8 de noviembre de 2026

La Agencia de Periodismo Investigativo publicó los chats que Deicy Jiménez sostuvo de mayo de 2022 a mayo de 2026 con perfiles que se atribuyen a Gustavo Petro, como "Michel Foucault" y "Mijaíl Bujarin". Jiménez es la excontratista que acusa a Petro de haberle dado contratos a cambio de sexo. La agencia advierte que esa atribución sale del material que recibió, no de una verificación técnica propia. En los mensajes, Jiménez pide una y otra vez que le prorroguen o le consigan contratos. El interlocutor promete gestionarlos con Jesusita Quiroz Gualteros, su antigua colaboradora en el Congreso. Jiménez menciona a una "doctora Actriz" que el documento relaciona con la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin. El 26 de agosto de 2022, el interlocutor le escribe: "dame una cuenta para consignarte un dinero. Ya te van a contratar". Ella confirma que recibió $2 millones. En 2023, el interlocutor le presta $1.200.000 para el arriendo. A finales de 2024 le anuncia que la vinculará la notaria segunda de Bogotá, Indira Lorena Álvarez Marrugo, y en diciembre Jiménez se posesiona en la Supervigilancia de Yenniffer Edilma Parra Moscoso. En noviembre de 2025, cuando ella le pide $5 millones, él contesta: "Uff, quiero verte". Ella responde: "Si eso es una condición por el favor que te pedí, entonces olvídalo". Petro ha dicho en X que jamás entregó un contrato a cambio de relaciones sexuales.

By Viral 24 preguntó en X por "los activistas digitales bodegueros que el Hacker debía coordinar", en referencia a Carlos Andrés Oyola Tovar, el funcionario de la DNI capturado. Les pidió a sus seguidores: "Etiquétenlos… pronto saldrán sus nombres". Y afirmó: "Hay petristas que estaban siendo pagos desde Rusia". No dio ningún nombre ni mostró ninguna prueba. El 9 de noviembre, citando una fuente que no identificó, escribió en otro trino que para infiltrar la campaña de Paloma Valencia se valieron de "influencers de derecha". Anunció: "TENEMOS SUS NOMBRES". Y añadió que había "otros grupos de hackers coordinados desde México, Rusia y Balí Indonesia". Hasta el 10 de noviembre tampoco los había publicado.

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, criticó en X a la ministra de Cultura, Paola Holguín, por una publicación de MinCultura. La imagen etiqueta al exfutbolista Tino Asprilla y a la cuenta caremonja, con un mensaje sobre construir puentes por medio de la cultura, la música, el deporte y la moda. Carrillo escribió que Holguín construye puentes con #LaRosca, en alusión a la columna de Daniel Coronell sobre amigos y parientes de Abelardo en el Estado.

Agregó que es conocida la cercanía política de Carolina Duarte, que volvió a publicar ese mensaje en X, con Carlos Suárez, presidente de la junta de Ecopetrol y socio de Abelardo. Publicó una foto de ella con Suárez frente a un letrero de Estrategia & Poder, la firma de él.

En el Secop II, el sistema de contratación pública, figura un contrato directo del Ministerio con Carolina Duarte Rangel. Se firmó el 8 de octubre, por $15.683.689, para apoyar hasta el 31 de diciembre al Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Es el sexto contrato de esa contratista con el Estado desde 2020, por unos $109,7 millones en total. Entre 2020 y 2022 contrató con el Ministerio del Interior para trabajar en el Cesar.

La Carolina Duarte de la foto se presenta en X como artista y politóloga y dice que Valledupar es su ciudad. El 30 de junio contó que hizo parte del equipo de empalme del Ministerio de las Culturas. Ningún documento confirma que sea la contratista del Secop: coinciden el nombre, el ministerio y el Cesar.

Daniel Coronell abre así su columna La rosca, en Cambio: "Un grupo de amigos, familiares, compadres y socios se está tomando el Estado". Después enumera 14 casos.

Tres son de Ecopetrol. Joaquín Gutiérrez Caballero es su presidente, sin experiencia en el sector: amigo de Abelardo, fue subgerente de De la Espriella Lawyers y jefe de su campaña. Carlos Augusto Suárez Rojas, socio del presidente en el negocio del ron y estratega de la campaña, encabeza la junta directiva. Camilo Andrés Rojas, vicepresidente administrativo, fue abogado del paramilitar Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias Barbie. Coronell cuenta que una hermana de Barbie le vendió a Abelardo la finca Nueva Jerusalem y que otra hermana tiene el 15 % de la empresa que produce el Ron Defensor, el ron de Abelardo.

