Las 7 entradas que Abelardopedia registró el 30 de agosto de 2026, con enlace a la fuente periodística de cada una. Es un corte del archivo por fecha: lo que se supo ese día, tal como quedó registrado.
Daniel Coronell reveló en Cambio que la firma de abogados del ministro de Justicia, Iván Cancino, siguió funcionando y litigando después de que él llegó al cargo. El 30 de junio pidieron a la Cámara de Comercio de Bogotá cambiarle el nombre a Maja Legal SAS: el trámite lo firmó la abogada Laura Kamila Toro, identificándose como accionista única, pero en el registro mercantil no aparece ningún documento que acredite el cambio de propiedad, y la Cámara terminó negando la solicitud porque ese nombre ya era de otra empresa. Dos días después del trámite, la Fiscalía interceptó una llamada en la que la esposa de Esteban José Cleves decía que la oficina de Cancino asesoraba a su marido en varios procesos. Cleves es socio fundador del Fondo Mixto Sierra Nevada, un entramado que según la Fiscalía desvió $3 billones de regalías de 19 departamentos; fue capturado el 4 de agosto y hoy está detenido a órdenes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Su apoderada ha sido Laura Kamila Toro, la misma que firmó el cambio de nombre. Es decir, el bufete que lleva el nombre del ministro de Justicia defiende a alguien que el Ministerio de Justicia debe vigilar.
En su columna de El Espectador, Tatiana Acevedo Guerrero recordó cómo en los años noventa las familias con dinero y contactos compraban la exención del servicio militar mientras los muchachos de colegio público sin palancas terminaban donde los mandaran. Lo trajo a cuento por la propuesta de Abelardo de la Espriella, que en julio dijo que "aquí vamos a pagar todos el servicio militar" y que "cuando la patria llama a sus buenos hijos, tenemos que dar un paso al frente". Acevedo desconfía y propone una prueba: que los dirigentes y famosos que celebran la idea firmen públicamente que sus propios hijos adolescentes prestarán servicio en las zonas peligrosas, no en puestos cómodos. Suena razonable.
Rodrigo Uprimny le puso seis objeciones en El Espectador a la orden de Abelardo de la Espriella de localizar y deportar de forma rápida y masiva a los migrantes en situación irregular, que son unos 850.000 venezolanos, entre ellos 193.000 niños y adolescentes. Dice que es inhumana y que estimula la xenofobia, cuando Venezuela recibió a millones de colombianos en décadas pasadas; que rompe un consenso inusual entre izquierda, centro y derecha que venía desde Juan Manuel Santos y que Iván Duque reforzó con el PEP (el Permiso Especial de Permanencia, que les dio a cientos de miles de venezolanos un estatus regular para trabajar y acceder a salud y educación); y que no tiene sustento en los hechos, porque el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de los Andes no encontró evidencia de que la migración venezolana explique la criminalidad. Agrega que es inviable, pues los migrantes irregulares tienen derecho al debido proceso y el Estado no tiene capacidad para una operación así; que deja sin argumentos a Colombia para defender a sus propios migrantes irregulares en el exterior; y que contradice el cristianismo que el presidente proclama, citando el capítulo 25 de Mateo: "fui forastero y no me recibieron".
Laura Ardila Arrieta revisó en El Espectador la gestión de Elsa Noguera como gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023, antes de ser nombrada ministra de Transporte, y encontró cuatro contratos por unos $206.000 millones con retrasos de años: el Mercado de la Sazón y Artesanías, que costó $21.300 millones, se terminó en abril de 2026 (tres años tarde) y sigue cerrado; unos alcantarillados por $15.900 millones firmados en 2022 siguen incompletos; y las dos fases de la Gran Vía, por $169.700 millones, acumulan tres años de demora. Ardila describe a Noguera como "la cara técnica del clan clientelista de los Char" y muestra que los contratos fueron a parar a contratistas cercanos a Álex Char, a empresas ligadas a la familia Gerlein y a sociedades conectadas con Emilio Tapia.
El juez le había dado plazo hasta el 30 de septiembre para disculparse en radio y televisión por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado en su posesión, pero Abelardo de la Espriella lo hizo un mes antes, en su alocución del 30 de agosto. Ofreció una disculpa condicionada: "Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello". Dijo que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado y que garantizará las libertades de todos los colombianos, y sostuvo que la invocación religiosa no fue decisión suya sino de la mesa directiva del Congreso. Terminó la disculpa con "¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia". Extrema coherencia.
El columnista Jorge Espinosa reveló en Cambio que varios gestores de paz nombrados por el gobierno de Gustavo Petro desaparecieron del escaso seguimiento que les hacía la Oficina del Comisionado de Paz, justo cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella terminó las mesas de diálogo y reactivó las órdenes de captura contra ellos. Entre los casos que documentó están Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, condenado a 40 años por secuestro, a quien nadie ha visto desde hace dos meses; Violeta Arango Ramírez, señalada de participar en el atentado de 2017 al Centro Comercial Andino y nombrada gestora de paz del ELN en 2022, de quien "nadie da razón de dónde está", según el abogado de las víctimas, Francisco Bernate; y Jairo Arrigui Guenis, alias Antonio, condenado por homicidio y liberado en 2022 para ser gestor de paz. Espinosa cita además un informe de la Fundación Ideas para la Paz según el cual los grupos armados crecieron 90 % durante el gobierno Petro, de 15.120 a 28.802 integrantes, con el Clan del Golfo a la cabeza con 152 %.
Un abogado radicó una tutela pidiendo "caza de control" para un hipopótamo adulto que ocupa el río Nare, en Puerto Nare, Antioquia, a pocos metros de la ruta que usan 23 niños dos veces al día para ir a la escuela. La acción es contra el Ministerio de Ambiente, Corantioquia y las administraciones municipal y departamental. El gobierno anterior había anunciado un plan para sacrificar 80 hipopótamos de la población que surgió a partir de los que escaparon de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, pero el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, lo canceló sin ofrecer una alternativa. Puerto Triunfo, que concentra el 65 % de esa población, ya registra ataques: en 2020 un hombre quedó con fracturas permanentes y nunca volvió a trabajar.