Presupuesto 2027

La reforma agraria de Petro se está empezando a desmontar a través del presupuesto que se le asigna. Ante las comisiones económicas, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que no girará los 1,4 billones que quedaron pendientes por las tierras compradas en el Gobierno anterior (unas 350.000 hectáreas por 3,9 billones, de una meta de tres millones): "No vamos a girar un solo peso de esos $1,4 billones (…) hasta que no verifiquemos que ahí no hay torcidos". Dice que en 15 o 20 operaciones revisadas encontró precios por encima del mercado, que la auditoría podría durar hasta diciembre y que en 2027 no habrá plata para comprar más predios porque "existe un fondo con un millón de hectáreas disponibles". El presupuesto del sector cae 32 %, de 4,1 a 2,7 billones, y la inversión 44 %, mientras el funcionamiento sube 8,5 %. También anunció que no va a renovar 10.000 contratos de prestación de servicios, que cuestan unos 540.000 millones, y van a apostarle al crédito: "Con $100.000 millones puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años". Según el ministro, recibió el sector "en sala de urgencias", usará 2027 para "normalizar al paciente" y los grandes proyectos empezarían en 2028.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó comunicado sobre el presupuesto de 2027 y lo primero que hace es reconocerle al Gobierno que las cuentas por fin se parecen a la realidad. Según el CARF, el primer proyecto, radicado el 29 de julio por el gobierno de Gustavo Petro, pedía $575,7 billones; las comisiones económicas del Congreso lo devolvieron el 11 de agosto, algo que no pasaba desde 2003; y el 27 de agosto el Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez Martínez presentó uno nuevo por $635 billones, el 29,9 % del PIB, que reconoce lo que faltaba en salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el fondo de combustibles.

Pero el CARF también prende la alarma. El déficit primario (lo que le falta al Gobierno para cubrir sus gastos sin contar los intereses de la deuda) se iría a 4,5 % del PIB, contra el 0,5 % que prometía el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El déficit total rondaría el 10 % del PIB y la deuda neta el 67,3 %, cerca del límite de la regla. Buena parte del aumento del presupuesto es deuda: el servicio de la deuda crece 54,7 % y el gasto sin deuda solo 5,3 %; los ingresos corrientes caen 7,4 % y se compensan con un 59,6 % más de recursos de capital, es decir, más créditos. Y hay riesgos que todavía no están contados: en salud faltarían unos $8,2 billones, las pensiones dependen de traslados al régimen público pese a que la ventana excepcional se cerró, los subsidios de energía bajan justo cuando asoma El Niño, y el costo del terremoto no está plenamente incorporado.

La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió en una reunión con la bancada del Centro Democrático y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, que al Gobierno le faltan hasta $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre. Colpensiones necesita cerca de $58 billones para cerrar el año y ese hueco, dijo, no tiene cómo cubrirse: "No está la plata, no están los recursos". El Ministerio le pidió a Hacienda garantizar el pago de esas dos mesadas del régimen de prima media, según La República.

La presión sigue en 2027: Colpensiones necesitará unos $96,8 billones, de los cuales cerca de $46 billones tendrían que salir de transferencias de la Nación, y el sector Trabajo arrastra el faltante de $4,84 billones que la ministra ya le había advertido al Congreso. Según Asofondos, el alza de 23 % del salario mínimo subió en unos $5 billones el aporte estatal a las pensiones de este año, que llegaría a cerca de $40 billones, informó El Colombiano. López dijo además que el Ministerio no tiene cómo sostener las cerca de 1.000 órdenes de prestación de servicios que heredó, porque se comen la plata de los programas de empleo.

Abelardo de la Espriella recibió el 16 de septiembre de 2026, en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, a representantes de 11 comunidades indígenas, en lo que presentó como el arranque de una hoja de ruta para el diálogo con esos pueblos. "Gobernar desde las regiones también significa escuchar, dialogar y llevar la presencia del Estado hasta cada comunidad", escribió. Ese mismo día, en el debate del presupuesto de 2027, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció un posible ajuste de los recursos que su cartera les gira a esas comunidades.

Según El Espectador, Lara dijo que en los asuntos indígenas se detectaron posibles irregularidades "con mínima o prácticamente ninguna trazabilidad" y que más de $350.000 millones en transferencias de ese tipo habrían servido para movilizar mingas durante el gobierno de Gustavo Petro. Para 2027 pidió $80.900 millones de inversión y $109.000 millones de funcionamiento para la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y aseguró que buscará un diálogo "amplio e incluyente" que evite la politización del proceso.

El gremio defendía un aumento de 15,6 % para la unidad de pago por capitación y el Gobierno decretó 12,94 %, una diferencia que según su presidente, Bruce Mac Master, deja un déficit de $3,7 billones, como cuenta La República. El problema se traslada al año entrante: el presupuesto de 2027 contempla $72,4 billones en aseguramiento, de los cuales $49,9 billones son aporte directo de la Nación, y con esa apropiación solo queda margen de 5 % para subir la UPC, cuando la ministra de Salud ya anticipó que el ajuste podría ser de 12 % o 13 %. El Ministerio de Salud pidió $13,9 billones más de los que quedaron radicados. A eso se suma el terremoto: hay 440 instituciones de salud afectadas, 19 que necesitan reconstrucción total por cerca de $900.000 millones y otras 100 que requieren adecuaciones mayores por unos $582.000 millones. "La política pública fija prioridades; el presupuesto determina su viabilidad", dijo Mac Master.

El senador uribista Carlos Meisel confirmó que la ponencia del presupuesto de 2027 para primer debate está lista y le recorta más de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que irían al deporte y a la Rama Judicial, según La Silla Vacía: "Hay un gran consenso en la reducción de la JEP y eso hay que anunciarse al país con claridad". Es más que los $100.000 millones que proponía Enrique Gómez Martínez y que el presidente Abelardo de la Espriella respaldó. El Gobierno le había asignado a la JEP $821.803 millones y el tribunal pedía $947.642 millones, según Infobae. Al recorte se sumó el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de las curules de paz para las víctimas e hijo del exjefe paramilitar alias "Jorge 40". Propuso quitarle a la JEP $100.000 millones y pasarlos a los municipios PDET y a la Unidad para las Víctimas: "La JEP tiene más de 1.400 funcionarios, además 800 contratistas, y en diez años van tres sentencias". El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se está reuniendo con congresistas para defender los resultados del tribunal. Las comisiones tienen hasta el viernes 25 de septiembre para aprobar la ponencia.

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto de 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella, de $634,9 billones, y lo mandaron a las plenarias, que tienen plazo hasta el 20 de octubre, según El Espectador. De las 614 proposiciones de los congresistas, que sumaban $111 billones, ninguna se discutió, según La Silla Vacía; la única que aceptó el Gobierno fue la del senador Enrique Gómez Martínez, hermano del ministro de Hacienda, para recortarle a la JEP, que terminó perdiendo $170.000 millones. También pasaron dos artículos que le permiten al Gobierno recoger excedentes de liquidez de las entidades y redimir antes de tiempo bonos de deuda sin pasar por el Congreso. "La fiesta fue muy larga. Ahora estamos obligados a pagar la cuenta", dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, según El Colombiano: de cada $100 del presupuesto, $86 se van en funcionamiento y deuda. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, celebró que la coalición de gobierno "está funcionando muy bien".

"Ya no hay que hablar más de la JEP. El único mensaje claro es que aquí no se está asfixiando ninguna figura (...) más bien que trabajen, que hagan su trabajo", dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, en un video que publicó La Razón.co en Facebook. Según el medio, aseguró que el Gobierno no reducirá los recursos que la JEP ejecuta históricamente cada año y que el ajuste responde a la situación de las finanzas públicas. La JEP denuncia una estrategia de asfixia por el recorte de $170.000 millones que ese mismo día aprobaron en primer debate las comisiones económicas del Congreso.

