28 de octubre de 2026

El Pacto Histórico le pidió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) autorización para convocar un congreso nacional en 2027, con el que busca renovarse antes de las elecciones regionales, como cuenta El Espectador. Tendrían asiento la bancada de 69 congresistas y los concejales y diputados del partido, y se habla de entre 3.000 y 5.000 delegados. El partido estudia candidaturas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Una parte de la militancia le pidió a Gustavo Petro aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pero Petro dijo en una reunión privada que no está en sus planes inmediatos. El diario cuenta que la bancada busca renovar el partido más allá de Petro, a quien golpean las denuncias de corrupción.

En la Operación Kratos, en el centro de Bogotá, Abelardo de la Espriella encaró a un detenido, alias Mailo, al que las autoridades señalan de lanzar una granada contra un negocio y matar a una persona, como cuenta Semana. "¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años", dijo el presidente. Cuando el detenido intentó responderle, Abelardo le dijo: "Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre, bienvenido a la Patria Milagro". "Esa risita se te va a convertir en llanto", le advirtió Abelardo. También le dijo que buscaría mandarlo a una cárcel de máxima seguridad: "Bien motiladito te vamos a dejar", contó Citytv. También encaró a alias Picolino, al que señaló de llevar más de 15 años vinculado con actividades delictivas, informó El Espectador. Las autoridades lo presentan como uno de los presuntos cabecillas de Los Ingenieros, una banda de Usme investigada por homicidios, torturas, desapariciones, secuestros y extorsiones. Abelardo le atribuyó a esa banda la amputación de la mano de una mujer y la desaparición de personas venidas de San Andrés, cuyos cuerpos habrían sido destruidos con ácido. A otro detenido, de apellido Zapata, lo acusó de llevarse a mujeres engañadas para esclavizarlas sexualmente: "Una persona que hace eso no es un hombre de verdad".

Al Gobierno le faltan $1,6 billones para completar los $2,7 billones que quiere adicionar al presupuesto de 2026 para el Fondo Milagro, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, como cuenta La República. La plata sale de los alivios tributarios de la emergencia, que vencen el 19 de noviembre. "la Dian me ha certificado que al 24 de octubre se han recaudado $1,1 billones", dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante las comisiones económicas, donde el 27 de octubre empezó la discusión del proyecto. Dijo que el recaudo aumenta a medida que se acerca el vencimiento del beneficio. El proyecto, con mensaje de urgencia, incluye además el traslado de $1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superservicios para aliviar las finanzas de Air-e.

La senadora Carolina Corcho, que fue ministra de Salud de Gustavo Petro, le respondió en X a Abelardo de la Espriella, que había hablado de una "práctica de tipo Gestapo" contra las EPS. "no existe ninguna práctica tipo Gestapo, lo que existe es una normatividad que obliga a las Superintendencias a intervenir entidades a las cuales se les delega funciones públicas y manejo de recursos públicos de los colombianos", escribió, y explicó cuándo se interviene una EPS. Dijo que solo dos EPS cumplen hoy los indicadores y que el Gobierno no ha propuesto nada serio para resolverlo. El investigador Andrés Vecino le contestó que eso "es un cuentazo para engañar incautos". Escribió que los indicadores que ella cita empeoraron por las intervenciones y que la justicia revirtió dos de ellas, las de Savia y Sanitas, "porque no fueron justificadas". Recordó el caso de Coosalud y dijo que "el superintendente de bolsillo de la senadora" intervino Sanitas y la Nueva EPS el día en que se hundió la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. "La senadora quiere ser presidenta y ha hecho lo posible porque olvidemos lo que hizo con nuestro sistema de salud".

El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra el senador Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional), como cuenta El Colombiano. La demanda dice que Gómez debió declararse impedido en las comisiones económicas que discutieron el presupuesto de 2027, porque su hermano, Miguel Gómez Martínez, es el ministro de Hacienda. Detalla que Gómez presentó ahí dos proposiciones sobre el sector justicia, una de ellas para recortar $170.000 millones a la JEP, y que Hacienda las avaló y se aprobaron. Ávila dice que en la plenaria del Senado Gómez sí se declaró impedido. "Si está inhabilitado en la plenaria, ¿por qué no va a estar inhabilitado en las comisiones?", preguntó Ávila. El Consejo de Estado debe decidir si admite la demanda.

