Las 36 entradas que Abelardopedia registró el 19 de noviembre de 2026, con enlace a la fuente periodística de cada una. Es un corte del archivo por fecha: lo que se supo ese día, tal como quedó registrado.

Día · 36 entradas.

Daniel Maldonado graba disfrazado a Matador y le pide que deje de "agredir a su mujer"

El influenciador abelardista Daniel Maldonado publicó en X un video en el que, disfrazado, entrevista en Pereira al caricaturista Julio César González, Matador. "Doctor, como le recomendé, por favor deje de agredir a su mujer", escribió con el video. Horas antes, la cuenta abelardista "Muy enojado soy" había escrito: "Celebrando el vídeo que le hicimos al Maltratador". Y al día siguiente escribió: "Se infiltró y grabó a la persona más detestable de la sociedad". Ninguno de los trinos da una fuente de lo que le atribuyen a Matador.

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Adriana Martínez y Miguel Zárate insultan a Petro por el "golpe": "MUCHO HIJUEPUTA"

Cuentas abelardistas atacaron en X a Gustavo Petro, a quien acusan de promover un golpe de Estado. Adriana Martínez escribió: "UYYYYY MUCHO HIJUEPUTA". Y siguió: "Petro sin sonrojarse promueve un golpe de estado al presidente Abelardo". Lo llamó "criminal, explotador sexual y aliado de terroristas". Miguel Zárate escribió: "El adicto a prostitutas y droga debe ir preso si va a seguir promoviendo el delito de sedición, asonada y rebeldía, así de simple".

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By Viral 24 dice, sin pruebas, que Petro está detrás del asesinato de Miguel Uribe

La cuenta abelardista By Viral 24 escribió en X que Gustavo Petro "Está detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay". En el mismo trino lo llamó "NARCOTRAFICANTE Y VIOLADOR SEXUAL" y le dijo: "Petro dentro de poco te irás Preso!!". No dio ninguna prueba.

Al día siguiente, sin fuente, escribió: "Se conoce que @ISAZULETA habría ayudado a falsificar certificados a @Veronicaho88 para obtener el aval en el @PactoCol y contratos en la DIAN durante el gobierno @petrogustavo". Las cuentas que menciona son las de la senadora Isabel Cristina Zuleta y la representante Luz Verónica Estrada Holguín.

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Matan en Carmen de Apicalá al hijo de un concejal y a otro joven

Santiago Barrios, hijo del concejal de Carmen de Apicalá (Tolima) Fredy Barrios, y Juan Meneses fueron atacados a tiros en la noche por hombres que iban en moto, como cuenta El Nuevo Día. Estaban en la entrada del municipio. Meneses murió en el lugar y Barrios, poco después de llegar a un centro asistencial de Girardot.

El senador Germán Rodríguez escribió en X sobre "nuestro concejal Fredy Barrios" y pidió capturar a los responsables. El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez escribió: "Acompaño en su dolor a mi querido amigo, Fredy, y su familia".

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Tarazona dice que un video muestra a funcionarios de la DNI en el atentado a Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, dijo en una entrevista de televisión que un video mostraría a dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el lugar del atentado, como cuenta El Heraldo. El video es del 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia de Bogotá. "¿Qué hacían allí funcionarios de inteligencia mientras se atentaba contra la vida de Miguel?", preguntó. Recordó que la DNI no tenía a su cargo la protección del senador. Tarazona dijo que la Fiscalía corroboró el video y que organismos internacionales lo analizaron para descartar que estuviera alterado.

Dijo también que en la Fiscalía le contaron que varias disidencias de las Farc "se habían repartido el costo del magnicidio de Miguel", y habló de $500 millones que habría trasladado un integrante de las disidencias.

