Desde la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional hace seguimiento a la situación de los niños wayuu de La Guajira. Tras una inspección a finales de agosto de 2026 ordenó agua potable urgente para la comunidad de Jojoncito, en Uribia, y atención psicosocial en Maicao por denuncias de posibles suicidios de niños. Este hilo sigue esas órdenes y lo que hace el Gobierno para cumplirlas.

Última vez que agregamos algo a este hilo: 14 de octubre de 2026.

Hilo · 4 entradas en Abelardopedia · 29 de agosto de 2026 – 13 de octubre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.

La Corte Constitucional encontró agua contaminada y fallas de salud entre los wayúu en La Guajira

La Corte Constitucional realizó una inspección judicial en La Guajira, como parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 sobre los derechos de la niñez wayúu, y encontró que la fuente de agua de la comunidad de Jojoncito, en Uribia, presenta signos de contaminación con heces fecales de animales y microalgas, según reportó El Espectador. Las comunidades también denunciaron que las EPS contratadas no hacen seguimiento a los casos de salud detectados y que la alcaldía de Uribia advirtió que el Programa de Alimentación Escolar solo tiene continuidad garantizada hasta octubre.

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La Corte Constitucional ordena agua potable urgente para niños wayúu

La Corte Constitucional ordenó que la Alcaldía de Uribia y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA) activen en 48 horas un esquema temporal de agua potable con carrotanques para la comunidad wayúu de Jojoncito, después de que una inspección del 27 de agosto hallara la fuente contaminada con heces fecales de animales, según Blu Radio. También ordenó instalar filtros en 15 días hábiles, entregar un proyecto de acueducto definitivo en 30 y traducir la providencia al wayuunaiki. La medida hace parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, y la Corte pidió evaluar si la misma contaminación se repite en Riohacha, Manaure y Maicao.

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La Corte Constitucional ordena atención psicosocial urgente para niños wayuu de Maicao tras denuncias de posibles suicidios

La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó medidas urgentes de salud para los niños wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, a partir de la inspección judicial que hizo entre el 26 y el 28 de agosto, según El Espectador. El hallazgo que la Sala calificó como el más grave son las denuncias de afectaciones psicosociales y posibles suicidios de niños en el asentamiento La Pista y en las comunidades de Cantawamana y Majayupana, en Maicao: le dio al Ministerio de Salud ocho días hábiles para una respuesta psicosocial. También ordenó brigadas médicas en al menos 60 comunidades dispersas y una jornada de registro civil para los niños sin documentos, porque los equipos médicos detectan la desnutrición y después las EPS no siguen los casos. Las cifras del Instituto Nacional de Salud que cita la Corte suman 49 muertes de menores de cinco años en lo corrido del año por desnutrición, infecciones respiratorias o diarrea, repartidas entre las EPS que los atienden. Al revisar el expediente, El Espectador encontró además que la Corte compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría porque, nueve años después de la sentencia, el Estado no sabe cuántos niños wayuu debe proteger. La misma inspección había llevado a la Corte a ordenar agua potable urgente para la comunidad de Jojoncito.

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La Corte, nueve años después: el Estado sigue sin un plan para los niños wayuu

En una sesión técnica en Riohacha, la Corte Constitucional encontró que el Estado no tiene todavía un plan para garantizarles agua, comida y salud a los niños wayuu, como cuenta El Espectador. La Corte declaró en 2017 el estado de cosas inconstitucional en cuatro municipios de La Guajira. "Nueve años después, el Estado no tiene un plan", dijo el magistrado Carlos Camargo Assis, que preside la sala de seguimiento. Recordó a una bebé que murió el 24 de septiembre en Uribia porque las entidades de salud dijeron que no podían ir hasta su comunidad: "El Estado volvió a fracasar". Entre 2017 y 2026 han muerto otras 550 personas por falta de agua, comida o salud, dijo Ruth Chaparro, de la veeduría ciudadana del fallo. El procurador, Gregorio Eljach, calificó la situación de "una vergüenza para el Estado".

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