar la discriminación", prohibir la adopción e ir contra la educación pública. "Cuando uno tiene a un proyecto mafiosongo y fascistoide al frente, no puede ser neutral", dijo.

Lo que discutieron, contó, son las reglas de una coalición: "a quién más acercar, cómo, con qué reglas", y la idea de unas primarias progresistas con listas conjuntas para escoger candidaturas únicas a alcaldías y gobernaciones, porque si cada quien se lanza por su lado... "la derecha mafiosonga y fascistoide tendrá la plata y poder". A quienes le reclaman incoherencia, les respondió que es al revés: "Todo lo que demuestra es mi coherencia y de que no me he callado ante la corrupción de nadie". Sobre Juliana Guerrero dijo que la condena le parece poca: "ojalá le claven una condena mayor".

El acercamiento es curioso porque venían de un enfrentamiento fuerte. En mayo de este año, a una semana de la primera vuelta, López denunció a Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por intervenir en la campaña y habló de "violencia y sicariato político" en su contra. En marzo de 2024 lo acusó de haber "engañado a Colombia" y de "alimentar su megalomanía vanidosa". Él le había dicho en 2021 que había "untado de sangre" a Bogotá. Según La Silla Vacía, en los próximos días habría nuevas reuniones para fijar las reglas de la coalición.

La jueza 34 de familia de Bogotá dejó en firme la medida cautelar que suspende los bombardeos en zonas donde haya información cierta sobre la presencia de menores reclutados. Abelardo de la Espriella, sus ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y toda la cúpula militar (el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, más los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada) firmaron la impugnación contra la orden del 3 de septiembre. La jueza la declaró improcedente, aceptó estudiarla como una solicitud de revocatoria y concluyó que "no existen razones suficientes para revocar la medida decretada".

El Gobierno alegaba que no había urgencia ni certeza sobre una operación concreta ni un menor individualizado. El despacho respondió que en una etapa preliminar no se exige "un grado de certeza propio de la decisión definitiva" y que esperar a la sentencia final podría causar una "afectación irreversible". La jueza subrayó que su decisión "no comporta una paralización general de las operaciones militares", pues solo condiciona los ataques a verificar la información y a buscar alternativas menos lesivas.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó comunicado sobre el presupuesto de 2027 y lo primero que hace es reconocerle al Gobierno que las cuentas por fin se parecen a la realidad. Según el CARF, el primer proyecto, radicado el 29 de julio por el gobierno de Gustavo Petro, pedía $575,7 billones; las comisiones económicas del Congreso lo devolvieron el 11 de agosto, algo que no pasaba desde 2003; y el 27 de agosto el Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez Martínez presentó uno nuevo por $635 billones, el 29,9 % del PIB, que reconoce lo que faltaba en salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el fondo de combustibles.

Pero el CARF también prende la alarma. El déficit primario (lo que le falta al Gobierno para cubrir sus gastos sin contar los intereses de la deuda) se iría a 4,5 % del PIB, contra el 0,5 % que prometía el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El déficit total rondaría el 10 % del PIB y la deuda neta el 67,3 %, cerca del límite de la regla. Buena parte del aumento del presupuesto es deuda: el servicio de la deuda crece 54,7 % y el gasto sin deuda solo 5,3 %; los ingresos corrientes caen 7,4 % y se compensan con un 59,6 % más de recursos de capital, es decir, más créditos. Y hay riesgos que todavía no están contados: en salud faltarían unos $8,2 billones, las pensiones dependen de traslados al régimen público pese a que la ventana excepcional se cerró, los subsidios de energía bajan justo cuando asoma El Niño, y el costo del terremoto no está plenamente incorporado.

En 2018, Colombia, Perú, México y Chile se aliaron con el Banco Mundial para emitir un bono catastrófico diseñado específicamente para terremotos. Para Colombia la cobertura máxima era de USD 400 millones. Según un informe oficial de la Alianza del Pacífico, el instrumento estuvo vigente hasta el 15 de febrero de 2021, cuando Colombia decidió no renovarlo. Perú fue el único de los cuatro que alcanzó a cobrar. La decisión se tomó durante la gestión de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, y Blu Radio reporta dos versiones sobre por qué: una fuente dice que el análisis interno concluyó que el riesgo sísmico era menor que el de El Niño y La Niña, y otra que no había plata para la prima, encarecida por la pandemia. Para el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, la decisión de no renovarlo fue infortunada. Carrasquilla no respondió a las preguntas del medio y el gobierno de Gustavo Petro tampoco restableció la cobertura.