Las palabras de Tarazona volvieron a despertar dudas sobre la presencia en el lugar de Víctor Gutiérrez, que trabajó cerca de 11 años en la DNI, cuenta El Heraldo. Al día siguiente, Gutiérrez dijo en la radio que renunció con efecto desde el 9 de diciembre de 2022. "Yo no era funcionario de la DNI, hacía dos años me había retirado", recoge otra nota del mismo diario. Contó que fue al evento invitado y que conocía a Miguel Uribe desde joven: "Ese día lo único que hice fue agacharme y salir a correr como cualquier persona".

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Hollman Morris denuncia que quedó bloqueada la camioneta blindada de su esquema

Hollman Morris, exgerente de RTVC, denunció en X que la camioneta blindada de su esquema de protección quedó bloqueada la noche anterior, "al parecer" desactivada "a través de un chip que maneja la empresa dueña del automotor". Dijo que nadie de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo llamó a explicarle, como cuenta Infobae. Le recordó al director, Didier Blanco, que él y su familia tienen medidas cautelares de la CIDH y que sus últimos estudios de seguridad dicen que "el riesgo extremo se mantiene". La nota no trae una respuesta de la UNP.

La Fiscalía imputó a Morris el 17 de noviembre por acto sexual violento; él dice que es inocente. Al día siguiente, cuentas abelardistas se burlaron de su reclamo. Miguel Zárate escribió: "No creo que necesite el esquema en la cárcel luego de su juicio por acoso sexual dr Morris". Ariel Ricardo Armel preguntó: "¿Quién quisiera matar a Hollman Morris?". Y se respondió: "A menos de que esté vinculado con bandidos, nadie".

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Bula habría trasladado a cinco funcionarios a la embajada en Etiopía, que va a cerrar

El canciller Omar Bula Escobar habría firmado entre octubre y la primera semana de noviembre las resoluciones que trasladan a cinco funcionarios a la embajada de Colombia en Etiopía, como recoge Infobae. Es una de las 14 embajadas que Abelardo de la Espriella anunció que cerraría. Son Manuel Alberto Casanova, que estaba en Guyana; Carolina Solano Gutiérrez, en Ginebra; José David Moreno, en República Dominicana; Ricardo Montenegro Coral, en Brasil, y Wilmar Díaz Zapata, en Venezuela.

La embajada abrió el 26 de agosto de 2025 y funcionó con un embajador y un auxiliar administrativo contratado en el país; el embajador dejó el cargo después del cambio de gobierno. Cada traslado costaría unos $80 millones en pasajes, viajes y mudanzas, y estos cinco no habrían estado en el cálculo anterior de $1.400 millones en traslados. No se sabe qué harán en Adís Abeba ni cuándo cierra la sede. El periodista Melquisedec Torres le preguntó al canciller en X: "¿a son de qué este enorme gasto?".

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Abelardo exhibe a alias Blue, capturada en Cali: "Bienvenida a la patria milagro"

Abelardo de la Espriella publicó en X el video de la captura en Cali de una mujer conocida como alias Blue. En el trino la señala de participar durante ocho años en actos violentos en las manifestaciones. En el video, un funcionario cuenta que en su maleta encontraron aerosoles, "unas canicas y una pólvora negra". Abelardo le habla a la detenida: "A esta señora le tiene que caer todo el peso de la ley. Bienvenida a la patria milagro", como cuenta Infobae. Tenía una orden de captura vigente por terrorismo y por violencia contra servidor público, dice la nota.

El Heraldo agrega que las autoridades indagarían su presunta participación en "actividades de propaganda a través de grafitis, reclutamiento de jóvenes en universidades públicas del país" y su pertenencia a la primera línea; todo lo atribuye a lo que dijo el presidente. La Presidencia confirmó la captura en un comunicado al día siguiente. No se conoce el nombre de la capturada ni su versión.

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Luz Verónica Estrada no se graduó del colegio de Caramanta que dice su diploma

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta (Antioquia), dijo en un comunicado que la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín "no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel". Declaró falsos el diploma y el acta de grado que ella ha publicado a nombre del colegio, como cuenta El Espectador. En sus libros consta que Estrada estuvo matriculada en 2017 como repitente de octavo grado.