En su editorial, El Espectador le dice a Gustavo Petro que tiene razón en que su vida íntima no les interesa a los colombianos, pero que debe responder por las decisiones que tomó como presidente. Repasa los casos: Eva Ferrer, nacionalizada en tiempo récord, y Manel Grau y Xavier Vendrell. Recuerda que Petro nombró en el Dapre a Angie Rodríguez y después la llamó "paciente psiquiátrica". Juliana Guerrero ya confesó ante la Fiscalía cómo obtuvo su título. Y Deicy Jiménez se autoincriminó al decir que recibió contratos por su relación con él. Cita la respuesta de Petro ("hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar una realidad") y le pregunta por qué entraron al Estado esas personas y si hubo tráfico de influencias. "Un revolucionario les debe respuestas a sus votantes, y también al país entero, sobre el uso de los recursos públicos. El resto, tiene razón, es chisme". El diario cambió el título inicial, "necesitamos respuestas, no poemas", por uno que no desdeña la poesía y lo explicó en una nota del director.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, dijo en Barranquilla que en la campaña presidencial el Gobierno Petro gastó un billón de pesos en compra de votos. "Se gastaron un billón de pesos en la campaña, comprando votos, y no les alcanzó", lo cita La FM. El Universal, con base en Caracol Radio, lo cita con "$1 billón diarios". Dijo también que cuatro días antes de que empezara a regir la Ley de Garantías se firmaron 148 contratos por $125.000 millones: "Firmaron 148 contratos por $125.000 millones sin el lleno de los requisitos. ¿Qué significa eso? Corbatas para hacer política". No dijo qué entidades los firmaron ni mostró pruebas y las dos notas lo advierten. Habló en un encuentro regional del Plan Nacional de Desarrollo, donde anunció además una inversión de Rio Tinto por US$5.000 millones en Chocó.

En un consejo de seguridad en Bogotá, después de la Operación Kratos, Abelardo de la Espriella dijo que hace falta militarizar algunas zonas de la ciudad, como cuenta El Tiempo. "Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes", dijo. Habló de 173 capturados, un presunto criminal muerto y más de cien allanamientos. En el consejo dio cifras de Bogotá frente a 2025: los homicidios bajaron 16,7 %, la extorsión 34 % y el secuestro 50 %, como publicó La Hora de la Verdad. El mismo medio publicó que Bogotá tiene 630.119 migrantes venezolanos, de los cuales 148.955 estarían en situación irregular. Abelardo le pidió al director de Migración Colombia, el coronel José Luis Castañeda, ocuparse. Abelardo anunció que se reunirá cada mes con el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, y que priorizará los operativos contra la extorsión en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, como cuenta El Espectador. También le ordenó a Migración Colombia deportar "sin ninguna dilación" a los migrantes venezolanos en condición irregular que estén delinquiendo o tengan anotaciones, como recoge Semana. Entre las amenazas nombró al ELN, aunque el Distrito ha dicho que no hay evidencia de su presencia en la ciudad, recuerda El Espectador.

La plenaria de la Cámara votó las proposiciones de nueve artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional le ordenó tramitar y no cambió nada, como cuenta El Espectador. Negó las de cinco artículos, entre ellas la que cambiaba las comisiones de los fondos privados, que perdió 100 votos a ocho. Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U) retiró cuatro y Jennifer Pedraza dejó como constancia un artículo nuevo. "La Corte Constitucional ordenó que en un mes resolviéramos las proposiciones no discutidas; esta plenaria ha cumplido con los términos", dijo Salcedo. Como el texto quedó igual al del Senado, no hace falta conciliación, dijo Alfredo Mondragón (Pacto Histórico). Cambio Radical se retiró de la sesión. La Corte revisará si se cumplió la orden; la reforma entraría a regir el 1 de abril de 2027.