Las 6 entradas que Abelardopedia registró el 12 de agosto de 2026, con enlace a la fuente periodística de cada una. Es un corte del archivo por fecha: lo que se supo ese día, tal como quedó registrado.
Día · 6 entradas.
Las 6 entradas que Abelardopedia registró el 12 de agosto de 2026, con enlace a la fuente periodística de cada una. Es un corte del archivo por fecha: lo que se supo ese día, tal como quedó registrado.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres publicaba en su página un tablero interactivo con muertos, desaparecidos, heridos y viviendas afectadas por el terremoto. Dos días después lo bloqueó y desde entonces las cifras salen de boletines emitidos después de las declaraciones públicas del presidente, que no siempre coinciden con las de Medicina Legal. El periodista Ronny Suárez alcanzó a compartir el tablero el 12 de agosto y 42 minutos más tarde tuvo que avisar que ya no se podía abrir: "si estaba público, ¿por qué lo bloquean?". El Sindicato Colombiano de Periodistas lo llamó el primer acto de censura de este gobierno y recordó que ninguna norma, ni el decreto con el que se declaró el desastre, permite ese bloqueo. Claudia Julieta Duque, de la junta directiva del sindicato, lo resumió así a LatAm Journalism Review: "lo que se quiere es un monopolio informativo para dar a entender que se están haciendo cosas cuando en realidad hay muchas falencias que no están siendo corregidas".
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El 12 de agosto, la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS condenado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, para que reembolse los $564 millones que el Ministerio de Defensa pagó en 2025 a dos hermanos de Garzón, según reveló Cambio. Ese pago cumplía la condena del Consejo de Estado de 2016, que declaró responsable a la Nación por el crimen, cometido el 13 de agosto de 1999. La Policía sostiene que Narváez actuó de manera intencional al insistirle al jefe paramilitar Carlos Castaño que ordenara el asesinato, con información que relacionaba a Garzón con la guerrilla, y que por eso "se encuentra en el deber legal de reembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó".
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Abelardo de la Espriella puso a una pareja de esposos al frente de dos entidades: Andrés Felipe Velásquez Reyes en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Jensy Johana Osorio Porras en la Unidad para las Víctimas, según El Espectador. Osorio le hizo campaña a Abelardo y, según constató el diario, hasta pocas semanas antes figuraba como abogada asociada de De la Espriella Lawyers, el bufete del presidente. Velásquez es abogado tributarista, con más de 16 años en planeación tributaria y en litigios ante la administración de impuestos, y fue profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Los dos crearon en 2021 la firma Velásquez Osorio Abogados, cuenta La Silla Vacía.
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Con el Decreto 1198, Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Óscar Javier Torres Yarzagaray como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y nombró en su lugar a Ricardo Ayerbe Pino. Ayerbe fue el gerente de la campaña de Abelardo en Bogotá, como contó El Espectador el 30 de julio, cuando el entonces presidente electo anunció su nombre. La República añadió que desde ese cargo coordinó reuniones y recorridos por las localidades de la ciudad. Ayerbe es abogado del Externado y especialista en gobierno y control fiscal, como dice la ANI. Torres dirigía la entidad desde marzo de 2025, nombrado en el gobierno de Gustavo Petro, como cuenta Infobae. La ANI, que depende del Ministerio de Transporte de Elsa Noguera, maneja las concesiones de carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos. En octubre, una aspirante a gerente de la entidad omitió en su hoja de vida tres contratos, uno con la propia ANI.
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Elizabeth Cristina Ortiz Peña, psicóloga e influencer cercana al petrismo, firmó 13 contratos de prestación de servicios con cinco entidades del Gobierno de Gustavo Petro, por $795.876.666, como encontró la Unidad de Datos de El Tiempo. Los firmó entre enero de 2023 y enero de 2026, todos por contratación directa, con los ministerios de Minas y Energía, Salud y Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Superintendencia del Subsidio Familiar. Minas y Energía fue la entidad que más le contrató: $290.400.000 en tres contratos, sobre la distribución y la venta de combustibles en zonas de frontera. El contrato más grande era el del Dapre, firmado el 30 de enero de 2026 por $121.733.333, con honorarios de $11 millones al mes para monitorear medios y difundir contenidos de la Jefatura de Despacho Presidencial. A comienzos de agosto, días antes de dejar el cargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la elogió en público en El Espinal (Tolima). "Gracias doctora Elizabeth de que usted haya estado pendiente de apoyar eso", dijo, al hablar de $8.000 millones para el Hospital San Rafael, como cuenta Semana. Semana y El Tiempo contaron que el contrato del Dapre y uno con la Superintendencia seguían vigentes, y Semana agregó que el del Dapre le quedaba "amarrado" al presidente entrante, Abelardo de la Espriella. Pero en el Secop el del Dapre aparece terminado de mutuo acuerdo desde el 31 de julio de 2026, y el de la Superintendencia también se terminó antes de tiempo, con fecha final del 31 de julio. Otro, con Minas y Energía por $121 millones, quedó cedido a Gizette Mosquera Mosquera desde el 1 de agosto.
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