Asfixia a la justicia transicional

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas advirtió que la enmienda al proyecto de presupuesto de 2027 le deja $59.636,5 millones de inversión: $16.636,5 millones menos que en 2026, un recorte del 21,8 %, y $52.366 millones menos de lo que la entidad calculó que necesita. Esa plata paga las investigaciones, las exhumaciones, los laboratorios de identificación y los equipos en las regiones que buscan a más de 137.000 personas desaparecidas. Según la Unidad, con el recorte tendría que cerrar al menos la mitad de los seis centros forenses de identificación que abrió en el último año, se frenaría la localización de más de 10.000 personas que se presumen vivas y quedarían sin hacer más de 10.000 exhumaciones en más de 15.000 puntos ya identificados. "La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial", dijo su directora, Luz Janeth Forero Martínez. La entidad pide que por lo menos se le mantengan los $76.273 millones de 2026, aunque advierte que ni eso cubriría lo que necesita. El recorte llega en el primer presupuesto del gobierno de Abelardo de la Espriella, que con $634,9 billones es el más alto de la historia.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo en la rendición de cuentas anual del tribunal que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo Ramelli a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.

El exdiputado del Valle Sigifredo López, secuestrado casi siete años por las extintas Farc, pidió recoger firmas para eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz y la llamó "un monumento a la impunidad", según Semana. Dijo que en siete años y medio de funcionamiento el tribunal gastó $4,2 billones y produjo solo cuatro sentencias: "Esas cuatro sentencias es lo que produce un juez penal cualquiera en Colombia en una semana, en dos semanas". Criticó que los condenados no recibieran penas intramurales: "No fueron condenas intramurales, les daban permiso para salir del país; algunos de ellos estuvieron 8 años en el Congreso ganando más de 50 millones de pesos, una completa burla a la dignidad de las víctimas". Llamó a los más de 10 millones de víctimas registradas en el país a "recoger firmas de respaldo a los congresistas y al gobierno que quieren acabar con esa institución". La nota lo presenta solo como víctima de las Farc y no menciona lo que la propia revista contó en mayo: que López se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella y les pidió a las víctimas votar por él en primera vuelta.

Después de que el presidente Abelardo de la Espriella aplaudiera la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz, los críticos del tribunal llegaron en cascada. El exsenador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) pidió "cancelar todos los contratistas de la JEP (cerca de 800) y que se deje solo su nómina, que de por sí es exagerada e inútil", y dijo que la planta es de 1.456 puestos y el presupuesto de este año, $744.658 millones, según Semana. Sofía Gaviria, de la Federación de Víctimas de Colombia, celebró el recorte; Ingrid Betancourt dijo que el tribunal ha sido ineficaz para garantizar la verdad y la reparación, y el exrepresentante Jaime Felipe Lozada pidió que se recorte "sustancialmente" si los resultados no justifican los recursos. La senadora María Clara Posada sumó su propia lista de lo que llamó "lujitos": $114.202 millones en el arriendo de la sede, $40.365 millones en la defensa jurídica de los desmovilizados de las Farc y $31.374 millones en operadores logísticos, según La FM. Ese mismo día la JEP salió a contar lo suyo con la etiqueta #YoCreoEnLaJEP: cerca del 92 % de los máximos responsables identificados ha reconocido su responsabilidad y, junto con la Unidad de Búsqueda, ha entregado 296 cuerpos, publicó el tribunal y recogió La Silla Vacía. La decisión queda en manos de las comisiones económicas del Congreso.

"A nadie puede sorprender que el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiera destruir la JEP", escribe el novelista Juan Gabriel Vásquez en su columna de El País, mientras la ponencia del presupuesto de 2027 le quita más de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo ve como "el último coletazo" de la guerra de la extrema derecha contra el Acuerdo de 2016. Recuerda que el Gobierno de Iván Duque le puso "palos entre las ruedas" con unas objeciones que retrasaron meses su arranque y que después la oposición al Acuerdo, liderada por Álvaro Uribe Vélez, la acusó de lenta y de fomentar la impunidad. Tampoco salva al Gobierno de Gustavo Petro, que según él desatendió el Acuerdo por "la grotesca irresponsabilidad de la Paz Total". Defiende la JEP como un lugar de encuentro entre víctimas y victimarios que sacó a la luz verdades como las de La Escombrera o el reclutamiento de niños por las Farc. Cierra: "La JEP se puede criticar, mejorar y fortalecer, pero asfixiarla o desmantelarla es, aparte de ilegal, una torpeza y una agresión a quienes han encontrado refugio en ella".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, celebró desde Ginebra el trabajo que hacen juntos, en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila), exjefes de las Farc y exmilitares que reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): buscan e identifican a personas desaparecidas como parte de sus sanciones restaurativas. "Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional", dijo. Según el comunicado, subrayó que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deben recibir "financiamiento suficiente para cumplir plenamente su mandato vital", en plena pelea por el recorte de más de $170.000 millones que le hace a la JEP el presupuesto de 2027. "Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose", afirmó.

