8 de noviembre de 2026

En su columna en El Espectador, Laura Ardila escribe sobre Gustavo Petro y el chat con Angie Rodríguez: "qué indecencia política y qué desvergüenza pública". Le pregunta cuántas veces usó su autoridad para que se entregaran contratos y si pondría sus dispositivos a disposición de la autoridad. Pide lo mismo a otros. Uno es el alcalde de Barranquilla, Álex Char, a quien la excongresista Aida Merlano señaló de ayudar a financiar su campaña con plata de la contratación. Otro es el expresidente Andrés Pastrana, por sus menciones en los archivos de Jeffrey Epstein. Le reclama también el silencio a Iván Cepeda. "Por coyuntura, que arranque Petro. Pero hay demasiados pactos de silencio protegiendo a hombres poderosos", concluye.

Después de la columna de María Jimena Duzán en Cambio, Vicky Dávila escribió en X que la columnista "olvida mencionar que celebró en el Movistar Arena el triunfo de Petro como presidente en el 2022, como cualquier militante". Añadió que Duzán "fue negociadora en la mesa con los terroristas del ELN" y que se le abona haber "saltado" del barco petrista. Duzán le contestó: "Vicky, eso no es cierto". Explicó que fue con su equipo a filmar un documental: "Y no fui a celebrar fui a grabar". Y remató: "Entiendo que le duela que yo haya contado una historia que ahora usted está contando. Deje la inquina". Claudia López escribió sobre la columna: "Suscribo cada palabra". Dávila le preguntó entonces: "¿Claudia López, eso quiere decir que renuncia a cualquier alianza política con Gustavo Petro?".

El País explica el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que llegó al Congreso dentro de la Ley de Rescate. La exposición de motivos cita como referente el RIGI de Javier Milei. El RUGE ofrece renta del 20 % a quien empiece en 2027 o 2028, dividendos del 8 % a los socios extranjeros y reglas fijas por 16 años. Cada solicitud queda aprobada en tres meses si el Gobierno no responde, y el régimen llega sin un cálculo de lo que dejaría de recaudar el Estado. Oliver Pardo, del Centro Javeriano de Competitividad, lo llama "el gran lunar" de la reforma y "la propia definición de regresividad", porque la misma ley pide más a asalariados y empresas. Un cálculo del diario muestra que un proyecto petrolero con la inversión mínima pagaría 41 % menos. Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, escribió que "sería francamente irresponsable comprometer al país a 16 años de beneficios tributarios para los grandes negocios". El Gobierno calcula que el RUGE haría el PIB de 2030 apenas 0,06 % mayor.

Cambio reconstruyó cómo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) cambió sus requisitos antes de la llegada de su nueva cúpula. La versión anterior del manual exigía antropología, comunicación social, filosofía, historia o sociología para la Subdirección de Investigación. El 2 de octubre, la Resolución 1589, firmada por el director Javier Estrada, admitió Derecho, Administración y Economía. El 19 de octubre, Talento Humano aprobó los soportes del abogado José Hernán Muriel Ciceri, doctor en Derecho, y ese mismo día aparece la solicitud de sus pruebas de competencias. La nueva versión se publicó en la página del instituto el 3 de noviembre, cuando ya estaba evaluado. El Decreto 498 de 2020 exige consultar antes a los sindicatos. Muriel sacó 59 % en la prueba comportamental, con "moderado potencial de ajuste". Ninguno de los cinco seleccionados tiene formación en antropología, arqueología o historia: Camilo Noguera Pardo, Alexandra Bautista Beltrán, Abraham Jattin, Muriel y Sonia Angarita. Como cuenta El Espectador, la resolución dice que el subdirector "no solo investiga, sino que dirige, administra, protege jurídicamente". El comunicado de investigadores responde: "La resolución no explica por qué la formación en Derecho, Administración o Economía sería suficiente para asumir responsabilidades científicas". El Icanh le dijo a Cambio que no podía dar información, por la directriz presidencial que centraliza la comunicación; Noguera y Muriel no respondieron.

La senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, pidió garantías para Deicy Jiménez en un pronunciamiento en redes, como cuenta Infobae. Sobre Gustavo Petro, dijo que, si hizo un uso irregular de su poder político, la justicia debe actuar "como corresponde". Añadió: "Si debe ser juzgado por las autoridades por su actuar, que así sea", aunque eso no borraría, para ella, su legado. Acusó a la extrema derecha de usar el caso para sugerir que las mujeres progresistas llegaron a sus cargos por favores sexuales. Y sostuvo que su proyecto "está repleto de mujeres" con experiencia para legislar y administrar.

El vicepresidente José Manuel Restrepo le contestó el 7 de noviembre a La Silla Vacía en X: "FAKE NEWS !!! Hay más de 130 proyectos evaluados para milagro week !!! Es necesario hacer bien la tarea periodística !!". El medio había analizado la lista de proyectos para la Milagro Week. Reconoció: "hicimos nuestra reportería sobre una base de datos incompleta". Pidió disculpas, anunció que volverá a publicar el análisis y le pidió "que no se sume a la campaña de estigmatización de su gobierno contra un medio que siempre ha estado abierto a corregir errores". Restrepo respondió: "Nunca he estigmatizado a ningún medio, ni lo haré". Y agregó que "no solo faltó verificar la información, también se omitió consultar las fuentes".

