5 de noviembre de 2026

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Juan Carlos Montoya Coronado, contador público con una maestría en tributación, para director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota (hoja de vida). Su hoja de vida no trae experiencia en cárceles. Declara que fue asesor financiero de las contralorías de Manizales y del Tolima y de la Alcaldía de Puerto Salgar, y administrador contable de la Fuerza Aeroespacial en Puerto Salgar de 2013 a 2017. También declara que dirigió la empresa de servicios públicos de La Dorada de 2008 a 2009 y la Cámara de Comercio de esa ciudad de 2006 a 2007. No menciona 10 contratos a su nombre que están en el Secop, por $414.990.000. Con la Alcaldía de Puerto Salgar son tres: de febrero a agosto de 2025, por $39.000.000; de enero a agosto de 2026, por $52.000.000, y otro firmado el 14 de septiembre de 2026, hasta el 14 de noviembre, por $11.000.000. Con la empresa de servicios públicos de Puerto Salgar son cinco: dos de 2024, por $11.330.000 y $68.000.000; uno de 2025, por $89.760.000, y dos de 2026, por $46.800.000 cada uno, el último hasta el 31 de diciembre. Los otros dos son con la Contraloría del Tolima, de agosto a diciembre de 2025, por $35.000.000, y con la Fuerza Aeroespacial, en 2024, por $15.300.000. El 3 de noviembre, Abelardo anunció un megaoperativo en 19 pabellones de La Picota, con 582 celulares incautados.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cuatro hojas de vida más para directores de cárceles del Inpec. Javier Hernán Erazo Mejía, abogado con una especialización en derecho penal, aspira a la de Puerto Triunfo (hoja de vida). Declara que fue defensor público, personero de Norcasia de 2016 a 2021 y contratista de la Gobernación de Nariño hasta diciembre de 2024. No menciona ocho contratos a su nombre, por $205.684.404: dos con la Defensoría del Pueblo, de 2021 y 2022, cinco con la Gobernación de Nariño, de 2025 y 2026, y uno con la Unidad para las Víctimas. Dos van hasta el 31 de diciembre: el de la Unidad, por $40.599.942, y el de la Secretaría de Paz de Nariño, por $22.050.000. Juan David Quintero Quintero, abogado con una maestría en derecho público, aspira a la de Pamplona (hoja de vida). Declara contratos con la Alcaldía y el Concejo de Cúcuta y con la Gobernación de Norte de Santander hasta diciembre de 2024 y un empleo vigente en Servicios Pre-exequiales La Eternidad. No menciona cuatro contratos, por $74.940.000. Tres son con la Gobernación: uno de 2025, otro de 2026 y un tercero firmado el 29 de octubre de 2026, hasta el 29 de diciembre, por $6.720.000. El cuarto es de 2026 con la Alcaldía de Cúcuta, por $17.500.000. Cristian Alexander Rosero Hernández, abogado de Nariño, aspira a la de Popayán (hoja de vida). Declara que desde noviembre de 2023 es director en el Inpec, en Pasto, y Publimetro lo presentó en julio de 2024 como director de esa cárcel. Antes fue subdirector de contratación de la Gobernación de Nariño. Audrey Verena Romero Pérez, abogada con una especialización en derecho administrativo, aspira a la de Tierralta (hoja de vida). Fue asesora jurídica de la Corporación Córdoba Más Incluyente de 2021 a 2024 y trabajó en talento humano en la Alcaldía de Tierralta de 2017 a 2019.