18 de septiembre de 2026

"Las ayudas para Cali han disminuido y los recursos ya no llegan como antes", escribió en X Mábel Lara, funcionaria de la Alcaldía de Cali, poco más de un mes después del terremoto. Por eso, dijo, la ciudad agradece la solidaridad que sigue llegando: en alianza con la Alcaldía, el Programa Mundial de Alimentos está entregando tarjetas para comprar comida a 350 personas de las zonas más vulnerables y en los próximos días esperan repartir más mercados.

La "Ley Laura", el proyecto que prohibiría los bloqueadores de pubertad, las terapias hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años y que respaldaron Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, mete en un mismo saco tratamientos con riesgos y grados de reversibilidad muy distintos y lee la evidencia científica de manera selectiva, según las fuentes médicas y jurídicas que consultó El Espectador. En la infancia no hay tratamientos farmacológicos ni quirúrgicos, sino acompañamiento psicosocial. Los bloqueadores se usan desde hace décadas en pediatría: entre 2018 y 2024 los recibieron más de 300 niños cisgénero de 7 a 10 años por pubertad precoz, frente a un promedio de 6,7 adolescentes trans al año. Y el Ministerio de Salud confirmó que las cirugías de reasignación se practican solo a mayores de 18 años. El proyecto castigaría a los médicos con hasta cinco años de suspensión y a las EPS e IPS con la pérdida de su habilitación; para la abogada Ivy Bonilla, de la Liga de Salud Trans, lo que lo mueve es "un pánico moral". Ese mismo día, la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, les hizo en X un llamado a todos los congresistas a prohibir esos tratamientos: "Con los niños no se experimenta".

Para Francisco Gutiérrez Sanín, lo más alarmante del programa de Abelardo de la Espriella es su naturaleza "esencialmente destructiva": desmontar la paz, quitarle los estímulos a la cultura, acabar con la "ideología de género", mandar la policía a los campus de las universidades públicas, volver a fumigar y legitimar las ejecuciones extrajudiciales en mar abierto. En su columna de El Espectador dice que lo poco constructivo es exhibición de fuerza u oropel y pone de ejemplo el "Plan Marshall" para el Chocó, que en su lectura es lo contrario del original: aquel fue masivo, estatal y eficiente, y este es ínfimo, desordenado, depende de la caridad de los "multimillonarios" y "augura magníficas oportunidades para gentes bien conectadas".

Un jurado federal de Miami declaró el 17 de septiembre de 2026 que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega no es responsable de la tortura y la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, y lo eximió de indemnizar a su familia, según El Espectador. Era un juicio civil: la demanda la presentaron en 2022 las hijas de Urán. Al día siguiente, Abelardo de la Espriella, que había ordenado a la Cancillería respaldar al coronel, celebró en X: "Se hizo justicia con un héroe de la Patria", según La Silla Vacía. Helena Urán Bidegain, hija del magistrado, dijo que evalúan apelar, recordó que el jurado deliberó apenas un par de horas después de ocho días de juicio y aclaró que el fallo no declara inocente a Plazas Vega: "Aquí lo que se intenta probar es si hay o no responsabilidad". La noche del veredicto, según Caracol Radio, Plazas Vega cortó dos entrevistas diciendo que lo estaba llamando el presidente.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo el 18 de septiembre de 2026, en la rendición de cuentas anual del tribunal, que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.