23 de septiembre de 2026

El general retirado Eduardo Zapateiro sería el nuevo gerente de Seguridad Física de Ecopetrol, con un sueldo de $50 millones al mes, una camioneta blindada y dos escoltas, según publicó en X la periodista Paola Herrera. Herrera dice que ya se hace el empalme y que él tendría conflictos de intereses por haber asesorado a empresas de seguridad que tienen contratos con Ecopetrol. Zapateiro, comandante del Ejército en el gobierno de Iván Duque, se sumó en agosto de 2025 a la aspiración de Abelardo de la Espriella, que le dio la bienvenida "al ejército democrático de Defensores de la Patria", según Infobae. Fue coordinador de la reserva activa de la campaña hasta el 30 de abril, cuando se apartó al conocerse que la Fiscalía pediría imputarle acoso sexual contra funcionarias de las Fuerzas Militares, según El Tiempo. El 10 de julio, la Fiscalía radicó el escrito de acusación por hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2022 contra dos mujeres que estaban bajo su mando; él se declaró inocente, según El Espectador.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, dijo en la mañana que las represalias de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada por la muerte de alias "Cholo" fueron "mínimas": cuatro negocios baleados, dos buses, un carrotanque y una tractomula quemados, según Caracol Radio. También contó que en la ciudad hay 600 policías y 500 militares y que van nueve capturados, según El Espectador. Poco después, el periodista Jorge Espinosa publicó en X dos videos del mercado de la ciudad: "Lo que hay es miedo, mucho miedo". La Cámara de Comercio de Santa Marta calcula que 22.435 empresas no pudieron trabajar con normalidad y que las pérdidas pasan de $42.000 millones si se suman Ciénaga y Zona Bananera, según La FM. La cuenta Colombia Oscura reportó universidades sin clases presenciales y la red pública de salud con atención limitada. La Universidad del Magdalena pasó sus clases presenciales a virtuales, según Radio Hoy, y la red pública de centros de salud amaneció sin atención, según El Colombiano. En 2024, a Pinedo lo denunciaron por presuntos vínculos con ese mismo grupo.

El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela contra la publicación de los videos en los que Abelardo de la Espriella camina entre cadáveres en bolsas, según Blu Radio. Con eso se cayó la medida provisional que le había ordenado a la Presidencia ocultarlos de su cuenta de Instagram. El juez concluyó que ni el representante Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, ni el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz podían actuar a nombre de los niños del país o de los familiares de los muertos y que no se probó una falta de respeto a los cuerpos. Aun así, le pidió al Gobierno "ponderar y evaluar la proporcionalidad" antes de difundir imágenes así. También dijo que los resultados de una operación se pueden comunicar "mediante recursos menos invasivos de la dignidad, memoria e imagen de quienes fallecieron y de la intimidad de sus familias". Aclaró, eso sí, que es una recomendación y no una orden, según El Espectador. Daniel Coronell lo llamó en Caracol Radio "la cariñosa palmadita" y recordó que la Presidencia se defendió con la misma medida provisional: como ya había quitado las imágenes de Instagram, la tutela no tenía sentido. Los videos siguen en las cuentas personales del presidente.

La discusión se ha concentrado en la JEP, pero el recorte es más grande. Un análisis de la Defensoría del Pueblo con cifras de Hacienda y de Planeación encontró que el proyecto de presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella destina $12,94 billones a la paz en 2027, $7,62 billones menos que en 2026 (un recorte del 37 %), según El Espectador. Las entidades que ejecutan el Acuerdo tendrían más plata para invertir, pero la parte marcada para cumplirlo caería casi a la mitad. La Agencia Nacional de Tierras perdería el 71,8 % de su plata para la paz y la inversión de la ARN para los excombatientes bajaría de $9.548 millones a $2.000 millones. "El presupuesto también es político", dijo Kyle Johnson, director de la Fundación Conflict Responses. El senador uribista Carlos Meisel respondió que el Acuerdo es fiscalmente inviable y que "apretarse el cinturón implica un esfuerzo de todos". El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto.

Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, será también director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que acompaña a 15.441 desmovilizados, entre ellos unos 11.000 excombatientes de las Farc, según La Silla Vacía. Ríos fue el gerente de la campaña de Abelardo de la Espriella desde la recolección de firmas; él y su hermana Ana María, la tesorera, le prestaron cerca de $1.650 millones. La agencia estaba a la deriva: su directora encargada, Carolina Vergara Ospina, le dijo al Congreso que había renunciado al menos tres veces, ante el propio director del Dapre, sin que nadie le respondiera. Por la ARN tendrían que pasar los 99 exintegrantes de los Comandos de la Frontera que estaban en la zona de ubicación de Putumayo que el Gobierno desmontó.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) confirmó que el fenómeno llegó a la categoría de "muy fuerte". Su director, Felipe Costa do Carmo, le explicó a El Espectador lo que viene para Colombia: más calor, menos lluvia y ríos más bajos, sobre todo en el Caribe y los Andes. Eso puede bajar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas justo cuando el calor sube la demanda de energía. También aumenta el riesgo de incendios forestales. La anomalía de temperatura del Pacífico ya igualó el récord diario del Niño de 2015, según el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia. En el Tolima, por ejemplo, hasta el 20 de agosto había llovido solo el 23 % de lo esperado.

El presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Emerson Aguirre, contó en Blu Radio que en las fincas de la Zona Bananera han visto hombres con armas largas y que hay robos y quemas de empacadoras. Además, los Pachenca y el Clan del Golfo extorsionan a los mismos productores: si un grupo se entera de que alguien le pagó al otro, le exige pagar también. Para sacar más de 30 contenedores por el puerto de Santa Marta durante el paro armado, los bananeros tuvieron que pedirle escolta al Ejército. Aguirre le pidió al Gobierno un batallón de alta montaña permanente en Prado Sevilla, cerca de Zona Bananera, y créditos a largo plazo para aguantar la revaluación del peso y la llegada de El Niño. En la zona hay cerca de 17.000 hectáreas de banano que sostienen a más de 50.000 personas.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y Aguilar no aceptó los cargos, según El Espectador. El caso es la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita, financiada en un 60 % con regalías. Según la Fiscalía, Aguilar autorizó en marzo de 2021 la compra de un predio de $551 millones con fuentes hídricas, bosque nativo y redes eléctricas, pese a las advertencias de un arquitecto de su Secretaría de Infraestructura, y en diciembre de 2022 firmó un contrato por $15.280 millones con estudios y diseños incompletos, que después recibió una adición de $6.500 millones. El plazo era de 12 meses, pero el contratista, la Unión Temporal Colucas 2022, solo hizo movimientos de tierra y la obra está suspendida desde febrero de 2024; después, la Corporación Autónoma Regional de Santander impuso una medida preventiva porque el 38 % de lo proyectado queda dentro de la franja forestal protectora, y el Departamento Nacional de Planeación suspendió los pagos de las regalías, según Metropolitano. Aguilar llegó a la Gobernación en 2019 por firmas, con el movimiento Siempre Santander y el aval del Partido Conservador, según Vanguardia; antes había sido senador por el PIN y por Opción Ciudadana. Es su segunda imputación ante la Corte Suprema: la primera fue por el plan de medios que su gobernación le contrató al canal regional TRO por más de $2.500 millones.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofreció en plenaria las disculpas que le ordenó el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá por el espacio de "invocación y alabanza" en la posesión de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, que según el fallo vulneró la neutralidad religiosa del Estado. Dijo que ese punto se incluyó en el orden del día "a petición de la Cancillería", según El Espectador, y que en los actos oficiales del Congreso se garantiza esa neutralidad. Es una versión distinta de la de Abelardo, que al disculparse el 30 de agosto dijo que la invocación la habían puesto las mesas directivas del Congreso. La Mesa Directiva impugnó el fallo el 1 de septiembre y se disculpó sin perjuicio de ese recurso, según El Tiempo. Henríquez terminó diciendo que seguirán trabajando "de la mano de Dios".

En la instalación del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en Girón (Santander), el presidente Abelardo de la Espriella les habló a los magistrados de la Corte Constitucional: "Podemos discrepar", les dijo, pero prometió que nunca los va a maltratar ni a desconocer, porque "el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria", según El Espectador. Es el mismo presidente que el 13 de septiembre cuestionó en una alocución los fallos que le frenaron los bombardeos donde haya indicios de menores y la fumigación en el Putumayo. En el mismo discurso volvió contra el gobierno de Gustavo Petro, que según él "pretendió refundar la nación colombiana" con ideas "ajenas a nuestra tradición"; lo llamó "régimen social comunista", según El Tiempo.