29 de septiembre de 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, un memorando para cooperar en minerales críticos y tierras raras y el vicepresidente José Manuel Restrepo dijo el 21 de septiembre en Nueva York que esos minerales "tienen que ser estratégicos para el futuro de Colombia". Pero el país conoce en detalle apenas cerca del 28 % de su subsuelo. Y el presupuesto de 2027 le baja la inversión al Servicio Geológico Colombiano de $80.000 millones a $52.000 millones, un 35 % menos, cuenta La Silla Vacía. La de la Agencia Nacional de Minería pasa de $90.000 millones a $87.742 millones. La letra menuda del memorando todavía no se conoce, y una alta fuente diplomática le dijo al medio que lo ve como ruido: con tan poca información y con la minería de oro en buena parte en manos de grupos armados, los inversionistas miran a otros países.

El 28 de septiembre, el senador Iván Cepeda denunció en X que el exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, condenado por el caso Odebrecht, había sido trasladado de La Picota a una guarnición militar en Corozal (Sucre). Preguntó además si es pariente de Abelardo de la Espriella, que en septiembre ordenó revisar a los presos que están en guarniciones militares y estaciones de Policía sin cumplir las condiciones legales. El Ministerio de Justicia respondió que Guerra está en la cárcel de Sincelejo, bajo custodia del Inpec, y no en una guarnición, recoge Infobae. Pero el periodista Jorge Espinosa mostró en X una resolución del Inpec del 10 de septiembre, firmada por su director, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, que sí ordenaba llevarlo a la Brigada de Infantería de Marina n.º 1 de Corozal, adscrita a esa cárcel. Horas después, el Ministerio y el presidente ordenaron devolverlo a La Picota. "El país tiene que tener tranquilidad", dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino. Cepeda dijo que "se frustró esta movida"; sobre el parentesco, el Gobierno no ha dicho nada.

En un informe sobre El Niño, Cambio recoge las cifras con las que el sector eléctrico y los analistas miden el riesgo. XM, el operador del mercado de energía, le da 75 % de probabilidad a que este "se convierta en un Niño sin precedentes desde 1950", y aunque los embalses están por encima del 78 %, van por debajo de los mínimos de los Niños anteriores. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) calcula que el déficit de energía será de 5,4 % este año y de 7,8 % en 2027. Según Lumen Economic Intelligence, la firma del economista Luis Fernando Mejía, un racionamiento como el de 1992, el de "la hora Gaviria", costaría $30,7 billones, el 1,6 % del PIB, y pondría en riesgo más de 100.000 empleos. José Ignacio López, presidente de ANIF, calcula que por El Niño la inflación de este año podría pasar de 6,6 % a 7,3 %, y Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, que podría llegar a 7,7 % si el fenómeno es muy fuerte antes de que termine el año. Para frenar el consumo, la CREG lanzó un programa de ahorro que cobrará de más a quien supere su meta en más de 10 %.

En su editorial, El Espectador pide que la investigación por la muerte de Donovan Balanta vaya "más allá de la reconstrucción forense" y establezca si el racismo influyó en las decisiones de los policías. Dice que los videos de los vecinos confirman lo que cuenta la familia (golpes y descargas eléctricas cuando ya estaba esposado y en el suelo) y que, si no bastan para probar un homicidio, "sí bastan para reiterar preguntas serias sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada". Lo compara con Javier Ordóñez, a quien unos policías mataron en un CAI de Bogotá en 2020, y con Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente de Puerto Tejada (Cauca) al que también mataron a golpes ese año y cuyo nombre "nunca alcanzó la misma visibilidad nacional": para el diario, esa diferencia también es racismo estructural. Cita un estudio de ILEX Acción Jurídica según el cual en Bogotá las personas de piel más oscura tienen 2,57 veces más probabilidades de ser detenidas, multadas o requisadas por la Policía, y el informe de un mecanismo de expertos de la ONU que en agosto encontró perfilamiento racial en Colombia.

