Menos de un mes después de posesionarse, Abelardo de la Espriella anunció en Barranquilla operativos contra los migrantes en situación irregular, con la consigna "primero los colombianos". Dijo que no solo deportaría a los extranjeros que delinquen, sino también a los que se quedaron sin papeles. En Colombia viven casi tres millones de venezolanos y cerca de 850.000 no tienen documentos, como contó El País. Rodrigo Lara, entonces ministro del Interior, dijo que el presidente se refería a los criminales. Rodrigo Uprimny y Juliana Bustamante advirtieron en sus columnas en El Espectador que la medida rompe una política que venía de Santos, Duque y Petro. Este hilo sigue lo que el Gobierno hace con los migrantes: los operativos, las deportaciones y los programas de integración que se quedaron sin dueño.

Última vez que agregamos algo a este hilo: 12 de octubre de 2026.

Hilo · 6 entradas en Abelardopedia · 25 de agosto de 2026 – 12 de octubre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.

Ministro del Interior "aclara" que Abelardo no estaba discriminando a todos los venezolanos

Después de las frases de Abelardo de la Espriella sobre migración irregular, Rodrigo Lara "aclaró" que no se refería "a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis...". Después, el ministro del Interior aclara que "el presidente no se refiere a muchos de estos hermanos venezolanos", sino a los criminales. Sin embargo, el discurso presidencial ha sido señalado por el riesgo de xenofobia que implica.

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Colombia abandona sin debate una década de liderazgo migratorio

Con menos de un mes en el poder, Abelardo de la Espriella anunció en Barranquilla operativos contra migrantes en situación irregular bajo la consigna "primero los colombianos". En una columna para El Espectador, Juliana Bustamante Reyes advierte que la medida rompe con casi una década de política de Estado sostenida por los gobiernos de Santos, Duque y Petro, ninguno de los cuales "criminalizó de forma generalizada a la persona migrante ni equiparó irregularidad administrativa con delito". El Estatuto Temporal de Protección regularizó a cerca de 2,5 millones de venezolanos, y en 2025 el relator especial de la ONU distinguió a Colombia como referente regional. Para Bustamante, vincular migración irregular con criminalidad "promueve la xenofobia" y contradice la evidencia económica.

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Rodrigo Uprimny le da seis razones a Abelardo para no deportar a 850.000 venezolanos

Rodrigo Uprimny le puso seis objeciones en El Espectador a la orden de Abelardo de la Espriella de localizar y deportar de forma rápida y masiva a los migrantes en situación irregular, que son unos 850.000 venezolanos, entre ellos 193.000 niños y adolescentes. Dice que es inhumana y que estimula la xenofobia, cuando Venezuela recibió a millones de colombianos en décadas pasadas; que rompe un consenso inusual entre izquierda, centro y derecha que venía desde Juan Manuel Santos y que Iván Duque reforzó con el PEP (el Permiso Especial de Permanencia, que les dio a cientos de miles de venezolanos un estatus regular para trabajar y acceder a salud y educación); y que no tiene sustento en los hechos, porque el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de los Andes no encontró evidencia de que la migración venezolana explique la criminalidad. Agrega que es inviable, pues los migrantes irregulares tienen derecho al debido proceso y el Estado no tiene capacidad para una operación así; que deja sin argumentos a Colombia para defender a sus propios migrantes irregulares en el exterior; y que contradice el cristianismo que el presidente proclama, citando el capítulo 25 de Mateo: "fui forastero y no me recibieron". Cinco días antes, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, había dicho que la orden no afectaba a los venezolanos que entraron al país durante la crisis de los últimos años.

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Los Centros Intégrate se quedan sin plata el 30 de septiembre y sin ministerio que responda por ellos

El 30 de septiembre termina el convenio que cofinancia los Centros Intégrate, la política de acogida e integración migratoria que Colombia montó en 2019 y que suma más de medio millón de atenciones a una población de 2,8 millones de venezolanos. Nacieron con plata de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; cuando USAID cerró en 2025 más del 90 % de sus operaciones en el mundo, los centros pasaron al Ministerio de la Igualdad, que hoy está en liquidación. En el papel sus funciones deben pasar al Ministerio del Interior o al Departamento para la Prosperidad Social, pero, según El Espectador, no existe todavía un acto que diga cuál de los dos los asume ni qué pasa con la atención en los 25 municipios donde operan.

El aviso de cierre ya salió en varias ciudades: en Cúcuta le notificaron al personal que la operación termina el 25 de septiembre. Medellín es de las pocas donde la Alcaldía puso presupuesto. Maicao, donde llegó a estar el mayor asentamiento irregular de extranjeros de América Latina y viven más de 68.000 migrantes, no tiene ni recursos ni hoja de ruta. Marcos Muleth, director nacional de los centros, dice en una carta que la continuidad depende ahora de alcaldías, gobernaciones y de la política migratoria de Abelardo de la Espriella, que hasta ahora no ha hablado de integración y sí ordenó operativos contra extranjeros irregulares: "Es una política de Estado, no de Gobierno".

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"El País" cuenta cómo viven los venezolanos sin papeles desde que Abelardo amenazó con deportarlos

Un mes después de que Abelardo de la Espriella dijera que no solo deportaría a los extranjeros que delinquen, "sino también a los que han violado la norma para quedarse", los venezolanos sin papeles de Bogotá buscan cómo regularizarse y encuentran pocas salidas, cuenta El País. El Permiso por Protección Temporal, con el que se regularizaron más de un millón, desde finales de 2023 solo se les da a menores que estudian en Colombia. Son casi tres millones de venezolanos en el país y cerca de 850.000 no tienen documentos. El consultorio jurídico de la Universidad Javeriana pasó de recibir una consulta cada 15 días a ocho por semana, y su directora, Gabriela Thiriat, dice que no tenían reportes de patrullajes con puestos móviles de control migratorio en los barrios "desde hace muchos años". Migración Colombia solo ha informado de unas 40 expulsiones y deportaciones en Bogotá desde el 7 de agosto, todas de personas con antecedentes, y no le respondió al diario cuántas ha habido por estar en situación irregular.

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Las venezolanas que cruzan a Colombia para abortar temen que se les cierre la puerta

En Venezuela el aborto solo es legal si la vida de la mujer corre peligro. Las que pueden pagarlo cruzan a Colombia, donde es legal sin causal hasta la semana 24, también para las migrantes, como cuenta un reportaje de El País. Esa salida se estrecha porque en Colombia gobierna ahora un presidente contrario al aborto, Abelardo de la Espriella, y la bancada antiderechos impulsa una reforma constitucional para proteger la vida desde la fecundación. Además, varias organizaciones que atendían a migrantes dejaron de ofrecer el aborto desde que Donald Trump volvió a vetar, en 2025, los fondos de Estados Unidos para las ONG que lo practiquen o informen sobre él. Las activistas dicen que nunca habían sentido una ola tan reaccionaria.

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