La Corte Suprema de Justicia rechazó en un comunicado "cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra los medios de comunicación y sus periodistas", como cuenta El Espectador. Dijo que "la violencia busca silenciar las voces que expresan, informan y cuestionan". Envió su apoyo a Noticias Caracol, el Canal RCN, RCN Radio y Caracol Radio. Caracol Televisión evacuó su sede tras una alerta de las autoridades. La Policía informó que "al momento no hay evidencia de explosivos" en el canal. La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió esclarecer el origen de la amenaza. El procurador Gregorio Eljach afirmó: "Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia". Después, la embajada de Estados Unidos rechazó en X "las amenazas de violencia contra medios de comunicación" y escribió que "Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo", como cuenta El Tiempo.

En su columna en El Espectador, Ramiro Bejarano Guzmán escribe que "El festín que encandila al nuevo gobierno tiene enceguecida a buena parte de los medios y comunicadores, pero también a los organismos de control y a la Fiscalía". Enumera cinco casos. Uno es el joven detenido sin orden judicial tras insultar a la primera dama. Otro, la mujer a la que, en la Casa de Nariño, habrían desnudado en un baño durante un interrogatorio. También, la queja pública de un expresidente contra un ministro y los regaños de Abelardo a detenidos esposados. El último es el traslado de la biblioteca de la Cancillería. Pregunta por qué no actúan el procurador Gregorio Eljach y el contralor.

María Jimena Duzán recuerda en su columna Se los dije, en Cambio, que en noviembre de 2023 reveló, con fuentes que no nombra, que Gustavo Petro tenía un problema de adicción que explicaba sus ausencias. La investigación le tomó cerca de un año y quienes le contaron eso se negaron a dar la cara por temor a dañar el proyecto de izquierda.

Su relato arranca días antes de la posesión, cuando Petro se encerró en la suite de un hotel con prostitutas y travestis y miembros de su campaña lo sacaron en mal estado de una habitación destruida. Ya en el poder, escribe, su entorno arrendó casas y apartamentos para sus fiestas: ella constató uno cerca de Corferias y otro en La Calera. Al menos 10 fuentes le hablaron de esas escapadas, de un consumo que iba de la cerveza al bazuco y de desconexiones de hasta cuatro días. Dos le contaron que estuvo a punto de morir por una sobredosis.

Para Duzán, la plata del Estado pagó esas casas y a quienes asistían. A muchos, escribe, les dieron contratos para comprar su silencio. Sostiene que Petro "les pagó a muchas Deicys Jiménez con contratos" sus favores sexuales, en alusión a Deicy Jiménez, que hizo denuncias contra él y contó que, cuando era congresista, le pedía que le comprara droga. Lo que consuma el expresidente no le importa, aclara: lo que denuncia es que quienes organizaban las fiestas terminaron con contratos o en ministerios.

Duzán acusa a Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Manel Grau y Xavier Vendrell de callar porque les convenía un presidente extorsionable. Dice que cada funcionario que lo vio así guarda fotos o videos comprometedores y que Verónica Alcocer también lo extorsionó, de acuerdo con varias de sus fuentes.

También les reprocha a algunos periodistas callar la doble vida de políticos cercanos a Abelardo de la Espriella, como el alcalde de Barranquilla, Álex Char. De él escribe que rumbea y consume cocaína tanto o más que Petro y que tiene investigaciones por haber intentado matar a su amante y por pagar coimas, sin que la justicia haya actuado. Sin nombrarlo, señala a otro expresidente de usar el Partido Liberal para contratar a jóvenes de compañía.

Rechaza que el abelardismo presente la doble moral como un problema exclusivo de la izquierda y le pide al Gobierno de Abelardo no intervenir en los procesos contra Petro. La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez le dijo que firmó un acuerdo de confidencialidad que no es con la Fiscalía ni con la Comisión de Acusaciones. Duzán reclama saber si es con el Gobierno. Su conclusión es que Petro pasará a la historia como un presidente dominado por el chantaje.

Un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dice que, en el gobierno de Gustavo Petro, la agencia planeó poner micrófonos y GPS en los vehículos para la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes. Lo reveló Noticias Caracol, que tiene el documento: un informe de empalme de 26 páginas, de julio de 2026, dirigido al director entrante de la DNI. El dato del espionaje sale de una fuente humana que el informe cita. El documento dice que el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio para que la DNI tuviera un papel en la asignación de esos vehículos y sostiene que "una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas". El informe habla también de una casa de inteligencia clandestina a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, que se desocupó después de las elecciones. Recoge la sospecha de que Rusia entregó computadores y celulares con programas espía a agentes que se capacitaron en Moscú. Señala la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, "sobrevalorado" y lleno de fallas, y la de tres equipos antidrones por $8.340 millones. Describe además a Carlos Andrés Oyola Tovar, el ingeniero capturado el 6 de noviembre, como el líder de una red que cambiaría resultados de la votación en la segunda vuelta. La Contraloría anunció que revisará los contratos del dron y de los equipos antidrones, informó El Tiempo. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien el documento le atribuye reuniones con Oyola, le dijo a Noticias Caracol que nunca se ha reunido con él ni lo conoce. Noticias Caracol buscó a los dos últimos directores de la DNI de Petro, René Guarín y Jorge Lemus, y no le respondieron. El vicepresidente José Manuel Restrepo llamó la situación un "ataque a la democracia" e Iván Cepeda habló de campañas "que intentan poner en duda la legalidad de la gran votación que obtuvo el Pacto Histórico", cuenta El Espectador.