A un mes de que arrancara oficialmente el año electoral, Cambio publicó la reconstrucción más completa de cómo Abelardo de la Espriella, el penalista de Montería, llegó a donde llegó, siguiendo la pista de sus clientes y sus empresas. El punto de partida es 2006, cuando a sus 26 años dirigía la Fundación Iniciativas por la Paz, Fipaz, que organizó foros universitarios con el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, e impulsó un referendo para prohibir la extradición. Salvatore Mancuso asistió al primero, en Santafé de Ralito, y quedó retratado con él; el foro tenía autorización del Gobierno y fue financiado por los paramilitares. Años después, en la sentencia que condenó al exrepresentante liberal Juan Pablo Sánchez, la Corte Suprema escribió que Fipaz "no promovió la paz cuando las autodefensas masacraban, desaparecían, asesinaban y torturaban, sino cuando estas quisieron proyectarse políticamente a través de los estudiantes universitarios". Ese fallo compulsó copias para investigarlo, pero la Fiscalía ya había precluido dos años antes la investigación en su contra por concierto para delinquir y lavado de activos. Desde ahí, la lista de clientes va de los congresistas de la parapolítica a David Murcia, a Alex Saab, al exmagistrado Jorge Pretelt, a Hidroituango y a buena parte de la farándula, y los ingresos del bufete siguen la curva: poco más de 1.000 millones de pesos en 2006, 3.000 millones en 2008, 5.000 en 2015 y más de 22.000 en 2017. Hoy la firma reporta activos por más de $39.000 millones. El reportaje también documenta el otro lado: las defensas gratuitas de la familia de Rosa Elvira Cely y de Natalia Ponce de León, que empujaron leyes que endurecieron el castigo de esos delitos, y la de las comunidades vecinas a Cerro Matoso.
