La ley de requisitos de los cargos públicos

La comisión accidental que estudió las objeciones del presidente Abelardo de la Espriella a la ley que prohíbe bajar los requisitos para acceder a cargos directivos del Estado aceptó solo una de las siete, la del título, según El Tiempo. Las demás, contra los artículos 1 a 5, quedaron rechazadas de tajo, y si las plenarias acogen ese informe la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. La ley es del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y el Gobierno la objetó por inconstitucionalidad e inconveniencia, con el argumento de que fija una "prohibición rígida de disminuir requisitos" que invade sus competencias; la comisión le respondió que "el establecimiento de límites legales a la modificación de requisitos no comporta, por sí mismo, una invasión de competencias del Ejecutivo". Cambiar los manuales de funciones a la medida del designado fue, según ese diario, una práctica corriente en el gobierno de Gustavo Petro, y es el reproche del que nació el proyecto.

Después de que el Senado, con 78 votos, y la Cámara, con 130, rechazaran las objeciones de Abelardo de la Espriella a la ley de Hernán Cadavid que limita los cambios en los requisitos de los cargos directivos del Estado, el senador del Centro Democrático la emprendió contra el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, que fue quien defendió las objeciones: "Nosotros sabemos que el secretario jurídico de Presidencia nunca nos ha querido. Por eso, cuando vimos la contundencia con la que se opuso al proyecto, nos llamó la atención", le dijo a Cambio. Calificó el resultado como "una derrota tremenda para el Gobierno", porque es la primera ley que objeta Abelardo y es de su aliado más grande en el Congreso. Barreto había dicho que el proyecto restringe las facultades del Ejecutivo y que perpetúa "exigencias excesivas heredadas en algunos manuales, cerrando el paso a jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas". Según esa revista, Barreto fue director general de la firma de abogados de Abelardo y trabajó con Iván Duque, en cuyo gobierno fue superintendente de Industria y Comercio y de Sociedades. El único cambio que aceptó el Congreso fue quitar la palabra "prohibir" del título; ahora la ley pasa a la Corte Constitucional.