Colombia hace parte del Estatuto de Roma desde 2002. Con Abelardo de la Espriella esa pertenencia entró en duda: circulan versiones de que su Gobierno quiere denunciar el tratado, Estados Unidos les pidió a los países de su coalición antidrogas que se retiren del tribunal y la candidatura colombiana a una de sus magistraturas se cayó sin que el Gobierno explicara por qué. Este hilo sigue cada movida frente a la Corte Penal Internacional y lo que el país se juega en ellas.

Última vez que agregamos algo a este hilo: 21 de septiembre de 2026.

Hilo · 3 entradas en Abelardopedia · 1 de septiembre de 2026 – 18 de septiembre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.

Expertos alertan sobre las consecuencias de que Colombia salga de la Corte Penal Internacional

El gobierno de Estados Unidos les pidió a los países de la Coalición Contra los Carteles de las Américas, a la que pertenece Colombia, que se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la calificó de tribunal "corrupto y fatalmente politizado". En Colombia circulan versiones de que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene en su agenda denunciar el Estatuto de Roma, al que el país pertenece desde 2002, aunque el Ejecutivo no se ha pronunciado oficialmente. El exviceministro Mauricio Jaramillo Jassir advirtió que sería "un retroceso tremendo" que rompería una tradición sostenida por gobiernos de todos los signos desde Andrés Pastrana. La presión de Washington se da después de que Estados Unidos sancionara a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y a un fiscal de la Corte, lo que llevó a expertos de la ONU a exigir "acciones audaces y urgentes" de los países miembros para proteger al tribunal.

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El Gobierno retiró la candidatura de Colombia a la Corte Penal Internacional y no le avisó a la candidata

Carolina Olarte Bácares era la aspirante de Colombia a magistrada de la Corte Penal Internacional, el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo, hasta que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la postulación. No se lo dijeron a ella: se enteró por el representante permanente de otro de los Estados Parte, según La Silla Vacía, y dice que no sabe por qué el país se bajó. Era la única candidata del Grulac, el grupo diplomático de América Latina y el Caribe, entre más de 10 aspirantes del mundo para las seis magistraturas que la Corte elige en diciembre y que van hasta 2036; cuenta que se reunió con los 72 embajadores ante el tribunal, presentó cuestionarios y un examen oral, y que sacó el puntaje más alto junto con los candidatos de Suiza, España y Gambia. "Este tipo de decisión trunca no solamente una aspiración personal, sino muy especialmente el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad", dijo. La postulación venía del gobierno anterior, que la hizo oficial en marzo después de que la nominaran los tres representantes de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje: con ella, dijo entonces la canciller Rosa Villavicencio, el país "ratifica su liderazgo en la lucha contra la impunidad", según El Espectador.

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La JEP denuncia "el más grave ataque" en su contra y lo llevará a la ONU y a la Corte Penal Internacional

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo en la rendición de cuentas anual del tribunal que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo Ramelli a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.

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