9 de octubre de 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Andrea del Pilar Riaño Ayala para jefa de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia. Es administradora de empresas, con especialización en gerencia estratégica, y toda su experiencia es privada: entró a Bavaria en 1999 y llegó a especialista de procesos en el área de control interno. Después pasó por la temporal Gi Group y desde 2022 es consultora de control interno en Txool Evolution. Declara 24 años de experiencia, ninguno como servidora pública.

El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, firmó con el Gobierno de Venezuela un contrato de 25 años para explotar el campo petrolero Bare, en la Faja del Orinoco. Horas después se lo cedió a GeoPark a cambio de acciones que al principio valían USD 515 millones y que lo dejarán como dueño mayoritario de la petrolera. Así lo reconstruyó Bloomberg, que dice que el contrato no le costó casi nada y que no tuvo que hacer ninguna inversión inicial. Su hijo Gabriel, dueño de Semana, se reunió en marzo con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y viajó más de 10 veces a Caracas. También fue a Washington a pedir la licencia del Departamento del Tesoro que necesitaban para negociar pese a las sanciones. En marzo, Gilinski ya había comprado el 20 % de GeoPark, con lo que frenó una toma hostil de la empresa. GeoPark anunció el negocio ese día, contó El Espectador: el Grupo Gilinski quedaría con cerca del 56,3 % de la petrolera. La empresa tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones del contrato. El banco de los Gilinski fue el que le prestó $17.500 millones a la campaña de Abelardo en segunda vuelta.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema absolvió al exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, como informó El Espectador. La Fiscalía lo había acusado por un contrato de 2005 de la Gobernación para pavimentar la Troncal de la Paz entre La Cruzada y Caucasia, que pasó de $41.000 millones a más de $61.000 millones. La Sala encontró que un otrosí para hacer un puente sobre el río Nechí sí se salía del objeto del contrato, pero no que Gaviria lo supiera o lo ordenara, porque había delegado la contratación. Tampoco encontró probado que alguien se apropiara de los $5.220 millones del anticipo.

El Gobierno de Donald Trump sancionó a la Corte Penal Internacional como institución, horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, ganara el Nobel de Paz, como informó El Espectador. Las sanciones prohíben las transacciones con la corte y obligan a las empresas estadounidenses a cortarle cuentas, seguros y programas. Entran en vigor en seis meses, como cuenta El País. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Trump nunca permitirá que la corte procese a estadounidenses y amenazó con acabar con ella. El secretario general de la ONU, António Guterres, lo llamó un grave golpe a la justicia penal internacional. Los cancilleres de ocho aliados de Washington, entre ellos Canadá, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido, salieron a defender al tribunal. Colombia es parte de la corte, y en septiembre su embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, había dicho que el país "está revisando" si comparte las críticas de Estados Unidos.

La Biblioteca Nacional tenía listo para la Feria del Libro de Fráncfort un estand con los temas "Casa Común" y "País de Libros", que el Ministerio de las Culturas mandó a aprobar a la Presidencia. La oficina de prensa de la Presidencia le devolvió otro diseño, el que lleva el eslogan del Gobierno, "La patria milagro", con la orden de no tocarle "ni un pelo", como cuenta Cambio con personas que conocen el proceso. La Biblioteca, que llevaba casi un mes sin directora titular, solo pudo pedir que corrigieran errores. Hasta este año el diseño lo hacía la Biblioteca. Los editores dicen que antes se lo presentaban al Consejo Nacional del Libro y que esta vez se decidió todo en la Presidencia. Julia Cristina Daza Noguera, que llegó a dirigir la Biblioteca el 1 de octubre, habló ese día del honor de sumarse "al proyecto de la Patria Milagro". La feria abrió el 7 de octubre con ese estand, y la editorial Laguna Libros dijo sentir "vergüenza".

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, le contestó en X a la red de influenciadores abelardistas que desde el 7 de octubre le cobra sus contrataciones. Repitió que su ministerio terminó 557 contratos y devolvió $103.000 millones. Y remató: "Aquí los hechos hablan solos, no le pare bolas a la bodega de un malqueriente". No dijo a quién se refería. En el mismo trino pidió ver su video sobre el decreto de protesta social sin hacerles caso "a las bodegas de la oposición". Y publicó otro sobre su denuncia en la Dirección Nacional de Bomberos: "Nuestros auditores forenses probaron, con documentos, irregularidades graves: 25 mil millones pagados en plena campaña por equipos que nunca se entregaron".

Tres expertos consultados por Cambio advierten que el borrador del Estatuto Antiterrorista que hicieron los ministerios del Interior, Defensa y Justicia podría prestarse a excesos contra la libertad, la privacidad, el patrimonio y la protesta. Al analista político Andrés Valenzuela le preocupa que una persona entre al Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas por decisión administrativa y no de un juez. Antes de cualquier condena le podrían congelar las cuentas, prohibirle contratar con el Estado y quitarle subsidios, aunque un grupo armado la haya obligado a colaborar. "La prevención no puede borrar la diferencia entre una sospecha y una responsabilidad penal", dijo. Pedro Suárez, analista y profesor universitario, pide precisar con qué criterios se clasifica a alguien como terrorista y recuerda que esa clasificación no vuelve legal cualquier operación militar. El abogado penalista Hernando Salazar pide revisar el régimen especial para los cabecillas presos, con visitas y comunicaciones restringidas, y que los daños a bienes públicos en una protesta no se traten como terrorismo.