Chuzadas y Laura Sarabia

La Fiscalía le imputó a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro, excanciller y exembajadora en el Reino Unido, los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el polígrafo al que sometieron a su exniñera, Marelbys Meza, en enero de 2023, tras la pérdida de una bolsa con dinero en su apartamento. Según la fiscal Patricia Hernández, Sarabia llamó al coronel Carlos Alberto Feria "y le ordenó que le practique una prueba de polígrafo a Marelbys Meza" y con eso "desbordó su competencia funcional" con "el propósito exclusivo de resolver un asunto personal". El tercer delito se sumó en los últimos días: la Fiscalía sostiene que usó los equipos de poligrafía de la Policía para intereses privados y su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán, se mostró sorprendido por la adición. La Presidencia de la República se acreditó como víctima. "No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General de la Nación", dijo Sarabia.

Dos fuentes que pidieron reserva de identidad le contaron a El Colombiano que los policías judicializados por las interceptaciones a la niñera de Laura Sarabia son los mismos que, meses antes, habían registrado un audio incómodo para la campaña de Gustavo Petro. En mayo de 2022, mientras buscaban al jefe del Clan del Golfo alias Siopas, los agentes del Gredo de la Dijín interceptaron a su madre y grabaron a una familiar pidiendo votos: "Hay que votar, eso manda a decir su hermano", por Petro. Según las fuentes, ese episodio marcó el destino de esos agentes. En enero de 2023, cuando Sarabia denunció la pérdida de dinero de un maletín y señaló a su empleada, un informante que había reclutado el coronel Óscar Dávila les entregó a esos mismos agentes los teléfonos de dos supuestas integrantes del cartel: eran los de la niñera Marelbys Meza y los de la empleada de servicio. Cuando la Dijín pidió cancelar esas interceptaciones, dicen las fuentes, se le ordenó al grupo de Hurtos de la Sijín retomarlas. Dávila, que había sido trasladado a la Presidencia por gestión del coronel Carlos Alberto Feria, les pidió perdón a cinco de esos agentes en un apartamento alquilado y les sugirió un abogado; murió de un balazo el 9 de junio de 2023 en una camioneta oficial, en un caso que la Fiscalía certificó como suicidio y que en la Policía muchos no creen.