El expresidente Gustavo Petro anunció en X la dirección provisional del Pacto Histórico y convocó una elección abierta de delegados al Congreso Fundacional del partido, cuenta La Silla Vacía. Además de él, la integran el senador Carlos Alberto Benavides, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman, las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro y Antonio Peñaloza, que fue gerente de la campaña de Iván Cepeda, según El Espectador. Todos son cercanos a Petro. También anunció equipos para investigar el fraude que, según él, hubo en la elección presidencial, y "un espacio comunicacional" para enfrentar "las granjas de bots que apoyan a Abelardo". La elección de los delegados depende de la Registraduría, cuyo presupuesto recorta el proyecto del Gobierno, advierte La Silla Vacía.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que el FACSAT-2 Chiribiquete, el único satélite que Colombia tenía en órbita, terminó su vida útil en diciembre de 2025 y que el 1 de diciembre de ese año le radicó el informe oficial a la Cancillería del gobierno de Gustavo Petro, según La FM. La confirmación llegó después de que miembros de la comunidad científica cuestionaran que la pérdida no se hubiera divulgado, cuenta Infobae. El satélite, lanzado en abril de 2023 por unos $3.400 millones, tenía una permanencia estimada de 3,04 años en órbita, pero el aumento de la actividad solar aceleró su caída; 30 de los 51 satélites de ese lanzamiento reingresaron antes. Tras el terremoto del 10 de agosto, la FAC dijo que usó otros sensores y aviones para tomar imágenes de 6.626 kilómetros cuadrados de los municipios afectados.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció en la Medellín Climate Week que revocará el Decreto 973 de 2026, con el que el gobierno de Gustavo Petro reglamentó el mercado de bonos de carbono el 6 de agosto, un día antes de irse, según El Espectador. "Ese decreto era horroroso, una bomba de profundidad", escribió en X. El Ministerio dice que se expidió sin la concurrencia del Ministerio de Hacienda, con conceptos pendientes de otras entidades y con cambios de fondo que no se publicaron para comentarios, cuenta La Silla Vacía. Arjona prometió tener listo en tres meses "el verdadero Renare", el registro nacional de reducción de emisiones, y pedirle al Congreso que las empresas puedan dejar de pagar con bonos todo el impuesto al carbono y no solo la mitad, como hoy. El Espectador recuerda que Arjona dirigió durante más de 20 años Conservación Internacional, una ONG que impulsa los bonos de carbono, y que la directora encargada del cambio climático que él nombró estuvo en la junta de Asocarbono, el gremio de las empresas de ese mercado, entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), les pidió disculpas al Centro Democrático y a su militancia en la Comisión Segunda de la Cámara, cuenta El Espectador. Tres representantes del partido (Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Eduardo Pineda López) le reclamaron por lo que escribió en X durante la campaña, cuando era uno de los promotores de Abelardo de la Espriella en redes. En un trino había llamado a los del partido "fresas", "tibios" y "badulaques", y había escrito que "terminan votando por Cepeda". "Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña", les respondió, según Semana, y agregó que esa no es su postura personal ni profesional. El Tiempo cuenta que también dijo haberle pedido disculpas a La Silla Vacía, a la que atacó en otros mensajes. Blanco llegó a la UNP pese a los reclamos por sus trinos contra opositores y periodistas, a quienes ahora le toca proteger.

Desde La Picota, el exsenador Iván Name Vásquez anunció en una carta que apelará el fallo de primera instancia con el que el Consejo de Estado le quitó la investidura por los $3.000 millones de la UNGRD, cuenta El Espectador. El fallo se apoyó en los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, y Name dice que "la empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD" lo inculpó "con testigos y pruebas falsas". Insiste en que se opuso a las reformas de Gustavo Petro: "Levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban". La Silla Vacía le recuerda que faltó a 14 de las 16 sesiones de la reforma pensional. También le contestó a Abelardo de la Espriella, que dos días antes les había pedido a los jueces rebajas de pena para los investigados que delaten a sus cómplices: "No hay nada que me motive a pretender beneficios de la justicia", escribió, según Cambio.

El esquema de protección que el gobierno de Gustavo Petro le dio a Juliana Guerrero costó $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, dijo el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, según Semana. Es el esquema que la UNP le retiró a finales de agosto, junto con los de Gabriela Muñoz y Beto Coral. En el mismo debate, Blanco dijo que Rodrigo Londoño tiene seis carros blindados y 16 escoltas y que la UNP le negó una ampliación, recoge Semana, y se quejó de que algunos exministros y excongresistas del gobierno de Petro no han devuelto los carros de sus esquemas.