"La JEP contrató una segunda sede por más de 10.000 millones y argumentó que su planta de personal creció a 1.455 empleados: 'Práctica perversa'", tituló Semana. Todo lo que cuenta la nota lo dijo la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, pero el titular lo afirma con la voz de la revista, y la frase entre comillas no está en el texto: lo que Posada dijo fue que era "una dinámica perversa con los recursos públicos". La nota la presenta como "la congresista que más hallazgos contractuales ha encontrado contra la JEP" y no trae ninguna respuesta de la JEP, que cuatro días antes había dicho que, tras siete auditorías de la Contraloría, "no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo". No es la primera vez en estos días: el 21 de septiembre Semana tituló "Todos contra el presupuesto de la JEP"; el 26 preguntó "¿Llegó el final de la JEP?", en una nota que llama a los congresistas que la critican "sus verdugos", y ese mismo día publicó una entrevista con Posada titulada "Destapan millonarios gastos de la JEP".

En Montería, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que el recorte a la JEP en el presupuesto de 2027 "desde ningún punto de vista es un ataque" y que "es momento de que dejen de quejarse" y se ajusten a la realidad fiscal del país, según El Espectador e Infobae. Añadió que la JEP nunca ha ejecutado todo el presupuesto que le dan. La JEP, por su parte, ha dicho que en 2025 ejecutó el 96,8 % de lo que recibió. Las comisiones económicas del Congreso le aprobaron en primer debate un recorte de $170.000 millones.

Vicky Dávila citó en X un nuevo video de la audiencia de Rodrigo Londoño que publicó María Clara Posada. Escribió: "La sonrisita de la magistrada es asqueante".

Y siguió: "Un criminal de lesa humanidad y una justicia arrodillada y melosa. Guácala".

La Silla Vacía contrastó con datos y con seis expertos las críticas a la JEP, ahora que el Congreso discute recortarle $170.000 millones del presupuesto de 2027. El video de 30 segundos que reveló la senadora María Clara Posada, de una audiencia de 2019 con Rodrigo Londoño y la magistrada Julieta Lemaitre, "tergiversa ocho años de trabajo", dice el análisis. La JEP recibe 7 pesos por cada 100 de la Rama Judicial, pero investiga y acusa como la Fiscalía, juzga como una corte y organiza encuentros entre víctimas y victimarios. Tampoco le faltan resultados: ha identificado a 367 máximos responsables, imputó a 21 generales retirados por falsos positivos y ya más que duplica los acusados del tribunal para la antigua Yugoslavia. Otras críticas sí se sostienen: solo ha impuesto 19 sanciones y, de cerca de 17.331 personas sometidas, apenas 1.070 tienen la renuncia a la persecución penal.

Entre el 24 y el 29 de septiembre, después de que el Congreso le recortara $170.000 millones a la JEP en primer debate, 2.751 cuentas de X publicaron 5.282 mensajes dirigidos al tribunal. El 51 % eran ataques, como documentó Cuestión Pública. El medio encontró 62 trinos con desinformación: cifras infladas, como que la JEP ya pagó "4 veces" el valor de su sede en arriendo, o una pregunta de la senadora María Clara Posada sobre paraísos fiscales convertida en hecho. De las 334 cuentas que el 31 de agosto escribieron "Viva Cristo Rey" en las menciones a Abelardo, 34 aparecieron después en las de la JEP; 31 de ellas publicaron ataques contra el tribunal. Varias de ellas habían insultado ese día a la congresista María Fernanda Carrascal. Al menos un mensaje asoció a los magistrados con "una bolsa blanca". Abelardo y Posada siguen a una de las cuentas que encabezaron la ofensiva, una de las primeras en llamar al tribunal "JESTAPO". El mismo medio ya había documentado en septiembre la maquinaria de cuentas que defiende a Abelardo.

La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll, que investigó los secuestros de las Farc, le explicó a El Espectador los videos que publicó la senadora María Clara Posada. Dijo que son 30 segundos de un interrogatorio de dos días, en 2019, en el que Rodrigo Londoño negó las torturas y que después los exjefes de las Farc las reconocieron ante las víctimas. Contó que se rio porque la señora de los tintos entró de repente a una sala custodiada por policía antidisturbios. Explicó que la reserva de esas primeras audiencias era para proteger a las víctimas y que hoy ya no la tienen. "Me parece bajo y cruel lo que están haciendo", dijo, porque el video les hace revivir el horror a muchas víctimas.

