Cruzada en el sistema educativo

En su columna en El Espectador, Rodrigo Uprimny sostiene que el Consejo Superior de la Universidad Nacional desconoció su propio estatuto cuando designó a los 22 decanos el 24 de septiembre. El estatuto pide la mitad más uno de los ocho miembros con voto y en 20 años siempre se entendió que eran cinco. Los tres consejeros del Gobierno y el exrector Ricardo Mosquera alegaron que el consejo tenía solo siete, porque no se ha reemplazado al delegado del CESU, que murió en abril. Uprimny responde que esa silla sigue vacía en buena parte porque Viviane Morales, ya anunciada como ministra de Educación, pidió en julio frenar el proceso. Recuerda que en 2003 el Consejo de Estado anuló la elección del rector Marco Palacios, hecha con cuatro votos. Y agrega que el consejo ignoró las consultas en 10 facultades: en Derecho, Andrés Abel Rodríguez Villabona sacó el 75 % y la elegida fue Catalina Toro Pérez, con el 16 %.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional aprobó la designación de nuevos decanos con cuatro votos de sus ocho miembros: el de Camilo Andrés Noguera Abello, delegado del presidente y director de Defensores de la Patria; el del profesor Diego Alejandro Torres Galindo, segundo delegado presidencial; el de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y el del representante de los exrectores, Ricardo Mosquera Mesa, cuenta El País. Interpretaron que cuatro bastaban porque está vacante el asiento del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Las representantes de los profesores, de los estudiantes y del Consejo Académico se retiraron de la sesión y en un video dijeron que la elección es irregular y que se viene "una posible avalancha de demandas", según El Espectador. Varios académicos pidieron revocar los nombramientos, porque el estatuto de la Nacional exige "la mitad más uno de los miembros con derecho a voto", y el jurista Rodrigo Uprimny recordó que el Consejo de Estado anuló en 2003 el nombramiento de un rector de la Nacional hecho con solo cuatro votos.

En un oficio, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, le pidió al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Bernardo Barreto González, "acciones urgentes" para derogar la política de educación sexual que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro. Lo reveló El Espectador el 16 de octubre. Es la Resolución 1350 del 10 de julio de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035 y ordena llevarla a los planes de estudio. Para el Ministerio, la resolución "incorpora una determinada concepción antropológica y de política pública en materia de sexualidad, género y derechos reproductivos". Pide revisarla con los cuatro ministerios que la firmaron y, mientras tanto, una directiva presidencial que ordene no aplicarla. Su antecesora, Viviane Morales, había hablado de "erradicar la ideología de género" en los colegios. A comienzos de octubre, Colombia se desmarcó en la ONU de la expresión "salud y derechos sexuales y reproductivos".

Abelardo de la Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales. La llamó "heroína" y le fijó la tarea en dos frases: "Trabajar por una educación de excelencia, que forme en conocimiento, valores, libertad y carácter a las nuevas generaciones" y, enseguida, "su Ministerio me ayudará a enderezar a aquellos que otros han querido torcer".

Hoyos fue procuradora delegada para la familia en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, ha intervenido judicialmente a favor de penalizar el aborto y sostuvo desde ese cargo que el Acuerdo de Paz con las Farc imponía la llamada "ideología de género". Como anota La Silla Vacía, la frase del presidente se enmarca en la misión que Morales se había puesto antes de irse (sacar esa supuesta ideología de los colegios) y en la "batalla cultural" que Abelardo anunció desde su discurso de posesión: "Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia".