El editorial de El Espectador sobre el decreto que levantó la suspensión del porte de armas dice que la preocupación de fondo es válida, pero que la decisión "genera más riesgos de los que evita". Recuerda que desde el gobierno de Juan Manuel Santos todos los presidentes mantuvieron la prohibición porque reconocieron que las armas legales complican las situaciones de violencia y el trabajo de las autoridades, y que con el Decreto 1368 el país vuelve a un escenario que no existía desde 2015, con cerca de 700.000 armas con salvoconducto habilitadas para salir a la calle. Frente al argumento de la defensa propia, que resumió el representante Jaime Arizabaleta con la frase de que "no hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado", el editorial responde que esa lógica reconoce que el Estado no ha sido capaz de proteger a los ciudadanos y abandona el monopolio de la fuerza suponiendo que los "ciudadanos de bien" sabrán usar las armas. Cita evidencia de que las restricciones al porte de los años noventa se relacionan con una caída del 14 % en los homicidios de Bogotá y Cali, y cierra: "Llenar a Colombia de más armas es echarle gasolina a un fuego que lleva mucho tiempo encendido".
¿Qué ha hecho Abelardo de la Espriella?
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