9 de septiembre de 2026

Cinco días después del operativo de Riohacha, el Instituto Nacional de Medicina Legal tuvo que aclarar que no fueron ellos quienes tomaron y difundieron las imágenes de los cuerpos de Naín Pérez, "Bendito Menor", y de Rosa Tarazona, "La Bebecita", que circulan en redes. Según la entidad, "no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto ni fueron captadas por servidores, contratistas o personal vinculado". El comunicado califica la difusión como una "vulneración a la dignidad humana" que "afecta la privacidad de las víctimas" y les pide a medios y usuarios abstenerse de compartirlas. Entonces, ¿de dónde salieron?

Ecopetrol sacó a José Enrique Name Correa, hijo del exsenador de La U José David Name, aliado del gobierno Petro, de su filial de trading en Estados Unidos, donde llevaba un año y medio como analista de apoyo comercial con un costo anual de entre 113.000 y 130.000 dólares, según los datos de Semana. Su hoja de vida no registraba experiencia en hidrocarburos ni en trading. Horas antes había salido Catalina Velásquez Gil, gerente jurídica de Hidrocarburos e hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, con una asignación mensual cercana a 54 millones y sillas en tres juntas del grupo. Ecopetrol no explicó ninguna de las dos salidas.

Un mes después del terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026, el balance de la UNGRD, recogido por El Colombiano, Semana y La República, dice: 331 personas muertas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas; 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados; 498 municipios afectados, con Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca como las zonas más golpeadas. Del lado de la plata: BTG Pactual estima la reconstrucción en más de 20 billones, 1 % del PIB, y el exministro Juan Camilo Restrepo la sube hasta 40. Hasta la semana anterior el Gobierno había firmado 122 contratos por 26.882 millones y el 76,23 % fue por contratación directa. En Cali empezaron las demoliciones controladas de 11 edificios y el vicepresidente José Manuel Restrepo anda recorriendo las regiones. Falta ver cuánta de la plata anunciada llega y a quién.

Según la respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia a un derecho de petición del representante conservador Juan Manuel Londoño, revelada por El Tiempo, la producción de inteligencia estratégica cayó de 259 productos en 2024 a 146 en 2025, un 44 % menos; en el primer semestre de 2026 van 76. Esa es la inteligencia que no persigue objetivos concretos sino que anticipa fenómenos: expansión del narcotráfico, mutación de los grupos armados, economías ilegales. La DNI enumera cooperación con 37 países y miles de solicitudes de ciberseguridad, reconoce retos de tecnología y personal, y menciona que dedicó recursos a desclasificar los archivos del DAS, pero no da una causa de la caída.

Una investigación de La Silla Vacía mapeó cómo se mueve el poder de la fe en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El articulador es el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella, capellán de la Casa de Nariño y sin parentesco con el presidente, designado representante del Gobierno en los consejos directivos de cinco universidades públicas: la Nacional, la de Antioquia, la Pedagógica, la del Valle y la del Atlántico. En la del Magdalena la representante del Gobierno pertenece a Parresía, la comunidad católica que Londoño dirige. Él ya había explicado en 2023 para qué sirve todo esto: "La mejor forma de gobierno es el gobierno de los sabios. Yo agregaría, como cristiano, el gobierno de los creyentes (…) Necesitamos gobernantes temerosos de Dios".

El reparto va más allá de las universidades. Marco Fidel Acosta, el "gerente de la fe" de la campaña, que dice haber articulado 1.600 congregaciones y "800.000 personas en templos decididos en una guerra espiritual", preside el Fondo Nacional del Ahorro; el pastor John Milton Rodríguez liquida el Ministerio de la Igualdad; la senadora y pastora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, las dos de la Misión Carismática Internacional, impulsan un proyecto para prohibir los procesos de transición de género en menores. El terreno de disputa es la educación: a Viviane Morales la reemplazó Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora que ha litigado a favor de penalizar el aborto, y las bases filtradas del plan de desarrollo prometen "sacar la 'ideología de género' de las aulas". La Silla Vacía cuenta al menos 20 líderes evangélicos o católicos con cargo o con silla en este gobierno.

El lunes 7 de septiembre de 2026, el DANE canceló 30 minutos antes la rueda de prensa en la que iba a explicar la inflación de agosto. El dato se publicó a tiempo, pero sin nadie que respondiera preguntas. La Silla Vacía confirmó con una fuente de la entidad que la Presidencia llamó al director, Ricardo Valencia, para evitarla, porque iba en contra de la directiva que les prohíbe a las entidades del Estado dar declaraciones sin autorización del Gobierno, y que la instrucción se aplicará de forma indefinida: la siguiente rueda de prensa era la de desempleo. El DANE no es una entidad cualquiera en esto, porque tiene una ley de estadística que regula su independencia en la comunicación. Cancelar los encuentros con medios no es ilegal mientras el dato salga, pero deja en el aire qué tan independiente lo va a dejar este gobierno. Según el mismo medio, en la Presidencia también cayó mal que Valencia publicara un video explicando los resultados.

