Abelardo contra la Corte Penal Internacional

Exministros, académicos y políticos de centro publicaron su quinto manifiesto sobre el Gobierno de Abelardo, esta vez de política exterior, como cuenta Cambio. Lo firman 46 personas, entre ellas Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Humberto de la Calle, Cecilia López, Juan Daniel Oviedo y Eduardo Pizarro. Ocampo lo difundió el 20 en X. Dicen que la política exterior de Gustavo Petro tuvo "un ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo", pero que la nueva administración "no puede caer, como algunos lo avizoran, en los mismos errores del anterior gobierno". Les preocupa el anuncio de un eventual retiro de la Corte Penal Internacional y piden un debate nacional sobre el Escudo de las Américas, porque la adhesión "puede poner en riesgo esa autonomía". Sobre el anuncio de dejar la iniciativa china de la Franja y la Ruta, escriben: "Es un falso dilema elegir entre Washington y Beijing". También critican el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, una medida que "jamás ha sido explicada", y el traslado de la embajada a Jerusalén.

En X, Gustavo Petro escribió que el Gobierno de Abelardo de la Espriella "ha desatado una persecución" contra el Pacto Histórico, que según él es un delito de lesa humanidad que ya denunció ante la Corte Penal Internacional, y pidió que cada caso se documente y se mande a esa corte "con acusación directa" contra Abelardo. También escribió que a la senadora Martha Peralta le quitaron la visa de Estados Unidos "porque no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia", y no por corrupción, como dijo la prensa. El Departamento de Estado, en cambio, anunció el 28 de septiembre que les revocaba la visa a Peralta y al empresario Euclides Torres dentro de la política del Escudo de las Américas contra la corrupción y el narcotráfico, según Infobae.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo en la rendición de cuentas anual del tribunal que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo Ramelli a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.

Gustavo Petro escribió en X que antes de entregar la Presidencia dejó en la Corte Penal Internacional una denuncia contra Abelardo de la Espriella "por la persecución contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad", según EFE. No dijo en qué fecha la presentó. Lo anunció en el mismo mensaje en el que condenó el asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor en Cajibío (Cauca), a quienes llamó "amigos personales míos y militantes del Pacto Histórico".

En su último día, el Gobierno de Gustavo Petro le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que volviera a evaluar el caso de Colombia, como cuenta La Silla Vacía. Alegó "un cambio significativo en las circunstancias" y le pidió "en caso de que se cumpla el umbral legal, abrir una investigación sobre delitos pasados y en curso". Ni la Presidencia ni la Cancillería ni el Ministerio de Justicia lo dijeron en dos meses: se supo en octubre, cuando la Corte publicó una disputa entre sus jueces y su Fiscalía. Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares desestimaron la denuncia porque habla de "riesgos especulativos y escenarios hipotéticos" y el fiscal encargado apeló. La denuncia no se ha publicado y no se sabe quién la firmó. Para La Silla Vacía, la jugada podría frenar las medidas del Gobierno de Abelardo contra la JEP, pero también golpear el modelo colombiano de justicia transicional.