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Harvey Danilo Suárez Morales, le respondió en El Colombiano a la senadora María Clara Posada, que dice que el tribunal gastó más de $56.000 millones en viajes: "No es cierto, categóricamente". Explicó que la cifra sale de un derecho de petición del senador Enrique Gómez y que suma traslados, tiquetes y viáticos de funcionarios, contratistas y magistrados, en Bogotá y en las regiones. De los tiquetes, el 29,7 % se usó en audiencias y diligencias y el 16,4 % en acompañar y proteger a víctimas, testigos y apoderados amenazados. Dijo que los 75 viajes internacionales que cuenta Posada son 54 y que pesan "casi el 1 %" del total, unos $350 millones, aunque quería verificar la cifra exacta. También contó que, de las 1.070 renuncias a la persecución penal que ha concedido la JEP, 1.019 son de miembros de la fuerza pública.

En una entrevista con El Tiempo, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, rechazó la propuesta, presentada en el Congreso, de que la justicia ordinaria asuma funciones de la JEP en su etapa final: "Yo creo que la JEP debe terminar su periodo y mostrar los resultados pendientes". Dijo que la JEP es "un compromiso de Estado" y que debe terminar los macrocasos este año. Sobre el Gobierno, describió una relación de colaboración y dijo que con el anterior esa colaboración "no fluyó como se esperaba". Del presupuesto de 2027 espera que alcance, al menos, para "los gastos mínimos de funcionamiento". También insistió en revisar el sistema penal de los adolescentes para delitos muy graves, como los magnicidios.

Con el presupuesto de 2027 que aprobó el Congreso, la JEP pierde $181.402 millones, como cuenta Infobae. A los $170.000 millones del primer debate, que impulsó el senador Enrique Gómez con el apoyo del Gobierno, se sumaron $11.402 millones por una proposición de la bancada del Centro Democrático en el Senado, como contó El Tiempo. Los $11.402 millones salen del programa que financia las soluciones tecnológicas y las herramientas administrativas de la jurisdicción. Van al Ministerio de Defensa para pagar sentencias por la muerte de miembros de la Fuerza Pública. Defensa le dijo al Congreso que tiene 850 sentencias pendientes, que suman $685.778 millones, y que todavía paga turnos asignados en 2019. El Centro Democrático argumentó que al 28 de septiembre la JEP solo había comprometido el 62 % de su inversión. El recorte se aprobó pese a los llamados de su presidente, Alejandro Ramelli.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la campaña contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre y les pidió a los senadores María Clara Posada y Germán Rodríguez que rectifiquen, como contó El Espectador. "El debate sobre la JEP no puede hacerse mediante desinformación y ataques de género contra una magistrada en el ejercicio de la función judicial", dijo. Citó el video de TikTok en el que Rodríguez dijo que la magistrada "anda de amores con Timochenko" y afirmó que esos ataques son "una descalificación sexista que recurre a estereotipos". Posada respondió en X: "No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP", como recoge Semana. Habló de un "ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo". La JEP ya había rechazado esa campaña el 21 de octubre.

La periodista Ana Cristina Restrepo pidió en X denunciar la cuenta @La_JEV_ por suplantar a la Jurisdicción Especial para la Paz: "A denunciar esta cuenta de suplantación de la cuenta oficial @JEP_Colombia". La cuenta se llama JEV, tenía unos 2.200 seguidores el 28 de octubre y se abrió ese mes; publica testimonios de víctimas de las Farc contra la JEP. No dice quién la maneja. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, la había recomendado la noche del 28 de octubre: les preguntó a sus seguidores si ya la seguían y escribió: "Muy buena esta cuenta que presenta la verdad detrás de la jurisdicción especial de impunidad". La cuenta le respondió a Restrepo: "A la señora @anacrisrestrepo le incomodan los testimonios de víctimas de las Farc que estuvieron casi 10 años secuestrados". La cuenta dice además que no suplanta a nadie y que es "solo un espacio que le da voz a quienes no se han sentido representados por la JEP".

A días de entregar la presidencia de la JEP, Alejandro Ramelli le dijo a Cambio que contra la jurisdicción hay "patrones": "Hay una coordinación, hay una estrategia". Habló de los montajes con inteligencia artificial contra la magistrada Julieta Lemaitre: "Lo que están haciendo es una campaña de odio y lo digo claramente y es muy grave". Dijo que el recorte de $170.000 millones devuelve a la JEP a un presupuesto como el de 2023, con más audiencias y víctimas, pero que seguirán funcionando. Sobre el proyecto de Enrique Gómez para cerrar la JEP en 2028, dijo que crea inseguridad jurídica y que los más afectados serán los miembros de la fuerza pública. Al menos 7.000 uniformados que no son máximos responsables deben resolver su situación jurídica. Contó que lo único que ha hecho el Gobierno es que el ministro de Justicia convocó, para el 12 de noviembre, la instancia de articulación con la JEP. Admitió que la JEP tiene que decidir más rápido.