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Julián Fabrizzio Huérfano Ardila, abogado de Villavicencio, para asesor de Migración Colombia (hoja de vida). Declara que fue director de gestión contractual de la Uspec en 2013 y subsecretario de Planeación de Bogotá en 2015 y de Seguridad desde 2016. También declara que fue jefe jurídico y subsecretario de Educación desde 2022 y contratista de la Agencia de Desarrollo Rural hasta el 31 de diciembre de 2025. Ahí termina: no trae nada de 2026. No menciona 12 contratos de 2022 a 2026 que están a su nombre en el Secop, por $1.002.486.902. De enero a junio de 2026 tuvo cuatro a la vez. El del Ministerio del Interior va de enero a diciembre, por $100.522.616. El de la Defensa Civil, como asesor de su directora, va de enero a noviembre, por $75.000.000. El de la Agencia Nacional de Seguridad Vial empezó en marzo de 2025, por $241.260.000. El de la CAR de Cundinamarca es por $97.066.667. En julio firmó otro con la CAR, hasta diciembre, por $84.000.000. El Secop marca como terminados el de julio con la CAR, el del Ministerio del Interior y el de la Defensa Civil. Los otros contratos son con el Concejo de Soacha, en 2022, por $46.150.000; con la Caja de la Vivienda Popular, en 2024, por $40.000.000, y con la misma agencia de seguridad vial, de 2024 a 2025, por $152.990.000. También tuvo contratos con el Icanh, de 2024 a 2025, por $18.738.000; con el Ministerio del Interior, en 2025, por $100.296.952; con la UNP, por $28.000.000, y con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, por $18.462.667. El 14 de septiembre, Semana contó que la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, alertó a Abelardo por el nombramiento de Huérfano como secretario general de Migración, porque venía de gobiernos de izquierda: "No le metan gato por liebre al presidente". Esa secretaría es el cargo al que ahora aspira Rodrigo Velandia Espinel, cuya hoja de vida publicó la Presidencia el mismo día.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes cuatro hojas de vida para el Ministerio del Trabajo, de la ministra Natalia López Fuentes, una para el Fondo Adaptación y una para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia). Catalina Martínez Ramírez, internacionalista, aspira a jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (hoja de vida). Declara que es primera secretaria de relaciones exteriores de la Cancillería desde marzo de 2018. Alba Estela Caballero Padilla, abogada de Montería, aspira a asesora del despacho de la ministra (hoja de vida). Fue contratista de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Córdoba de 2024 a 2025, de la Alcaldía de Montería en 2023 y del Concejo de Montería de 2020 a 2022. Yenny Yohana Montenegro Méndez, administradora de empresas con una maestría en gobierno, aspira a asesora del despacho (hoja de vida). Trabajó en la Oficina de Control Interno del ministerio de febrero de 2018 al 31 de agosto de 2026. Laura Daniela Fortich Oviedo, comunicadora social, aspira a asesora del viceministro de Empleo y Pensiones (hoja de vida). Declara que desde el 1 de septiembre de 2026 es coordinadora de comunicaciones del ministerio; antes pasó más de 15 años en Telefónica Movistar. Telefónica la presenta en su sitio como gerente de comunicaciones corporativas para Hispanoamérica. Alcira Suárez Acosta, administradora de empresas de Yopal, aspira a asesora del Fondo Adaptación (hoja de vida). Declara que es analista del Fondo Nacional del Ahorro en Yopal desde febrero de 2023. Andrés Leonardo Mendoza Paredes, abogado, aspira a asesor de la Supervigilancia (hoja de vida). Declara una sola experiencia: asesor jurídico del Fondo Rotatorio de la Cancillería desde julio de 2010.

El magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, ordenó una inspección en la Secretaría General del Senado para recoger los contratos de Deicy Jiménez, como cuenta Caracol Radio. Jiménez es la excontratista que acusa a Gustavo Petro de pagar favores sexuales con contratos públicos. El Espectador dice que la diligencia todavía no tiene fecha y La Silla Vacía recuerda que Jiménez entregaría su celular para el peritaje de la grabación que publicó. La Fiscalía hizo la inspección forense del teléfono en su búnker de Bogotá, añade El Espectador. El presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito, dijo: "Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado". La declaración de Jiménez ante la Fiscalía sigue sin fecha. Su nueva abogada, Dina Luz Malo Andrade, fundó un bufete con Wendy Stefania López Salazar, que trabajó en De la Espriella Lawyers entre 2018 y 2022, cuenta Las2orillas. La cuenta La Hora de la Verdad escribió en X que Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre, irá a la Fiscalía el 10 de noviembre. Noticias Caracol dijo que la cita es el 18 de noviembre.

Danilo Alfonso Rojas Betancourth se posesionó como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anunció un plan de recortes por la reducción de su presupuesto para 2027. La Silla Vacía dice que la JEP tiene $651.803 millones, unos $170.000 millones menos de los proyectados, y El Espectador habla de una reducción de $181.400 millones. En marzo de 2027, la JEP dejará su edificio de 15.000 metros cuadrados por uno de 4.200, con un ahorro de $26.000 millones al año, y el trabajo virtual será la regla. Los magistrados y los fiscales tendrán esquemas de protección más pequeños y los secretarios ejecutivos se quedarán sin ellos. También se reducirán los de víctimas, testigos y comparecientes, por $37.000 millones, y Rojas le pedirá al Gobierno asumirlos. La JEP recortará el 85 % de los contratos de prestación de servicios, por $83.000 millones, cuenta El Colombiano. Rojas dijo que la JEP cumplirá "a pesar del entorno político y social adverso, incluso hostil, al que nos enfrentamos". La senadora María Clara Posada se atribuyó el cambio de sede: "GRAN LOGRO a raíz de nuestras denuncias contra el derroche de la JEP".

La Contraloría le hizo una advertencia especial al Ministerio de Salud por $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalizar, con corte al 30 de junio de 2026, como cuenta Blu Radio. Es plata entregada para hospitales y quienes la recibieron todavía deben justificarla. La Contraloría revisó 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De ellos, 22 tienen retrasos o suspensiones y comprometen $541.194 millones, el 52,77 % de la muestra. Solo el 1,61 % de lo asignado en esos años corresponde a proyectos reportados como terminados. El contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas habló de riesgo de pérdida de recursos, no de una pérdida ya establecida. La entidad encontró problemas en estudios y diseños, cambios de alcance y debilidades en la trazabilidad de los recursos.

Abelardo de la Espriella anunció en un acto en Leticia que donaba su tercer sueldo a dos fundaciones del Amazonas: "Como presidente me pagan 41 millones y pico de pesos mensuales", dijo, como cuenta Semana. La primera es la Fundación La Aljaba, que atiende a niños en situación de vulnerabilidad desde hace 26 años. Abelardo le preguntó a la representante de la fundación: "Y esos 20 milloncitos ayudan en algo, ¿verdad?". Ella le contestó que la fundación vive "de lo sobrenatural de Dios". Cablenoticias y Infobae anotan que en lo que se difundió no se conoció el nombre de la segunda fundación ni cómo se repartió la plata. Abelardo donó el primer sueldo en Quimbaya y el segundo en Montería y prometió en campaña hacerlo durante cuatro años.

El abogado Manuel Villanueva, defensor de Angie Rodríguez, dijo en Noticias RCN que la Fiscalía ordenó un examen con una muestra de cabello y que se practicó en un país europeo, como cuenta Infobae. "El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida", sostuvo. No dijo qué sustancias, en qué fecha ni en qué laboratorio. Agregó que la Fiscalía pidió traer la prueba desde España. Después condicionó la conclusión: "De confirmarse, de salir positivas esas pruebas, se confirmaría efectivamente que existió una serie de hechos que intentó acabar con la vida de la doctora Angie Rodríguez". La nota no trae una respuesta de la Fiscalía ni un informe técnico. Villanueva dijo también que Rodríguez está bajo custodia de la Unidad Nacional de Protección y que Abelardo de la Espriella puso a su disposición un dispositivo de seguridad.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez y ordenó su libertad inmediata, como cuenta El Espectador. El Tribunal dijo que la necesidad de la medida no fue justificada y que algunas razones de la Fiscalía "no son más que la insistencia en la gravedad y la modalidad de la conducta". Semana añade que el Tribunal consideró que Velasco ya no tiene poder político: "no se ve cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal si es que alguna vez lo hizo". Velasco está en juicio por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía lo acusa de direccionar contratos de la UNGRD para comprar votos de congresistas. Velasco escribió en X que demostrará su inocencia y que lo usaron "como cortina de humo para desviar la antención".