Reforma pensional

La ministra del Trabajo, Natalia López, le dijo al Congreso que su sector necesita unos $63 billones para 2027 y que el proyecto de presupuesto contempla $58,172 billones. El faltante es de $4,84 billones, que ella atribuyó sobre todo a las pensiones: "Tenemos un déficit de 4,85 billones de pesos en la cartera del sector Trabajo. Señores honorables congresistas, esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia". La advertencia llega justo cuando Colpensiones se prepara para el mayor cambio de su historia: con la reforma pensional que entra a regir desde el 1 de abril de 2027, pasará de unos 3 millones a 10,2 millones de cotizantes en ese año, y recibiría cerca de $41 billones del presupuesto del sector. Según la ministra, lo aprobado cubre el 92,3 % de lo que necesita la cartera.

El Gobierno le hizo dos pedidos a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, que la Corte avaló en la Sentencia C-264 de 2026 con entrada en vigencia el 1 de abril de 2027. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió abrir un incidente de impacto fiscal (el mecanismo para discutir ante la Corte las consecuencias económicas de un fallo), porque la reforma, calcula Hacienda, exigiría unos $5 billones adicionales, informó Blu Radio. Colpensiones, con la firma de su representante legal, Diego Alejandro Urrego, pidió aplazar la entrada en vigencia un año, hasta el 1 de abril de 2028, porque "el desafío operativo es titánico", según Semana. La Corte no está obligada a aceptar ninguno de los dos.

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro dijo en un comunicado que no tiene "nada que ver con las actuaciones del señor Name" y que no permitirá "que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno", recoge Caracol Radio. Pizarro era primera vicepresidenta del Senado cuando Iván Name lo presidía. Su nombre aparece al menos 85 veces en el fallo con el que el Consejo de Estado le quitó la investidura a Name por los $3.000 millones de la UNGRD. Según el tribunal, de las 16 sesiones en que se discutió la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, Name se ausentó o cedió la conducción en 14 y buena parte de esa presidencia la asumió Pizarro, cuenta La FM. Bajo su conducción el trámite se aceleró, con votaciones por bloques, dice La Silla Vacía. El fallo retoma además la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema, según la cual la colaboración de Name consistió en "dejar el asiento de la presidencia a la senadora María José Pizarro, con miras a facilitar el manejo de las plenarias", cita Semana. Pizarro responde que la ley manda a los vicepresidentes reemplazar al presidente cuando falta: "Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado". La sentencia, en efecto, no dice que ella haya recibido plata, conocido el pago ni hecho parte del acuerdo, aclara La FM.

El vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, de Creemos, le pidió a la Corte Constitucional, en un documento de 12 páginas, que establezca si lo que el Consejo de Estado dio por probado contra Iván Name vició la aprobación de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro en el Senado, según El Espectador. Molina recoge el hallazgo del fallo: "en 14 de 16 sesiones plenarias relevantes para el trámite de la reforma, Name no dirigió integralmente la sesión o cedió su conducción a otros integrantes de la Mesa Directiva". Pide que, en las demandas contra la Ley 2381 de 2024 que sigan abiertas, el magistrado que las lleve evalúe practicar pruebas sobre esa relación. La Corte ya declaró exequible la mayor parte de la ley, pero devolvió nueve artículos por vicios de trámite en la Cámara, que la plenaria tiene que volver a discutir en un plazo máximo de un mes.

En un documento de 21 páginas para la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda dijo que no tiene presupuesto para la reforma pensional si entra en vigencia en abril de 2027, como cuenta Blu Radio. "Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5,4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024", dice el documento. Tampoco está la plata del pilar solidario, que podría llegar a 4,6 millones de personas con unos $258.000 al mes. Para eso el esfuerzo de la Nación sería de $10,85 billones, que "no están considerados en el proyecto del PGN 2027". Hacienda explicó que no los incluyó porque la sentencia que avaló la reforma llegó dos días antes de que radicara el presupuesto reformulado. La Cámara tiene que volver a votar nueve apartes de la ley que le devolvió la Corte.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador que modifica el Decreto 1485, como cuenta La República. Ese decreto fija cómo se reparten el Estado y las aseguradoras el costo del deslizamiento del salario mínimo en las pensiones de renta vitalicia. Hoy la fórmula toma el mayor valor entre el crecimiento real de la productividad de 10 años y el 35 % de la inflación del mismo periodo. El borrador deja solo la productividad, lo que podría bajar el capital que se exige para financiar esas pensiones. Las aseguradoras podrían renegociar los contratos firmados con la regla anterior. El 6 de octubre, el Gobierno ya había derogado otro decreto pensional de Petro, el que limitaba las inversiones de los fondos en el exterior.

Los senadores Andrés Forero y Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, presentan una contrarreforma que cambia los puntos centrales de la reforma pensional aprobada en el gobierno de Gustavo Petro, como cuenta El Colombiano. El diario daba por prevista su radicación en la Secretaría del Senado. Quitaría la obligación de cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos: esos afiliados podrían escoger entre Colpensiones y los fondos privados, y trasladarse cada cinco años. Quien no alcance a pensionarse podría pedir la devolución de lo ahorrado con sus rendimientos o una renta vitalicia de entre la renta básica y el 80 % de un salario mínimo. En los fondos privados se podría pensionar a cualquier edad quien acumule el 110 % del capital de una pensión mínima. Los autores dicen que la reforma de Petro aumentó el déficit en $470 billones. Jerome Sanabria, que se presenta en X como vocera de #NoConMiAhorro, escribió en X que la contrarreforma "es exactamente la misma propuesta de #NoConMiAhorro que hemos promovido el último año". La Cámara, mientras tanto, tiene que corregir los vicios de trámite que la Corte Constitucional le encontró a la reforma de Petro.