El procurador general, Alejandro Ordóñez, creó por resolución un grupo especial de trabajo para "hacer control preventivo sobre el proyecto de la Clínica de la Mujer" de Medellín, como contó Semana. Lo lideraba la procuradora delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, hoy ministra de Educación. La clínica era un proyecto del alcalde Alonso Salazar que costaría 17.000 millones de pesos y la Iglesia y los grupos contra el aborto decían que allí se practicarían abortos. La Silla Vacía contó que la resolución se apoyaba en quejas que decían que sería "destinada para la práctica de abortos", y que quienes las encabezaban habían trabajado con Hoyos. Salazar anunció que la clínica no haría abortos y aceptó la renuncia de sus secretarias de Salud y de Igualdad. En noviembre de 2010, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia no aprobó la clínica, como contó La Silla Vacía.
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