El colegio dijo que avisó a las autoridades y a la Gobernación de Antioquia para que se abran investigaciones penales y disciplinarias "por los delitos de falsedad en documento y suplantación". El comunicado llega después de que la Universidad Nacional dijera que Estrada no se graduó de Minas.

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José Daniel Calvo, aspirante a asesor de Función Pública, omitió tres contratos

La Presidencia publicó en su página de aspirantes tres hojas de vida para asesores del Departamento Administrativo de la Función Pública. José Daniel Calvo Ríos, licenciado en educación básica, aspira a asesor grado 10 (hoja de vida). Declara contratos como comunicador y diseñador con la Alcaldía de Pereira desde 2020; el último terminó el 17 de septiembre de 2026.

El Secop le registra tres contratos que su hoja de vida no menciona. Uno es con la Alcaldía de Pereira, de junio a diciembre de 2021, por $10.122.000. Otro es con la Defensoría del Pueblo, firmado en febrero de 2024 por $28.800.000 para acompañar a la delegada para los derechos de salud; el Secop lo marca como cedido. El más grande es otro con la Alcaldía de Pereira, de enero a diciembre de 2025, por $42.053.333: la hoja de vida no declara nada en todo ese año.

Sara Johana Mendivelso Cristiano, contadora pública especializada en alta gerencia financiera, aspira a asesora grado 13 (hoja de vida). Fue contratista del SENA en 2024 y 2025 y de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2023; sus contratos en el Secop están declarados. Jorge Enrique Zamora Sierra aspira también a asesor grado 13. Lo que la Presidencia publicó como su hoja de vida no trae el formato: son sus certificados de antecedentes y el informe de su prueba de competencias en Función Pública. El Secop le registra contratos con la Superintendencia de Industria y Comercio (2018 y 2019) y con el Instituto Nacional de Salud (2025 y 2026), y uno con la oficina de tecnologías de Función Pública hasta diciembre de 2026.

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Payares y Romero Sierra, aspirantes al DANE, no declaran contratos con Cali y La Guajira

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cuatro hojas de vida más para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que dirige Juan Manuel Alvarado Nivia. Dos de los aspirantes no declaran contratos que les registra el Secop.

Dann Robert Payares Ayola, economista con doctorado en ciencias sociales, aspira a director técnico de Censos y Demografía (hoja de vida). En octubre aspiró a subdirector del DANE con una hoja de vida que no mencionaba dos contratos de 2026 con la Alcaldía de Cali, por $38.698.000 y $24.626.000. La nueva hoja de vida tampoco los menciona. Declara contratos con el Área Metropolitana de Barranquilla hasta el 20 de octubre de 2026 y un paso por la Secretaría de Planeación de Barranquilla de 2020 a 2024, cuando la dirigía Alvarado.

Juan Felipe Romero Sierra, economista con una maestría en políticas públicas, aspira a asesor (hoja de vida). Declara contratos con la Federación Nacional de Departamentos (FND) desde 2024, con los ministerios de Minas y de Vivienda en 2020, 2021 y 2022, y con la Gobernación de La Guajira en 2017 y 2018. No menciona un contrato con la Gobernación de La Guajira que el Secop le registra del 23 de enero al 22 de mayo de 2026, por $22.000.000, para asesorar al despacho del gobernador. Desde el 25 de marzo de 2026, ese contrato corrió al mismo tiempo que uno con la FND que sí declara.

Luz Dary Aponte Bocanegra, estadística con maestría en finanzas, aspira a directora territorial (hoja de vida). Declara 16 años en el sector privado, casi todos en riesgo de crédito: fue directora de analítica del Banco Popular de 2022 a 2024 y consultora de ciencia de datos de Keyrus en 2024. Ángela Patricia Jiménez Gómez, profesional en relaciones internacionales, aspira a asesora (hoja de vida). Fue jefa de proyecto de la Cámara de Comercio, en Bogotá, de 2024 a septiembre de 2026, y antes trabajó en el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), en la Universidad de La Sabana y en el Ministerio de Educación.

