Vuelven las fumigaciones

El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó un plan piloto de aspersión aérea contra los cultivos de coca, en una resolución con fecha del 18 de agosto de 2026 que quedó en firme al publicarse en el Diario Oficial el martes 8 de septiembre. La primicia fue de Valora Analitik, que tuvo acceso al documento. Es, dice la resolución, una "fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable": máximo siete días y 1.000 hectáreas tratadas, en un área de un solo departamento cercana a una instalación de la Fuerza Pública, con las coordenadas y las rutas bajo reserva, y con exclusión de páramos, parques, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y territorios indígenas y afrodescendientes sin consulta previa. La sustancia no es glifosato sino glufosinato de amonio, que la Organización Mundial de la Salud clasifica como "moderadamente peligroso", una categoría más riesgosa que la del glifosato, y que, como explica El Espectador, no distingue: quema tanto la mata de coca como los cultivos de pancoger. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ejecuta y asume los costos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud tienen 60 días para entregar el informe con el que el Gobierno decidirá si autoriza un programa nacional o cierra definitivamente la aspersión.

En la alocución del 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella cuestionó las dos decisiones judiciales que le frenaron parte de su política de seguridad: la que restringió los bombardeos donde haya indicios de menores y la que suspendió el plan piloto de fumigación aérea en el Putumayo. "Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente", dijo, y anunció que ya dio instrucciones para fortalecer la defensa jurídica del Estado. Sobre los menores reclutados, dijo que "un niño reclutado es una víctima", pero que esa protección "no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños", porque un cabecilla podría concluir que llevar menores a un campamento "le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado". Y cerró: "No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces". Pero suena a que sí lo está haciendo, ¿no?

Un día después de la alocución en la que Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía entre a las universidades, el Ministerio de Justicia de Iván Cancino lo respaldó. Dijo que la autonomía universitaria "no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades" y "no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección". Ante las manifestaciones pacíficas, dice, deben privilegiarse "el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales". En otro comunicado defendió la aspersión aérea con glufosinato: "La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo". El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también apoyó la medida, siempre que se respeten los derechos humanos: las universidades "no pueden ser centros para operaciones al margen de la ley".

La Silla Vacía cruzó los registros de aspersión aérea con el área sembrada de coca que mide la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y concluyó que la fumigación, por sí sola, no reduce los cultivos. Al principio del Plan Colombia había que asperjar unas nueve hectáreas para eliminar una; al replicar esa metodología con los datos de 2003 a 2015, el medio calculó que hoy habría que asperjar unas 143 hectáreas para acabar con una sola de coca. Los cultivadores resiembran, protegen la mata o la "zoquean" (la cortan a 30 o 40 centímetros del suelo) y en dos o tres meses vuelve a producir.

El costo también pesa en un gobierno que prometió austeridad: entre 2005 y 2014 el Estado gastó cerca de $80 billones en aspersión aérea, unos $113 millones por hectárea asperjada a precios de 2026. Siguiendo la cuenta del estudio original, eliminar las 330.000 hectáreas de coca que hay hoy costaría casi $330 billones, casi todo el presupuesto de un año sin contar el servicio de la deuda. Los expertos consultados dudan de que salga tan caro y creen que focalizada en el Catatumbo, el sur de Nariño y el sur de Putumayo sí sirve, pero coinciden en que pierde fuerza con el tiempo y necesita una estrategia integral que el gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha mostrado.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, le dijo a la Comisión Quinta de la Cámara que el piloto de aspersión aérea con glufosinato en el Putumayo tendrá que cumplir los requisitos que la Corte Constitucional fijó en 2017 para volver a fumigar y los de la Resolución 7 de 2026: "Si no, no hay piloto", según La Silla Vacía. Añadió que "este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa". El piloto sigue suspendido desde que un juzgado de Mocoa lo frenó hasta que el Gobierno demuestre que cumple esas condiciones, y Cancino dijo que su ministerio las está revisando. Cinco días antes, Abelardo de la Espriella había dicho que quien se oponga a la fumigación está ayudando al narcotráfico.

El Instituto Nacional de Salud (INS) dijo en un comunicado que "a la fecha, no ha emitido concepto previo en salud" sobre el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que el Gobierno quiere hacer en el Putumayo, según El Espectador. Ese concepto es una de las condiciones que puso la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes para que el piloto pueda empezar, además de la orden judicial que hoy lo tiene suspendido. El INS dijo que para darlo necesita la información técnica y científica que le permita evaluar los riesgos para la salud y recordó que ejecutar el piloto le corresponde solo al Consejo. La Organización Mundial de la Salud clasifica el glufosinato como moderadamente peligroso. En la Unión Europea su autorización venció en 2018.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un piloto de fumigación aérea de coca en Putumayo con glufosinato de amonio. Ese herbicida es más tóxico que el glifosato y sería menos eficaz para erradicar la coca, como explican los científicos que consultó El País. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como moderadamente peligroso, un grado más que el glifosato, y la Unión Europea lo prohibió en 2018. El glufosinato afecta sobre todo las hojas, deja que la mata rebrote y puede dañar los sistemas nervioso y respiratorio. Ningún país lo ha fumigado desde el aire y los expertos dicen que es imposible controlar adónde lo lleva el viento. El Instituto Nacional de Salud no ha dado el concepto que necesita el piloto.

Más de 30 investigadores de universidades del país radicaron una carta ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) con reparos al piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, como cuenta El Espectador. La firman, entre otros, la química Elena Stashenko y el epidemiólogo Julián Alfredo Fernández Niño, que fue director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud entre 2020 y 2022. El INS tiene que dar un concepto antes de que el piloto arranque. Los firmantes escriben: "No sería científicamente correcto trasladar automáticamente al glufosinato todas las conclusiones sobre el glifosato. Tampoco sería admisible presumir que el nuevo ingrediente activo es seguro simplemente porque se trata de una sustancia distinta". Piden aplicar el principio de precaución y consideran "imprescindible y necesario mantener suspendida la implementación de estas operaciones". La carta, que publicó en X el periodista Ronny Suárez Celemín, llegó un día después de que Abelardo de la Espriella dijera en Cartagena que "se hace absolutamente necesario empezar a fumigar".