Coronell ubica a otros en el bufete. Diana Patricia Bravo Vélez, que trabajó allí en el caso de Alex Saab Morán, señalado testaferro de Nicolás Maduro, preside la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ejecutará la devolución de 12 bienes de Saab. Jensy Johana Osorio Porras, también abogada de la firma, dirige la Unidad para las Víctimas y su esposo, Andrés Felipe Velásquez Reyes, dirige la DIAN, que tiene un litigio con el bufete. Wilson Caballero Ariza, abogado de la firma durante años, es superintendente de Vigilancia. Andrés Bernardo Barreto González, su exdirector general, es secretario jurídico de la Presidencia y prepara los decretos. Julia Eva Pretelt Vargas, que trabajó allí, es superintendente de Sociedades. Orlando Abello, que hizo parte de la firma, es embajador en Costa Rica y su hija, Ana María Abello, viceministra de Cultura.

Los demás son parientes o socios. Yoly Beatriz Illidge Pimienta, exesposa del presidente y fundadora del bufete, es delegada en la Superintendencia de Notariado y su hermano, Augusto José Illidge Pimienta, delegado en la de Vigilancia. Carlos Eduardo Gonima Díaz Granados, cuñado de Joaquín Gutiérrez, es viceministro de Política Criminal. María Carmenza Valverde Pineda, prima de la primera dama, es vicepresidenta ejecutiva del Banco Agrario. Daniella Restrepo Duarte, viceministra de Asuntos Multilaterales, es hija de Federico Restrepo Solano, socio del magnate de los hidrocarburos Serafino Iacono y accionista de la empresa del Ron Defensor.

Coronell cierra con un recordatorio: en una alocución, Abelardo prometió que su gobierno no sería de roscas ni de primos.

En su columna en El Espectador, Tatiana Acevedo Guerrero escribe que las derechas prometen un pasado recalentado y la crueldad, y opone a eso lo que llama arraigo: "los cientos de arraigos que se juegan metro a metro el futuro". Cuenta tres casos. En La Calera, vecinos lograron que la CAR le redujera a Coca-Cola la concesión de siete manantiales a cuatro. La comunidad sikuani de Barrulia recuperó el predio Cuba Libre, tras nueve años. Y en Quibdó y Pereira la gente denuncia la falta de respuesta al terremoto. Recoge lo que narró Adriana Villegas Botero sobre Abelardo: "entregar llaves de cartón para viviendas simbólicas".

En su columna en El Espectador, Mauricio Botero Caicedo escribe que el Gobierno de Gustavo Petro decidió no firmar contratos nuevos de exploración, pese a las advertencias de la UPME. Hoy, dice, Colombia importa cuatro de cada diez metros cúbicos de gas que consume, a cerca de 30 dólares el millón de BTU, casi seis veces lo que costaba en 2022. Anota que el 85 % de los consumidores son estratos 1, 2 y 3. Y concluye: "Los colombianos estaremos hasta el 2036 importando gas y pagando las miopes improvisaciones de la pasada administración".

En un análisis en El Espectador, Marta Juanita Villaveces, exviceministra técnica de Hacienda y profesora de la Universidad Nacional, escribe que el Gobierno propone instrumentos "casi calcados de los recomendados por el FMI, como alumno obediente". Celebra dos medidas: más impuestos al tabaco y el alcohol, y pasarle a la Adres uno de los cuatro puntos que reciben las cajas de compensación. Pero advierte que la ley aumenta las obligaciones de quienes ya contribuyen. Y sobre EfectIVA escribe: "La progresividad esperada no debería confundirse con una progresividad garantizada". Concluye que el ajuste "no equivale a una estrategia de crecimiento".

El Juzgado 34 Civil de Bogotá le negó a Gabriela Muñoz la tutela con la que buscaba que Angie Rodríguez se retractara por decir que Muñoz manejó "a su antojo" la Aeronáutica Civil en el gobierno Petro, como cuenta El Tiempo. El fallo, de la jueza María del Pilar Arango Hernández, consideró que Rodríguez no violó derechos fundamentales: "Debe recordar la accionante que los servidores públicos se encuentran sometidos a controles de diferentes índoles". El despacho anotó que ya hay investigaciones sobre lo dicho por Rodríguez. La Corte Constitucional podrá revisar el caso.