Mientras el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendía el presupuesto de 2027 en la Cámara, el representante conservador Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera, reunió en su oficina a más de 10 congresistas de la coalición de gobierno, cuenta La Silla Vacía con cuatro fuentes directas. Con Carlos Cuenca, de Cambio Radical, les pidió que no tumbaran los artículos 80 y 83, que le dan al Gobierno facultades para hacer traslados presupuestales sin pasar por el Congreso: "Háganlo por mí". Según uno de sus colegas, días antes estaba en contra de esos artículos; se movió después de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, lo llamó para decirle que en el Gobierno creían que él estaba detrás de su posible hundimiento. Toda la coalición votó a favor y el presupuesto pasó el primer debate. Cuello le dijo al medio que "no hubo intimidación", que les pidió "a título personal" que el proyecto saliera adelante y que les dijo que "este es un gobierno que está empezando". En la campaña, Abelardo de la Espriella lo había acusado de "robarse el Cesar" y en un evento en Valledupar le advirtió: "Vea a ver qué va a hacer conmigo porque le llegó quién lo va a ajustar".

En Razón Pública, el profesor de la Universidad Nacional Jorge Armando Rodríguez acepta que las finanzas públicas están mal ("grave, sin llegar a ser crítica") pero discute la receta del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Con las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muestra que la deuda neta llegaría en 2027 a 67,3 % del PIB, la más alta de la historia, y que el salto no viene de más gasto: sin ajuste, el gasto primario sería de 20 % del PIB, casi igual al de 2025 y 2026. Lo que empuja la deuda son los intereses, que llegarían a 4,9 % del PIB, y la caída del recaudo, que bajaría a 14 % del PIB, el nivel más bajo desde la pandemia. Al anunciar que no subirá impuestos, el Gobierno pone todo el peso del ajuste en el gasto, y eso, escribe, "es una decisión, no una obligación". Rodríguez critica también que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, deje la reconstrucción del terremoto sobre todo en manos privadas porque, según el ministro, "no tenemos espacio fiscal para hacer eso", y advierte que un recorte mal diseñado puede hacer más difícil pagar la deuda si golpea los bienes públicos que necesita la economía para crecer.

En campaña, Abelardo de la Espriella prometió que Colombia crecería al 7 %; su vicepresidente, José Manuel Restrepo, ya habla de 6 %. Los pronósticos no se acercan, según El País: Bancolombia rebajó su proyección para 2027 de 2,6 % a 2,4 %, BBVA Research espera 2,3 % y BTG Pactual 2 %, y, fuera del rebote que siguió a la pandemia, el país no crece por encima del 6 % desde 2011. El problema es que el ajuste de 2,2 puntos del PIB que prepara el Gobierno (unos $45 billones menos de gasto en 2027) le quita fuerza al motor que movió la economía con Gustavo Petro: según Lumen Economic Intelligence, el gasto público explica el 63 % del crecimiento de los últimos tres trimestres y sin él la economía habría crecido 1 % y no 2,7 %. El recorte cae además sobre la inversión, incluidos los subsidios a los más pobres. Y crecer poco también recauda poco: el presupuesto de 2027 calcula $298,2 billones en impuestos, 3,5 % menos de lo que proyectaba el gobierno anterior en julio, pero el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insiste en que no subirá impuestos.

Caracol Radio conoció tres cartas en las que abogados de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que la nota no nombra, piden protección internacional para cerca de 300.000 víctimas acreditadas en los 11 macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En dos, le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para las víctimas que participan en la JEP y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Alegan el recorte que les hace a las dos el presupuesto de 2027 que discute el Congreso y el proyecto de acto legislativo 04 de 2026, que pondría a la justicia penal militar a revisar de manera automática las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública. En la tercera le dicen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que esos hechos comprometen la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP, y que el Estado incumple el acuerdo de cooperación que firmó con esa Fiscalía el 28 de octubre de 2021. Según Caracol, las cartas se suman a otras comunicaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública que piden proteger a la JEP; la senadora María Clara Posada denunció que funcionarios del tribunal presionan a militares para que le pidan medidas a la CIDH.

