La Defensoría había advertido los riesgos en Cúcuta antes del asesinato de Castellanos

Desde septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo había incluido a Cúcuta entre los municipios que necesitaban acción urgente. Advertía amenazas de estructuras como AK-47 y el Tren de Aragua contra el alcalde, funcionarios, candidatos, periodistas y líderes, como cuenta El Espectador. La alerta explicaba que los grupos podían controlar la entrada de aspirantes a ciertos barrios e intimidar a los votantes. El 26 de octubre asesinaron a Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno y aspirante a la Alcaldía, que no tenía su esquema de seguridad. Al día siguiente explotó un carro bomba junto al puente internacional. El Comité Intergremial de Norte de Santander pidió contener la inseguridad, como cuenta La FM. "La protección de la vida, la libertad y la integridad de las personas constituye una responsabilidad esencial del Estado", dijo Francisco José Unda, de la seccional de la ANDI. Hay recompensas de hasta $100 millones por el asesinato y de $50 millones por el atentado.