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Irma Molina, aspirante a dirigir el Icfes, lleva 33 años en la Sergio Arboleda

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Irma Amalia Molina Bernal para directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). El cargo quedó vacante el 9 de noviembre, cuando Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez. Desde el 10 de noviembre lo ocupa como encargada Maribel Castro Flórez.

Molina declara 33 años y un mes como empleada del sector privado, todos en la Universidad Sergio Arboleda, y ninguno como servidora pública. Entró a la universidad en 1993, fue asistente de investigaciones desde 2002, docente investigadora desde 2007 y directora de investigaciones de la Escuela de Educación de 2015 a julio de 2024. Desde 2024 es directora de posgrados de la Escuela de Humanidades y directora académica del área de educación.

Es administradora educativa, con especializaciones en gerencia social de la educación, gerencia de recursos humanos y docencia universitaria, y magíster en docencia e investigación universitaria desde 2007. La página de la Maestría en Educación de la universidad la presenta como "Doctora en Ciencias de la Educación y Doctora Honoris Causa en Educación". El honoris causa es una distinción y no un título de estudios, pero su hoja de vida tampoco declara el doctorado en ciencias de la educación. El Secop II no le registra contratos con el Estado.

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Vergara, nuevo presidente de Fiduprevisora, declara un año como servidor público

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida del abogado Alberto Mario Vergara Puccini para presidente de Fiduprevisora. Su llegada al cargo se conoció el 18 de noviembre. Fiduprevisora es la fiduciaria del Estado que, entre otras cosas, administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Vergara declara un año como servidor público y ocho años y cinco meses en el sector privado. Su único cargo público fue el de asesor de la Subdirección de Crédito Público del Departamento Nacional de Planeación, de abril de 2020 a mayo de 2021. Desde febrero de 2023 es abogado (legal counsel) de la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial. Antes fue asociado de Holland & Knight, abogado de la gerencia jurídica de Fiduciaria Bogotá. También trabajó como abogado en Brigard & Urrutia y como asociado en Rodríguez Azuero.

Se graduó de jurisprudencia en 2016 y tiene una maestría en derecho de 2017. Fue profesor en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario unos meses de 2018 y 2019. El Secop II no le registra contratos con el Estado.

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La Presidencia publica la hoja de vida de Plazas Vega para embajador en Perú

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega para embajador de Colombia en Perú. Era el paso que faltaba desde octubre, cuando se supo que el Gobierno lo nombraría en lugar de su esposa, la exsenadora Thania Vega de Plazas, que ya tenía el beneplácito.

Plazas Vega declara 30 años y nueve meses como servidor público. Estuvo en el Ejército de diciembre de 1963 a enero de 1992, cuando salió como coronel, y después fue gerente general de la empresa Consimex hasta 1994. En 1996 pasó unos seis meses por la Cancillería: de enero a junio fue ministro plenipotenciario en una embajada que la hoja de vida no nombra, y de junio a julio, analista asesor de la Dirección de Soberanía Territorial. De agosto de 2002 a noviembre de 2004 fue director nacional de Estupefacientes, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Declara un pregrado en ciencias militares, una especialización en gestión pública y cursos de Estado Mayor en Colombia, Estados Unidos y España. Fue profesor de la Universidad de La Sabana entre 1995 y 2001. La hoja de vida no dice que pertenezca a la carrera diplomática ni declara ningún empleo después de 2004.

El formato no pregunta por procesos judiciales. Plazas Vega comandó la retoma del Palacio de Justicia en 1985; lo condenaron dos veces a 30 años de cárcel y la Corte Suprema lo absolvió. En septiembre de 2026, un jurado de Miami lo declaró no responsable por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán, y Abelardo de la Espriella celebró el fallo.

