Abelardo contra la Corte Penal Internacional

Carolina Olarte Bácares era la aspirante de Colombia a magistrada de la Corte Penal Internacional, el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo, hasta que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la postulación. No se lo dijeron a ella: se enteró por el representante permanente de otro de los Estados Parte, según La Silla Vacía, y dice que no sabe por qué el país se bajó. Era la única candidata del Grulac, el grupo diplomático de América Latina y el Caribe, entre más de 10 aspirantes del mundo para las seis magistraturas que la Corte elige en diciembre y que van hasta 2036; cuenta que se reunió con los 72 embajadores ante el tribunal, presentó cuestionarios y un examen oral, y que sacó el puntaje más alto junto con los candidatos de Suiza, España y Gambia. "Este tipo de decisión trunca no solamente una aspiración personal, sino muy especialmente el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad", dijo. La postulación venía del gobierno anterior, que la hizo oficial en marzo después de que la nominaran los tres representantes de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje: con ella, dijo entonces la canciller Rosa Villavicencio, el país "ratifica su liderazgo en la lucha contra la impunidad", según El Espectador.

En la misma entrevista con El Tiempo en la que descartó que Colombia se salga de la ONU, el embajador Mauricio Gaona dejó abierta la puerta frente a la Corte Penal Internacional. Le preguntaron si Colombia comparte los cuestionamientos de Estados Unidos y otras potencias al tribunal, y respondió: "Colombia está revisando ese tema, no solo Colombia, varios países". Dijo que ha hablado con embajadores de otros países, que la crítica apunta a "las tendencias ideológicas de la Corte" y que le preocupa "que las Cortes tengan una ideología determinada". El 21 de septiembre, la Cancillería le había dicho a El Espectador que "a la fecha, no se ha impartido instrucción o directriz alguna encaminada" a denunciar el Estatuto de Roma, el tratado por el que Colombia hace parte de la Corte, y que no le había enviado ninguna notificación al secretario general de la ONU. Días antes, el Gobierno había retirado la candidatura de Colombia a una de las magistraturas del tribunal.

El Gobierno de Donald Trump sancionó a la Corte Penal Internacional como institución, horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, ganara el Nobel de Paz, como informó El Espectador. Las sanciones prohíben las transacciones con la corte y obligan a las empresas estadounidenses a cortarle cuentas, seguros y programas. Entran en vigor en seis meses, como cuenta El País. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Trump nunca permitirá que la corte procese a estadounidenses y amenazó con acabar con ella. El secretario general de la ONU, António Guterres, lo llamó un grave golpe a la justicia penal internacional. Los cancilleres de ocho aliados de Washington, entre ellos Canadá, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido, salieron a defender al tribunal. Colombia es parte de la corte, pero en septiembre su embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, había dicho que el país "está revisando" si comparte las críticas de Estados Unidos.

Martín Eduardo Botero, a quien el Gobierno designó embajador en Países Bajos, es un duro crítico de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, como muestra una revisión de sus trinos que hizo El País. "Este apoyo incondicional a la CPI ignora su larga lista de sesgos, errores y manipulaciones", escribió en 2025. En 2021, cuando el fiscal de la CPI cerró la investigación sobre Colombia porque confiaba en la JEP, Botero escribió que "el pueblo soberano, único titular de la soberanía, dijo No a la JEP". El embajador en Países Bajos es el enlace de Colombia con la CPI, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje, como cuenta La Silla Vacía. La embajadora anterior, Carolina Olarte, a quien el Gobierno retiró de la lista de aspirantes a magistrada de la CPI, le dijo a El País que Colombia es "un aliado estratégico de la corte". Botero vivía en Italia, donde tiene un bufete, y apoyó a Abelardo en la campaña.