18 de septiembre de 2026

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo en la rendición de cuentas anual del tribunal que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo Ramelli a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.

Un jurado federal de Miami declaró el 17 de septiembre de 2026 que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega no es responsable de la tortura y la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, y lo eximió de indemnizar a su familia, según El Espectador. Era un juicio civil: la demanda la presentaron en 2022 las hijas de Urán. Al día siguiente, Abelardo de la Espriella, que había ordenado a la Cancillería respaldar al coronel, celebró en X: "Se hizo justicia con un héroe de la Patria", según La Silla Vacía. Helena Urán Bidegain, hija del magistrado, dijo que evalúan apelar, recordó que el jurado deliberó apenas un par de horas después de ocho días de juicio y aclaró que el fallo no declara inocente a Plazas Vega: "Aquí lo que se intenta probar es si hay o no responsabilidad". La noche del veredicto, según Caracol Radio, Plazas Vega cortó dos entrevistas diciendo que lo estaba llamando el presidente.

Para Francisco Gutiérrez Sanín, lo más alarmante del programa de Abelardo de la Espriella es su naturaleza "esencialmente destructiva": desmontar la paz, quitarle los estímulos a la cultura, acabar con la "ideología de género", mandar la policía a los campus de las universidades públicas, volver a fumigar y legitimar las ejecuciones extrajudiciales en mar abierto. En su columna de El Espectador dice que lo poco constructivo es exhibición de fuerza u oropel y pone de ejemplo el "Plan Marshall" para el Chocó, que en su lectura es lo contrario del original: aquel fue masivo, estatal y eficiente, y este es ínfimo, desordenado, depende de la caridad de los "multimillonarios" y "augura magníficas oportunidades para gentes bien conectadas".

La "Ley Laura", el proyecto que prohibiría los bloqueadores de pubertad, las terapias hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años y que respaldaron Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, mete en un mismo saco tratamientos con riesgos y grados de reversibilidad muy distintos y lee la evidencia científica de manera selectiva, según las fuentes médicas y jurídicas que consultó El Espectador. En la infancia no hay tratamientos farmacológicos ni quirúrgicos, sino acompañamiento psicosocial. Los bloqueadores se usan desde hace décadas en pediatría: entre 2018 y 2024 los recibieron más de 300 niños cisgénero de 7 a 10 años por pubertad precoz, frente a un promedio de 6,7 adolescentes trans al año. Y el Ministerio de Salud confirmó que las cirugías de reasignación se practican solo a mayores de 18 años. El proyecto castigaría a los médicos con hasta cinco años de suspensión y a las EPS e IPS con la pérdida de su habilitación; para la abogada Ivy Bonilla, de la Liga de la Salud Trans, lo que lo mueve es "un pánico moral". La representante Carol Borda, de Salvación Nacional, les hizo en X un llamado a todos los congresistas a prohibir esos tratamientos: "Con los niños no se experimenta".

"Las ayudas para Cali han disminuido y los recursos ya no llegan como antes", escribió en X Mábel Lara, funcionaria de la Alcaldía de Cali, poco más de un mes después del terremoto. Por eso, dijo, la ciudad agradece la solidaridad que sigue llegando: en alianza con la Alcaldía, el Programa Mundial de Alimentos está entregando tarjetas para comprar comida a 350 personas de las zonas más vulnerables y en los próximos días esperan repartir más mercados.

El mismo día en que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, denunció "el más grave ataque" contra el tribunal por la propuesta de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, Semana publicó una nota titulada "Revelan que presidente de la JEP ha ganado casi 4.500 millones de pesos desde 2018: hoy hace llamados por recorte presupuestal". La revelación era un trino de Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación Libremente, con los ingresos brutos estimados de Ramelli: de $32 millones mensuales en 2018 a $55,3 millones como presidente de la JEP. Semana reprodujo la crítica de Armel, según la cual el tribunal ha logrado "tres fallos" en "estos 10 años", todos "beneficiosos para los criminales de las Farc", y no incluyó ninguna respuesta de la JEP. Lo que la nota no cuenta es que ese sueldo no lo fija la JEP ni es una excepción: desde el Decreto 1760 de 2017, los magistrados del Tribunal para la Paz, como Ramelli, tienen "el mismo régimen salarial y prestacional vigente para los Magistrados de las Altas Cortes".