Un mes después del terremoto, el balance de la Gobernación del Chocó es de 12 muertos, 357 heridos y 99.122 personas afectadas en los 30 municipios del departamento, casi una de cada cinco personas de la zona golpeada, con 5.221 viviendas destruidas y 27.283 averiadas. Encima llegó la lluvia: el 28 de agosto cayeron sobre Quibdó 198,7 milímetros en 24 horas, el mayor acumulado del país ese día, que dejaron más de 300 viviendas afectadas en al menos 16 barrios y tumbaron del todo una casa que las propias instituciones ya habían marcado en riesgo. La ciudad tiene 27,8 % de cobertura de alcantarillado, frente al 76,6 % del promedio nacional. Y la tierra sigue moviéndose: entre el 10 y el 31 de agosto el Servicio Geológico Colombiano registró 1.340 sismos más en la zona, en lo que llama un "enjambre sísmico".

La crónica de El Espectador encontró a las familias resolviendo solas: una vecina de Quibdó pidió un millón y medio de pesos a un "gota a gota" para comprar bloques y cemento, y otra lleva un mes durmiendo afuera con ocho personas de su familia, dos de ellas con malaria. "Más del 97 % de las viviendas no se han intervenido", dice Jorge Américo, del Comité Cívico de Infraestructura de Quibdó. En Medio Atrato, un municipio al que solo se llega por río, la única ayuda oficial que había llegado eran 240 kits de aseo y 240 mercados para unas 260 familias; su alcalde, Yair Diomedes Cuesta, reporta un brote de malaria y dengue por el agua estancada y dice que ni él ni la mayoría de alcaldes del departamento fueron invitados a la cumbre del 7 de septiembre en la que Abelardo de la Espriella anunció, con los empresarios más grandes del país, el "Plan Marshall para el Chocó": "No tuvimos ni una invitación. Creo que fue una falla". El decreto de emergencia económica calcula el daño del terremoto en al menos 30 billones de pesos; lo anunciado en Quibdó ronda los tres.

El porte de armas aterriza en una Bogotá que contrasta con lo que ha dicho Abelardo. Según el Distrito, en la capital bajaron los homicidios (7,3 %), el hurto a personas (13,9 %) y los delitos sexuales (19,1 %), y en el 78,6 % de los hurtos a personas no se usó ningún arma: solo en el 6,3 % hubo arma de fuego, menos que las cortopunzantes. Lo que no cede es la violencia entre conocidos: cuatro de cada 10 homicidios ocurren en riñas por intolerancia, una muerte cada 26 horas, sobre todo entre el viernes y el domingo por la noche, y la violencia intrafamiliar subió 11,5 % entre 2024 y 2025, con 189 casos diarios y 70 % de víctimas mujeres. "Con el porte de armas se corre el riesgo de revertir la tendencia a la baja en los homicidios en Bogotá, aumentar las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, así como incrementar los suicidios y el número de accidentes con armas de fuego en casa", le dijo a El Espectador el politólogo y criminólogo Jorge Mantilla. De las cerca de 700.000 armas con salvoconducto que hay en el país, el 40 % está en Bogotá.

Con el Decreto 1374 de 2026, Abelardo de la Espriella dejó en firme al general retirado Jorge Andrés Zuluaga como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, la principal agencia de inteligencia del Estado, que no depende de las Fuerzas Militares sino directamente de la Presidencia. Zuluaga tiene más de 30 años en inteligencia militar y fue uno de los "cerebros" de la Operación Jaque, que en 2008 liberó a 15 secuestrados de las Farc, entre ellos a Ingrid Betancourt.

Sobre esa hoja de vida pesan dos escándalos, como lo cuenta El País. Entre marzo de 2004 y junio de 2005, Zuluaga comandó la Regional de Inteligencia Militar No. 5, y en octubre de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias para que lo investigara la justicia ordinaria: encontró que esa regional perfiló y persiguió a dirigentes de la Unión Patriótica señalándolos de ser miembros de las Farc. El auto lo vincula con el homicidio de José Rubiel Malambo, candidato al concejo de Ortega (Tolima) al que unos militares asesinaron para presentarlo como guerrillero dado de baja, y recoge que exintegrantes del Bloque Tolima de los paramilitares declararon haber recibido de esa regional listados con nombres de personas para asesinar. La otra sombra es "Andrómeda": en 2014 Zuluaga dirigía la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, la unidad que operaba desde una fachada comercial en el barrio Galerías de Bogotá interceptando, entre otros, a los negociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, que lo relevó del cargo. Siguió en el Ejército unos años más, pero fuera de la inteligencia. El general siempre ha negado cualquier ilegalidad.

Ecopetrol despidió a David Andrés Jiménez, cuñado del senador Iván Cepeda, que había entrado en junio de 2025, bajo la presidencia de Ricardo Roa, como profesional integral de gestión territorial en la Vicepresidencia de Transformación Territorial. Semana, que reveló la salida, anota que Jiménez es antropólogo con maestría en desarrollo educativo y social y que toda su experiencia previa está en asesorías de despacho y cargos de confianza, no en la industria petrolera; que declaró el parentesco un año después de entrar; y que había apoyado la secretaría técnica del Comité Nacional de Participación pactado en la mesa de diálogos del gobierno de Gustavo Petro con el ELN.