Nigel Clarke, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, cerró una visita de cuatro días a Bogotá en la que se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Al terminarla dijo que el Fondo está dispuesto a apoyar un programa de reformas diseñado por el propio Gobierno, según El Colombiano. Celebró el pedido de Abelardo de la Espriella de estrechar la colaboración, pidió actuar pronto para reducir los desequilibrios fiscales sin descuidar el gasto social y anunció que a comienzos de octubre recibirá en Washington a una delegación del Ministerio de Hacienda. Sería el cuarto programa con condiciones del Fondo desde 1999, después de los de ese año, 2003 y 2005, cuenta La República. El Gobierno no ha dicho qué crédito busca y la opción que más suena es una línea de precaución y liquidez, dice La Silla Vacía. "La palabra clave aquí son las condiciones", le dijo a La FM el exministro Mauricio Cárdenas, que prefiere recortar el gasto antes que subir impuestos.

Con dos personas que han estado en reuniones privadas del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y del vicepresidente José Manuel Restrepo con inversionistas, La Silla Vacía reconstruyó el plan de ajuste del Gobierno: 2,2 % del PIB, unos $45 billones. El 75 % vendría de recortar gastos de funcionamiento, alrededor de $34 billones, entre ellos una nómina que Gómez considera inflada y unas 250 partidas de "otras transferencias". El otro 25 % serían ingresos nuevos, que el Gobierno llama "un ajuste de ingresos" y que los inversionistas entienden como una reforma tributaria, aunque Abelardo de la Espriella y su ministro han repetido que no subirán impuestos. Antes vendría la plata del FMI: la primera opción es una Línea de Precaución y Liquidez, que según cálculos del medio daría hasta 8.300 millones de dólares el primer año. La urgencia es la caja: los depósitos del Tesoro están en su nivel más bajo desde 2012, descontada la inflación, y antes de diciembre el Gobierno necesita colocar $26 billones de deuda. La ley del ajuste, que iba a llegar en septiembre, se presentaría después de aprobado el presupuesto, el 20 de octubre a lo más temprano.

En el proyecto de presupuesto de 2027, los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 bajan de unos $6 billones a poco más de $1 billón, según La Silla Vacía. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, le había dicho al Congreso que se necesitan unos $6 billones y que la cuota asignada es de $1,4 billones. Según el Departamento Nacional de Planeación, es una desfinanciación del 77 %, la más alta de la historia.

Los expertos que consultó el medio creen que el golpe lo recibirán sobre todo las empresas de energía, a las que el Estado ya les debe unos $7,9 billones. Aun así, los gremios del sector le han dado un voto de confianza al Gobierno y uno de sus presidentes, José Camilo Manzur, de Asocodis, llegó a la junta de Ecopetrol.

"Ante esto están arrodillados al gobierno y callados", dice Edwin Palma, exministro de Energía de Gustavo Petro.

Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, le dijo a El Espectador que el recorte de $170.000 millones que estudia el Congreso para 2027 "sería paralizar la actividad judicial de la JEP". Sin esa plata, explicó, la JEP solo podría pagar cuatro meses de la protección de víctimas, testigos e intervinientes amenazados, que pone la Unidad Nacional de Protección con recursos de la JEP. "Lo que está de por medio no es el fracaso inducido de la JEP, es el fracaso del Estado", dijo. También le respondió a la senadora María Clara Posada, que le ve un conflicto de interés porque fue contratista del PNUD antes de que la JEP firmara 22 convenios con ese programa por $182.120 millones. "No fui funcionario, directivo ni ordenador del gasto en ninguna agencia de Naciones Unidas", dijo, y contó que el primer convenio lo firmó en 2018 otra secretaria ejecutiva.