En el Festival de las Ideas, la excandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que quienes votaron por Abelardo de la Espriella lo hicieron "porque creen que se parece a Álvaro Uribe. La gente quiere un presidente como Uribe, comprometido con la seguridad". Y remató: "No se equivoquen con las etiquetas". Se lo dijo a Caracol Radio en medio del choque entre el partido de Álvaro Uribe Vélez y el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), que insiste en que Uribe es socialdemócrata.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, dijo que encontraron irregularidades administrativas y financieras en 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país, las que están bajo alguna medida de intervención, según La FM e Infobae. El Gobierno las relaciona con la administración anterior. En Comfamiliar Atlántico, intervenida en julio, habla de cargos creados en los últimos días antes de la intervención y de contratos que durarían más que ella. A Comfenalco Antioquia la llamó "la telaraña azul", por una presunta red de intereses políticos que habría buscado controlar más de $1 billón; el anuncio no dijo quiénes la integran ni qué contratos se investigarán. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, dijo que los documentos irán a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que deberán establecer si hubo responsabilidades. La Presidencia dijo que las cajas no son "una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista". Los hallazgos se suman a los 82 casos del Libro de la Verdad, que el Gobierno entregó el 18 de agosto, y cada ministerio deberá entregarle a Abelardo de la Espriella, al cierre de septiembre, un informe con lo que haya encontrado desde el 7 de agosto.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1413, que crea un régimen transitorio de incentivos tributarios para atraer inversión privada a los municipios afectados por el terremoto, según Valora Analitik. El beneficio principal es una tarifa de renta del 20 % para 2026 y 2027, que baja un punto por cada 250 empleos directos nuevos hasta un piso del 15 %, más una depreciación acelerada del 50 % anual y la exención de IVA para ciertas importaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Para acceder, las empresas deben invertir un mínimo que va de 950.000 a 2.350.000 UVT según el sector (turismo, agroindustria, construcción, industria manufacturera o servicios), generar empleo directo y arrancar el proyecto dentro de los 12 meses siguientes a la declaratoria de emergencia. El propio decreto explica de dónde sale la idea: de la inversión extranjera que llegó al país en 2024, los 16 departamentos golpeados por el sismo captaron US$2.065 millones, y el 89 % de esa plata se concentró en solo tres de ellos. El decreto aclara que los beneficios no constituyen una garantía de estabilidad tributaria.

La Unidad Investigativa de El Tiempo les puso nombre a los cuatro hombres a los que en la Casa de Nariño de Gustavo Petro llamaban "los verónicos", por su cercanía con la entonces primera dama, Verónica Alcocer: los catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, el constructor Víctor Hugo Sierra y Yeirson Andrés Gamero. Así los clasifica una denuncia penal que presentó en julio el abogado Carlos Soler: "Combo catalanes: Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell; Enlace A: Víctor Sierra Gutiérrez". Sierra, condenado en enero de 2023 a siete años de cárcel por fraude procesal y falsedad documental, fue la cuarta persona en el asado de Guaymaral en el que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, le entregó $500 millones en efectivo a Vendrell para la campaña presidencial de 2022, y llegó allí con brazalete electrónico porque su condena estaba vigente, según contó en su momento el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez Ballesteros. La denuncia por la que reaparece su nombre acusa a Grau de estafar a una pareja de empresarios con la promesa de contratos en el Grupo Ecopetrol: según el apoderado de los denunciantes, Grau decía tener el respaldo de la Casa de Nariño y hacía llamadas en altavoz con Alcocer y con Ricardo Roa, y parte de los $4.900 millones que recibió fueron a parar a Sierra. El Tiempo buscó a un abogado de Sierra y a un asesor legal de Papá Pitufo: el primero no respondió y el segundo dijo que su cliente guarda silencio mientras espera el asilo que pidió en Portugal.