5 de octubre de 2026

El exfiscal Francisco Barbosa denunció ante la Fiscalía, por medio de su abogado Juan Camilo Caicedo, seguimientos, interceptaciones sin orden judicial y búsquedas selectivas en bases de datos en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro. Según Blu Radio, dijo que en los hechos aparecen la UIAF, la DIAN y la DNI, y que también habrían seguido a la exvicefiscal Martha Mancera. También habló de una posible estructura paralela a la Fiscalía: "No puede ser posible que haya otras entidades que funjan de Fiscalía General de la Nación en Colombia".

"Me siento perseguido", le dijo a El Colombiano.

Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, respondió en una carta a los chats que lo relacionan con el magistrado Vladimir Fernández: "Solo puedo referirme a lo que me consta". Según El Espectador, contó que Olmedo López le dijo que Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, les había recomendado a una señora para asesorar a López ante la Contraloría. También dijo que el 9 de enero de 2024 sí fue al apartamento de Irma Solangel Torres, por orden de López, para explicarle su caso, no para entregarle plata.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a ese diario que los chats no bastan para compulsar copias contra Fernández. La Silla Vacía anota que no hay pruebas de esa asesoría y que Torres salió del país; Cambio insiste en que la carta no explica qué hacía Pinilla en esa casa.

Abelardo activó en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, de 1.200 hombres, con puesto de mando en Aguachica, para frenar el robo de hidrocarburos y golpear al ELN y al Clan del Golfo. Según La Silla Vacía, Urano integra al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con la Policía y la Fiscalía, y revive el modelo que el exministro Iván Velásquez desmontó hace dos años. "Quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista", dijo Abelardo, según La FM. Y agregó que quienes estén en ese negocio "serán tratados como lo que son: terroristas". La unidad irá también contra la minería ilegal y la extorsión, según El Colombiano.

La Procuraduría le pidió a la UNGRD reabrir de manera extraordinaria el Registro Único de Damnificados del terremoto del 10 de agosto, según Blu Radio. Tras visitar Risaralda, Quindío y Caldas, encontró que el cierre del registro dejó por fuera a familias, sobre todo en zonas rurales dispersas y territorios étnicos. También encontró que los auxilios asignados no han llegado a todas las familias y que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla y que ya hubo más de 1.300 sismos asociados que causaron daños nuevos.

Cinco ministros (Jorge Mora, de Defensa; Rodrigo Lara, del Interior; Iván Cancino, de Justicia; Alexandra Falla, de las TIC, y Claudia Benavides, de Ciencia) viajaron de Catam a Facatativá en el helicóptero MI-17 de la Operación Jaque, según La FM. El helicóptero fue traído desde Tolemaida para llevarlos a una reunión intersectorial en el Cantón Militar de Comunicaciones. Según fuentes del medio, la hora de vuelo cuesta entre $23 y $27 millones y los viceministros citados llegaron por carretera en unas dos horas. El Ministerio de Defensa confirmó que "el helicóptero apoyó la jornada de los ministros en Facatativá", pero no dijo cuánto costó. La mayoría de los MI-17 están en tierra por falta de repuestos y mantenimiento, recuerda el medio.

La JEP le pidió a la Comisión Primera del Senado no aprobar el acto legislativo del Centro Democrático que pondría al Tribunal Superior Militar a revisar sus condenas a militares, según La FM. El magistrado Camilo Suárez dijo que el proyecto propone "que un tribunal de menor jerarquía termine investigando, revisando, modificando las decisiones de una alta corte". Advirtió que podría ser una sustitución de la Constitución. La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento, le dijo a El Espectador que el proyecto además suspende la ejecución de las sentencias y que la Justicia Penal Militar fue "un mecanismo de encubrimiento" de los falsos positivos.

Abelardo reunió en Barranquilla a los ministros de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; de Ambiente, Fabio Arjona; de Hacienda, Miguel Gómez, y de Minas, María Nohemí Arboleda, por la crisis del agua en Santa Marta, según El Espectador. También estuvo la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. "En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta", escribió en X. El 25 de septiembre había descartado las plantas desalinizadoras por inviables y prometió otra alternativa con esa plata, cerca de $786.000 millones.

La junta de la ANDI aceptó la renuncia de Bruce Mac Master y anunció que integrará un comité para buscar a su sucesor o sucesora, según El Espectador. En su comunicado, el gremio dice que trabajará con el Gobierno "preservando siempre su independencia, su autonomía y su lugar institucional". No menciona las "múltiples presiones" de las que habló Mac Master en su carta de renuncia. Según La Silla Vacía, para el cargo suenan María Paula Correa, exjefa de gabinete de Iván Duque, Flavia Santoro y María Claudia Lacouture.

María Fernanda Cabal escribió en X: "¿Un partido único de derecha, estilo estalinista? A eso no me inviten".

En otro trino dijo que "El Centro Democrático nunca respondió mi solicitud de escisión", y en uno más, que se identifica "plenamente con el Partido Republicano del ala de Trump".

En una entrevista radial negó que un "chisme" hubiera roto su relación con Abelardo y repitió que aspira a la Presidencia en 2030, según El Colombiano.

Dijo que la propuesta de llegar al Partido Republicano vino de la familia de Rodolfo Hernández.

Dos trabajadoras de la Biblioteca Nacional que pidieron reservar su nombre le dijeron a El Espectador que su nueva directora, Julia Daza, "no tiene idea" de lo que se necesita para dirigirla. Daza se posesionó el 1 de octubre ante la ministra de las Culturas, Paola Holguín, y su hoja de vida no registra experiencia directa en bibliotecas ni en gestión patrimonial. El Ministerio sostiene que sí cumple los 72 meses de experiencia relacionada que exige el cargo.

Cuando el diario pidió hablar con Daza, el Ministerio de las Culturas respondió que "hasta el momento no hay autorización de Presidencia para entrevistas".