Fico Gutiérrez, el censurador

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la Biblioteca Pública Piloto publicaron en sus redes la comunicación que les había ordenado el Juzgado 47 Penal Municipal por cancelar, en abril, la presentación del libro "El M-19, de la guerra a la política". El fallo les daba 48 horas; la Alcaldía apeló, el fallo quedó en firme y la carta, fechada el 3 de agosto, salió más de siete semanas después de conocerse la decisión. En ella, el Distrito y la biblioteca "reafirman su compromiso permanente" con la libertad de expresión, dedican un párrafo a las "más de 1.950 actividades de promoción de lectura" que hace la biblioteca cada año, nombran al autor, a los panelistas y a la editorial en cumplimiento del fallo, y terminan con su compromiso con "la prohibición constitucional de la censura". Según El Tiempo, con ella el alcalde reconoció públicamente que incurrió en un acto de censura.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó los mensajes que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le dirigió en X a la periodista Ana Cristina Restrepo, de Blu Radio. Todo empezó cuando Gutiérrez publicó las imágenes de los operarios de la Alcaldía tapando el mural "Defensiva Antifa", con el mensaje "Medellín se respeta", y Restrepo le contestó: "La memoria, también". Según Infobae, el alcalde le respondió: "¿Estás dispuesta a ofrecer la fachada de tu casa para que cualquier persona pinte o escriba lo que quiera? ¿Quieres ser voluntaria?". Ella le escribió que él tiene los datos completos de dónde vive, que sabe muy bien lo que está haciendo y que dejaba "la constancia de su responsabilidad en este acto de incitación". Gutiérrez contestó: "No sé dónde vive. Ni me importa" y remató: "Lo de siempre: atacan y después posan de víctimas. [...] Su activismo la delata y la perjudica". Para la FLIP, de cuyo consejo directivo hace parte Restrepo, el alcalde invitó a la ciudadanía a "vandalizar" su vivienda y calificativos como "activismo" o "posar de víctima" sirven para descalificar su trabajo periodístico. La organización también señaló al concejal Andrés "el Gury" Rodríguez y al abogado David Toledo por amplificar esa invitación con comentarios misóginos, y le pidió al alcalde que deje de estigmatizar a periodistas.

El Juzgado 47 Penal Municipal de Medellín encontró que la cancelación que ordenó el alcalde Federico Gutiérrez de la presentación del libro "El M-19, de la guerra a la política" en la Biblioteca Pública Piloto fue un acto de censura y vulneró la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política. Era la segunda vez: el mismo juzgado había fallado igual el 8 de mayo, pero un juzgado de segunda instancia anuló ese fallo el 18 de junio porque no se había vinculado al proceso al autor, Jaime Rafael Nieto López, ni a los panelistas ni a la editorial, y ordenó repetirlo, según El Colombiano. Con ellos adentro, el resultado fue el mismo. "Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público", dice la decisión, citada por El Espectador. Sobre el argumento de la Alcaldía, la Ley de Garantías, el juzgado dijo que su aplicación "resultó extensiva e indebida, al equiparar un ejercicio legítimo de reflexión académica y crítica social con una actividad electoral", y que la decisión "se sustentó más en inferencias y apreciaciones subjetivas que en un análisis probatorio serio". Que la charla se hubiera hecho de todas maneras no borró la vulneración. El juzgado les ordenó a la Alcaldía y a la biblioteca publicar, en 48 horas, una comunicación oficial que reconociera que afectaron los derechos del autor, de los panelistas y de la editorial, por los mismos canales por los que anunciaron la cancelación.

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín, de Federico Gutiérrez, taparon con pintura gris un grafiti de gran formato en un intercambio vial cerca de la Terminal del Norte que decía "Las cuchas tienen razón". La frase hablaba de las madres de desaparecidos de la Comuna 13, que durante años dijeron que los paramilitares habían enterrado a sus familiares en La Escombrera; un mes antes, la JEP y la Unidad de Búsqueda habían encontrado allí los primeros restos humanos. Como recordó El Espectador en un editorial, la propia administración de Gutiérrez había contratado un estudio internacional que dijo que no había motivos para excavar en ese terreno; para el diario, el borrado "no tiene otra palabra que censura". Según La Silla Vacía, el mural tenía la imagen de una madre buscadora y el rostro de Álvaro Uribe, que ordenó la Operación Orión, con la mitad convertida en calavera. No era el primero: la Alcaldía ya había borrado cerca de la estación Acevedo del Metro otro mural, "Nos están matando", pintado durante el estallido social de 2020. El secretario de Cultura, Santiago Silva, le dijo a El Tiempo que ninguno de los dos tenía el permiso que exige el acuerdo municipal sobre grafitis y que, sin ese permiso, la Administración puede borrarlos. Gutiérrez ya había escrito que el grafiti artístico está regulado en la ciudad y que "otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad". Los colectivos volvieron a pintar los dos murales.