La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó el enfoque de la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero pidió varios cambios, como cuenta El Espectador. Dijo que los subrogados penales pueden terminar bajando el tiempo efectivo de las penas y que hace falta una fuente de financiación para reparar a las víctimas. Pidió quitar de la definición de los grupos que pueden someterse "la capacidad de afectar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana", porque con eso hasta "una banda de apartamenteros" podría acogerse. Advirtió que la protesta social se podría entender "como criminalidad organizada, que por supuesto eso no es así". Y pidió eliminar la norma que limita investigar a los terceros que mencionen quienes se sometan, porque "en realidad no son terceros porque participan por redes de corrupción, por lavados de activos, etcétera, aunque no estén armados".
Ese mismo día, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, citó a plenaria el lunes festivo 2 de noviembre para debatir el proyecto. La ley tiene que quedar aprobada a más tardar el 4 de noviembre, como informó El Tiempo. "Esta ley vence el próximo 4 de noviembre, estamos contra el tiempo, pero garantizaremos un debate democrático, con respeto por la ley", dijo Barguil. En el foro del proyecto en la Comisión Primera del Senado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo: "Quiero ser muy claro que este proyecto no beneficia a nadie".