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Un juez le da 48 horas a la Cancillería para sacar del piso las cajas de libros

El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá le dio la razón al representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra en una tutela por la biblioteca Marco Fidel Suárez, como cuenta Cambio. El juez Francisco Arturo Pabón Gómez amparó sus derechos de acceso a la cultura y a la información pública. La orden es para la Cancillería, en cabeza del ministro Omar Bula Escobar y de la secretaria general, Gina Paola González Grau. En 48 horas tiene que corregir los riesgos que encontraron la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación: subir las cajas del piso, asegurar las estanterías y arreglar los riesgos eléctricos y de agua.

En cinco días hábiles, la Cancillería tiene que darle a Becerra una fecha cierta para reabrir la consulta, decir dónde están la colección general y la patrimonial y habilitar mientras tanto una forma de consultar el catálogo. No podrá trasladar, descartar, donar ni transferir libros sin un acto administrativo motivado, un inventario conciliado y las valoraciones técnicas.

En el proceso, la Cancillería reconoció que no tenía un acto administrativo que ordenara el traslado y que no ha conciliado el inventario físico con el catálogo. Sigue sin aclararse dónde están cerca de 2.000 volúmenes patrimoniales. Un informe del 22 de octubre planteó evaluar la depuración de unos 3.500 libros y conservar solo 200 de los 13.678 registros de publicaciones periódicas, aunque la Cancillería dice que no ha decidido destruir, donar ni vender ejemplares. El 13 de noviembre, el mismo juzgado ya había fallado una tutela de la abogada Cindy Charlotte Reyes Sinisterra.

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Arlene B. Tickner: en 100 días el Gobierno "ha echado al traste" la reputación del país

En su columna en El Espectador, Arlene B. Tickner escribe que "en tan solo 100 días el nuevo Gobierno ha echado al traste el cimiento centenario del goodwill colombiano": la reputación que el país construyó defendiendo el derecho internacional y el multilateralismo. Lo dice "más allá de excentricidades de difícil comprensión mundial", como la decisión de Abelardo de la Espriella de no salir del país. Tickner fue embajadora alterna de Colombia ante la ONU en el gobierno de Gustavo Petro.

Le preocupan sobre todo cuatro decisiones. Dos tienen que ver con Israel: el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán y el traslado de la embajada a Jerusalén. Las otras dos son el voto contra el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba y la posible salida del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Menciona también los cambios de postura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las críticas al Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad y la criminalización de los migrantes venezolanos.

Para Tickner, atar la reputación de Colombia "al proyecto global de la extrema derecha y a Trump y Netanyahu" es "no solo torpe sino ruinosa". Cierra: "En lugar de un milagro, estamos al frente de una tragedia profunda que corre riesgo de volverse irreversible".

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La JEP eleva a 7.961 las víctimas de falsos positivos y señala a 10 generales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló a 10 generales retirados del Ejército como máximos responsables de la expansión de los falsos positivos entre 2005 y 2008, como cuenta El Espectador. Siete fueron llamados a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Son el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena, el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco y los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiroz. Los procesos de Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para un proceso adversarial.

En la misma audiencia, la JEP elevó de 7.837 a 7.961 las víctimas de falsos positivos con nombre propio entre 1990 y 2016, como cuenta otra nota del mismo diario. Concluyó que el fenómeno se dio desde al menos 2002 y que entre 2005 y 2008 se concentró "el 76 % de la victimización". El presidente de la JEP, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, dijo: "Las víctimas aumentaron cuando la actividad de las guerrillas y paramilitares disminuían. Por ejemplo, en 2007, por cada víctima de acciones bélicas de las Farc, hubo más de ocho víctimas de este fenómeno".

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La decana de Derecho de la Nacional rechaza que la Policía entrara de madrugada al campus

Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, rechazó en un comunicado la entrada de la fuerza pública al campus de Bogotá en la madrugada. Pasó en el edificio 201, "Gabriela Peláez Echeverry", y la decana dijo que desconoce "los hechos ocurridos y los motivos que dieron lugar a esta intervención". Escribió: "En mi calidad de Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, rechazo categóricamente cualquier ingreso de la fuerza pública al campus y a las instalaciones de la Facultad". El comunicado lo publicó en X el periodista Ricardo Ospina.

