El procurador general, Alejandro Ordóñez, creó por resolución un grupo especial de trabajo para "hacer control preventivo sobre el proyecto de la Clínica de la Mujer" de Medellín, como contó Semana. Lo lideraba la procuradora delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, hoy ministra de Educación. La clínica era un proyecto del alcalde Alonso Salazar que costaría $17.000 millones y la Iglesia y los grupos contra el aborto decían que allí se practicarían abortos. La Silla Vacía contó que la resolución se apoyaba en quejas que decían que sería "destinada para la práctica de abortos", y que quienes las encabezaban habían trabajado con Hoyos. Salazar anunció que la clínica no haría abortos y aceptó la renuncia de sus secretarias de Salud y de Igualdad. En noviembre de 2010, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia no aprobó la clínica, como contó La Silla Vacía.
Varios de los funcionarios que ha nombrado el Gobierno de Abelardo de la Espriella llegan con un antecedente que pesa sobre el cargo: un proceso penal abierto, un pariente condenado o un conflicto de interés con la entidad que van a manejar. Entre ellos están la viceministra de Defensa, acusada de fraude procesal por su época de fiscal; la secretaria general del Ministerio de Cultura, hija de un exconcejal condenado por financiar grupos ilegales, y el aspirante a jefe de marcas y patentes de la SIC, socio de una firma que tramita marcas y patentes. Este hilo los reúne, con lo que se sabe de cada caso.
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