En entrevista con Cambio, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ya en libertad, dijo que la Fiscalía solo ha investigado lo de los carrotanques de la UNGRD y que él es "un chivo expiatorio y una cortina de humo". Sobre Olmedo López y Sneyder Pinilla dijo: "Ellos, evidentemente se robaron la UNGRD". Y sobre los más de 26 contratos por $1,3 billones que, dice, nadie investiga: "Hay una banda criminal gigantesca que tiene que tener mucho poder y que estuvo evidentemente en el gobierno y eso no hay que desconocerlo". No quiso nombrar a nadie: "Yo no puedo dar nombre, sería un irresponsable". Contó que Laura Sarabia le transmitió la orden de darle un cargo a Olmedo: "vino del presidente y lo que a mí se me manifestó por parte de la doctora Sarabia es que era una instrucción del presidente". Añadió: "A mí no me dio buena espina". Reconoció una falla de su gobierno con Olmedo, a quien "por el solo hecho de militar en la izquierda creíamos que era impoluto". Contó que le pidió a Sarabia testificar y que ella le contestó: "Mis abogados me han pedido que no vaya a ninguno de estos espacios". Acusó a la fiscal María Cristina Patiño de no entregarle todas las pruebas. Negó haber dado órdenes para comprar votos. Dijo que en el juicio, que empieza en febrero de 2027, presentará lo suyo: "Tengo toda una copia de pruebas muy fuertes". Sobre el caso de Deicy Jiménez, dijo: "Yo lo que creo es que estamos volviendo al siglo XIX".

Cambio conoció apartes de las declaraciones que Eva Ferrer rindió ante la Procuraduría el 15 y el 27 de octubre sobre el círculo de Verónica Alcocer. Son sus palabras: la revista verificó algunos nombres y contratos, pero varios señalamientos se basan en lo que otros le contaron.

Sobre la UNGRD, dijo que Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, participaba en reuniones sin ocupar cargo: "Yo le voy diciendo a Verónica que el señor Mario Fernández no es nadie para estar por allá en medio". Aseguró que Mario Fernández, Verónica Alcocer y el congresista Agmeth Escaf hicieron una campaña contra el director Javier Pava: "Hubo un desprestigio muy grande por parte de estos personajes hacia esta persona, de tal manera que al final acaban sacándolo". Y que unos documentos que ella se negó a firmar los habría firmado Cielo Rusinque.

Contó que Alcocer le presentó a finales de 2022 un proyecto de cocinas tradicionales que ella rechazó: "Era muy caro para el retorno social que había y además porque volvían a estar involucrados familiares, amigos de la primera dama". El Dapre firmó en mayo de 2024 un convenio de ese tipo con la Fundación Finsocial, por $3.052 millones.

Ferrer dijo que el 30 de enero de 2026, un día antes de la Ley de Garantías, el Dapre firmó cinco convenios por $15.140 millones: "El patrón es más que contrato aislado". Cambio halló cinco convenios ese día por $11.152 millones, tres con fundaciones que ella señaló: ProInnova Territorios ($5.140 millones), Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe ($2.929 millones) y Finsocial ($1.429 millones). Las dos primeras registran el mismo teléfono de contacto. De la Consejería para la Reconciliación dijo: "Todo lo que le llegaba, le llegaba directamente hecho, diseñado del despacho de Luz Karime" (se refería a Luz Karime Fernández Castillo).

Sobre la ANI, Ferrer afirmó que llegaron en abril de 2025 dos personas cercanas a Mario Fernández, Roberto Uparela Brid y Luis Oreste Baracchi Vélez; Cambio confirmó esos nombramientos. Y agregó que las coimas irían del 10 al 15 % de las facturas: "Sé que en este periodo se han cobrado coimas por agilizar el pago de facturas y cuentas atrasadas en la ANI".

Sobre Ecopetrol y el Banco Agrario, mencionó a Jaime Andrés García Cuello, de quien dijo que "daba a dedo contratos de menos de 5.000 millones", y a Alberto Merlano Alcocer. No se ha probado que Verónica Alcocer o Mario Fernández intervinieran. Del presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, dijo: "En el Banco Agrario estaba el presidente Fernando Chica, es pieza de Verónica y es pieza del primo". Agregó que Xavier Vendrell "entraba y salía" del banco.

También contó que Fadi Javier Flórez, maquillador de Alcocer, le devolvió un préstamo "a través de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional". De la amiga de Alcocer dijo: "Carolina Plata es caja menor de Verónica". Plata acumuló $719 millones en tres contratos con el Dapre. Sobre un supuesto ingreso de droga desde Venezuela, citó a Manel Grau: "Yo le digo: ¿Temas feos, droga? Y me dice: sí". Grau niega esa conversación, y esos apartes no traen pruebas.