Después, las autoridades dijeron que, tras una alerta, las directivas de la universidad pidieron un registro en los edificios de Sociología y Derecho. Lo hicieron agentes de la Sijín y de la Sipol de la Policía de Bogotá, que encontraron pancartas, máscaras antigás, tarros de pintura y "prendas empleadas para amenazar estudiantes y cometer vandalismo", como cuenta La Silla Vacía.

Ese día de marchas hubo disturbios cerca de la universidad, en la calle 26 y en la carrera Séptima con calle 46, donde intervino el ESMAD. El ministro de Justicia, Iván Cancino, apoyó la decisión del Gobierno de permitir que la Policía entre a las universidades públicas cuando haya hechos de violencia.

Al día siguiente, la exsenadora María Fernanda Cabal citó la noticia en X: "Cultivar pichones de terroristas con la excusa de la autonomía universitaria. País de mamertos que nos expone a los demás a sufrir la violencia por no detener estas conductas".

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MinCiencias cuestiona un convenio del gobierno Petro: $1.600 millones en cuatro días

La ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, dijo en un video que publicó la Presidencia en X que el Ministerio encontró "presuntas irregularidades" en un convenio con la Asociación Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (Umiyac). El Ministerio dice que el convenio empezó a ejecutarse 11 días antes del cambio de gobierno, cuando la ministra era Ángela Yesenia Olaya Requene, y que cuatro días después se giraron $1.600 millones, el 80 % de los recursos comprometidos. Dice también que en menos de 10 días salieron $825 millones de la cuenta de la asociación, $500 millones de ellos el 6 de agosto, la víspera de la posesión de Abelardo.

Benavides dice que hasta ahora han salido de la cuenta $1.200 millones sin que se justifique a qué se destinaron, con informes financieros que se contradicen. Dice también que el convenio no establece cómo recuperar la plata que no se ejecute. "Los colombianos merecen respuestas", dijo en el video, que el Ministerio también publicó en X. El Ministerio evalúa acciones jurídicas para proteger esos recursos. Benavides aclaró que al Ministerio le preocupa el procedimiento, sea cual sea el objeto de la organización contratada.

El 2 de noviembre, Benavides ya había denunciado irregularidades por más de $9.800 millones en los recursos para la investigación del gobierno de Gustavo Petro.

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Abelardo llama a Petro "sujeto amoral" y le advierte contra promover "un golpe de Estado"

En Cali, al cierre de las marchas de la oposición, Gustavo Petro llamó a una movilización permanente para cambiar el Gobierno, que no reconoce como legítimo porque alega un fraude en las elecciones. "No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030", dijo, como cuenta El País. Agregó que "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato". La Silla Vacía cuenta que propuso que la consigna del pueblo fuera pedirle la renuncia a Abelardo. En Bogotá, la exsenadora María José Pizarro advirtió: "Que se prepare Abelardo, que se prepare este gobierno, porque apenas estamos empezando", recoge otra nota del mismo medio.

Esa noche, en el balance de las marchas, Abelardo le respondió. Dijo que no le importa que Petro se meta con él y preguntó qué podía importarle "lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad". Y advirtió: "Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia como lo hizo cuando fue guerrillero". Les pidió además a las autoridades judiciales de Estados Unidos que avancen en las investigaciones contra Petro y dijo que ese país tiene competencia para procesarlo "y ojalá encarcelarlo". Llamó al gobierno anterior una "empresa criminal", como cuenta El Espectador.

En el mismo balance, Abelardo propuso una marcha propia: "Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior", como cuenta El Heraldo. Pidió que fuera pacífica; la nota no da fecha ni convocatoria. Su vocero, Miller Soto, difundió la frase en X.

Petro le contestó en X, recoge La Silla Vacía: "Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder". Antes, el representante Daniel Briceño había compartido un video del discurso editado sin la parte en que Petro dice que la marcha debe ser "pacífica", con el mensaje "Petro anuncia un golpe de Estado contra el presidente Abelardo De la Espriella", como cuenta El País.

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