13 de septiembre de 2026

En su alocución del 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para "distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público" en las universidades, con la Policía Nacional como primera autoridad operativa. "La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", les dijo a quienes, según él, preparan ataques desde los campus. La referencia más cercana son los disturbios de la semana anterior en la Universidad Nacional, cuyo rector, José Ismael Peña, dijo que meter a la fuerza pública "tradicionalmente no tiene ningún efecto", que la solución es la inteligencia y que ante un delito la Policía ya puede entrar sin pedir permiso. El rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, sostuvo que los hechos violentos ocurren sobre todo afuera del campus, y la Universidad Pedagógica Nacional recordó que la Comisión de la Verdad documentó 588 crímenes contra comunidades universitarias entre 1962 y 2011.

Abelardo de la Espriella anunció que ordenó "revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí". Lo presentó como el fin de los privilegios para los condenados por corrupción: "Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior". No dijo cuántas personas serían trasladadas, quiénes ni en qué plazo.

Enrique Gómez (Salvación Nacional) volvió el 12 de septiembre de 2026 sobre lo que había dicho de Álvaro Uribe Vélez: "En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata", escribió en X, con una entrevista de 2002 y un video de hace un mes como prueba. Una hora después respondió el partido: "Qué obsesión la del senador Enrique Gómez con las etiquetas. Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso", y le recomendó repasar sus pilares: "seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social". Al día siguiente se sumó el presidente del Congreso, el uribista Honorio Henríquez, contra quien "pretende tildarlo de socialista". Los dos partidos hacen parte de la bancada de gobierno de Abelardo de la Espriella, recuerda El Espectador.

Un informante entregó a las autoridades un audio de 43 minutos, grabado hace cerca de año y medio en un desayuno, en el que estarían el empresario catalán Manel Grau, amigo de la exprimera dama Verónica Alcocer; Juan Carlos Hurtado, hoy presidente encargado de Ecopetrol, y un contratista al que llaman "Víctor", según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo y recogen La Silla Vacía e Infobae. En la grabación, una voz con acento español dice: "Nosotros logramos a empujones poner en la silla a un vicepresidente", y le pide a quien identifican como Hurtado que "echaras un cable" para el nombramiento en propiedad de otro funcionario. También mencionan a Julián Caicedo, pareja del expresidente de la compañía Ricardo Roa, y a un empresario apodado "Bachi" que habría presionado nombramientos para obtener contratos. El audio será sometido a un examen forense para verificar las voces. Hurtado no negó ni confirmó haber estado en el desayuno y dijo que siempre ha actuado conforme a la ley.

Jorge Espinosa escribió en Cambio que, con el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, el Gobierno de Abelardo de la Espriella "solo quiere la foto con el regreso de la fumigación aérea". Habló con el coronel retirado Miguel Tunjano, que participó en la evaluación de ese herbicida para la Policía Nacional en 2016: como es de contacto y no sistémico, no mata la planta desde la raíz y obligaría a fumigar cada cuatro meses, no cada año como con el glifosato, y además es más riesgoso para la salud. Según Tunjano, al principio solo podría usarse sobre cerca del 30 % de la coca del país. Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, calcula que, cruzando las restricciones legales, jurisprudenciales y operativas, la aspersión cabría apenas en unas 30.000 de las cerca de 261.000 hectáreas de coca, y llama al camino escogido "la ruta más absurda, larga y difícilmente exitosa".

Samuel Adrián, creador de contenido mexicano y director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue arrestado el 13 de septiembre de 2026 al llegar al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. La Policía le precisó a Semana que no se trata de una captura por un delito penal, sino de un arresto ordenado por un juez en un proceso de desacato, relacionado con contenidos de su canal de YouTube. Según Infobae, la orden la dio un juzgado de Cali por el incumplimiento de un fallo de tutela. Antes de viajar, Adrián grabó un video en Panamá en el que anticipó que podían detenerlo por negarse a retirar el documental y que, según lo que sabía, enfrentaría 10 días de arresto y una multa. "Yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días", dijo, y sostuvo que las víctimas son los niños sometidos a tratamientos de transición de género. El movimiento por los derechos LGBT lo ha señalado por manipulador y desinformador.

La revista Cambio reconstruyó con los chats del celular de Sneyder Pinilla seis horas del 9 de enero de 2024 que la Fiscalía no investigó. Ese día Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, le escribió a su pareja que tenía que ir a "entregar $", y a las 5:47 p. m. el chat identificado con el nombre de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional, le mandó a Olmedo López la dirección: "Primer piso. La señora Sol. 112. torre 2", el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, según recoge Infobae. La abogada ha trabajado de cerca con Fernández en litigios contra entidades del Estado y ha sido su apoderada en procesos personales, según La Silla Vacía. Los chats no permiten establecer si el dinero se entregó ni con qué propósito. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, dice que el acuerdo con Pinilla le impedía usar lo que no estuviera incluido en él; cuatro exfiscales generales consultados por Cambio sostienen que debió compulsar copias a la Comisión de Acusación. Fernández explicó que le había recomendado a Torres como abogada a López y por eso le mandó la dirección.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, se volvió la intermediaria de Abelardo de la Espriella con la región después del terremoto, cuenta El Espectador en un perfil. Es la única mujer elegida en las urnas para ese cargo en un departamento que ha tenido 14 mandatarios en 16 años, llegó con el Partido Liberal y el guiño de su antecesor, Ariel Palacios, hoy imputado por contratos de la pandemia, y gobierna el departamento con la pobreza monetaria más alta del país: 65,3 % en 2025, según el DANE. En su encuentro más reciente, tras un abrazo, el presidente le dijo que es su "gobernadora favorita", y el 7 de septiembre fue ella la que se sentó a su lado frente a los empresarios que viajaron a Quibdó, en un departamento donde Iván Cepeda había sacado el 81,37 % en la segunda vuelta. De esa reunión salieron 13 acuerdos, entre ellos un billón de pesos para vías y 100 becas. Pero, según Transparencia por Colombia, en el Chocó se han firmado siete contratos por $1.557 millones, todos para remover y limpiar escombros y ninguno para construir, mientras las autoridades cuentan 12 muertos, 77.213 afectados y 3.086 viviendas destruidas. El gerente para el Chocó, el viceministro José Leonidas Tobón, todavía no tiene un nombramiento que le asigne esas funciones; el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, habla de "solicitudes no respondidas", y los propios empresarios pusieron sobre la mesa la seguridad, en un departamento que lleva diez paros armados durante el mandato de Córdoba.