14 de septiembre de 2026

El exsenador Julián Bedoya dijo en un video que para él "todos los presidentes son iguales" y que su bandera siempre ha sido: "no hago oposición, soy de gobierno". Abelardo de la Espriella le respondió en X: "Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas". En el mismo mensaje les ordenó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y al resto del gabinete llevar las relaciones con el Congreso "sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios", y dijo que "quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado".

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como líder de una red de contrabando y requerido en extradición desde Portugal, demandó al Estado por 400 salarios mínimos, unos $700 millones, según documentos revelados por Cambio y recogidos por Infobae. Alega que la orden de captura de 2024, con la que lo detuvieron en España y luego en Portugal, les causó perjuicios emocionales y psicológicos a él, a su esposa y a sus tres hijos, y que violó su debido proceso. La demanda apunta, entre otras entidades, contra la Fiscalía, la Cancillería y el Ministerio de Justicia; la conciliación ante la Procuraduría fracasó el 20 de mayo de 2026 y ahora un juzgado administrativo de Bogotá decidirá si la admite. Según sus reportes tributarios, declaró un patrimonio de $3.869 millones en 2025 y recibe una pensión de unos $13,9 millones al mes.

La Fiscalía le imputó a Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro, excanciller y exembajadora en el Reino Unido, los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso por el polígrafo al que sometieron a su exniñera, Marelbys Meza, en enero de 2023, tras la pérdida de una bolsa con dinero en su apartamento. Según la fiscal Patricia Hernández, Sarabia llamó al coronel Carlos Alberto Feria "y le ordenó que le practique una prueba de polígrafo a Marelbys Meza" y con eso "desbordó su competencia funcional" con "el propósito exclusivo de resolver un asunto personal". El tercer delito se sumó en los últimos días: la Fiscalía sostiene que usó los equipos de poligrafía de la Policía para intereses privados y su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán, se mostró sorprendido por la adición. La Presidencia de la República se acreditó como víctima. "No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General de la Nación", dijo Sarabia.

Un día después de la alocución en la que Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía entre a las universidades, el Ministerio de Justicia de Iván Cancino lo respaldó. Dijo que la autonomía universitaria "no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades" y "no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección". Ante las manifestaciones pacíficas, dice, deben privilegiarse "el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales". En otro comunicado defendió la aspersión aérea con glufosinato: "La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo". El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también apoyó la medida, siempre que se respeten los derechos humanos: las universidades "no pueden ser centros para operaciones al margen de la ley".

El 14 de septiembre de 2026, la Policía regresó al corregimiento de Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), con 150 comandos de operaciones especiales, días después de haber evacuado en helicóptero a los uniformados de la estación que el ELN atacó con drones y terminó de destruir. "La Fuerza Pública es la única autoridad que debe estar presente en este territorio", dijo el general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, en un mensaje grabado entre las ruinas. Los comandos custodiarán la zona mientras se reconstruye la sede. En el retorno capturaron a alias "el Trompón", señalado como explosivista del ELN y operador de los drones con los que se atacó a la fuerza pública en la zona. Hay una recompensa de $300 millones por los cabecillas del ELN en la región.

El documental por el que arrestaron a Samuel Adrián, Colombia: fábrica de niños trans, es un video de 51 minutos que se publicó el 17 de mayo de 2026, a días de la primera vuelta, y en el que aparecen la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y cuatro representantes a la Cámara, cuenta La Silla Vacía. Una de sus afirmaciones es que 8 de cada 10 menores de siete años se someten a cirugías de "cambio de sexo", algo de lo que no hay evidencia: un estudio de 2019 en Estados Unidos encontró una tasa de 0 por cada 100.000 en menores de 12 años. La sanción por desacato, dentro de la tutela que interpuso un médico mencionado en el documental, incluye además de los 10 días de arresto una multa de 15 salarios mínimos, según Infobae. "No cometí ningún delito", dijo Adrián, que le pidió apoyo al gobierno de México y venía a Bogotá a dar una charla con Agustín Laje. Además de Abelardo de la Espriella, lo defendió Álvaro Uribe, que pidió "la prohibición absoluta de tratamientos hormonales que alteren las edades de la naturaleza".

En la Comisión Segunda del Senado, el canciller Omar Bula dijo que el Gobierno de Gustavo Petro les dejó "incertidumbre jurídica y operativa sobre la continuidad del modelo" de pasaportes. Según Bula, el esquema tiene "impactos financieros no evaluados integralmente", proyectó una "reducción de tarifas sin estudios actualizados de costos" y "no se demostró la reducción de costos operativos". Antes de que entrara a regir, la Contraloría ya había alertado por la falta de claridad en los costos y el riesgo de retrasos, y la Procuraduría había demandado el convenio entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Ahora que un tribunal suspendió el esquema, la Cancillería espera que le aclare cómo cumplir el fallo; montar un modelo alternativo tomaría al menos tres meses, lo que abre la puerta a otra urgencia manifiesta.

Jhonatan Meneses, líder social de Putumayo, fue quien interpuso, en nombre de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, la tutela con la que un juzgado de Puerto Asís suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato. Desde entonces, le contó a Cambio, las amenazas aumentaron: "He recibido llamadas y mensajes masivos donde afirman que nos están buscando para destriparnos y asesinarnos, tildándonos falsamente de terroristas y narcotraficantes. Incluso han amenazado públicamente al señor juez que dictó el fallo". Dice que lleva más de ocho años amenazado y que la Unidad Nacional de Protección solo le ha dado un chaleco y un celular: "Si nos llega a pasar algo a mí o a mi familia, es culpa del Estado". Aclara que no se opone a erradicar la coca, sino a fumigar sin estudios de fondo sobre el herbicida y sin alternativas para los campesinos: "Que venga el presidente al territorio, hable con la gente". El mismo 14 de septiembre, el Ministerio de Justicia de Iván Cancino insistió en que "la amenaza es el narcotráfico, no la aspersión aérea".

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto del presupuesto de 2027 tal como lo radicó el gobierno de Abelardo de la Espriella: $634,9 billones, casi $60 billones más que los $575,6 billones que había dejado radicados el de Petro. Se repartiría en $392,5 billones para funcionamiento, $155,4 billones para deuda y $86,9 billones para inversión, que según La Silla Vacía es la primera vez que, descontando la inflación, queda por debajo de la del año anterior. Hacienda sostiene que la primera versión estaba "mal hecha": le faltaban $37,4 billones del servicio de la deuda y plata para pensiones, salud, salarios, universidades públicas y el fondo de los combustibles. Las cuatro comisiones negaron por 21 votos contra 7 la propuesta del Pacto Histórico, de $596,6 billones, y aprobaron la del Gobierno: 22 a 6 en la Cuarta de la Cámara, 11 a 4 en la Cuarta del Senado, 9 a 3 en la Tercera del Senado y 22 a 5 en la Tercera de la Cámara. "Este Presupuesto no es óptimo, no es el que hubiésemos querido para iniciar el mandato, pero es el que nos podemos permitir dadas las condiciones de la economía nacional", reconoció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Desde el Pacto, el senador David Racero dijo que el monto es "exageradamente alto"; desde el Centro Democrático, Christian Garcés anunció que buscará un compromiso para bajar "por lo menos dos puntos" los gastos de funcionamiento. Según Bloomberg Línea, el aumento alarmó a inversionistas ya preocupados por la deuda, y Gómez dijo que el Gobierno gastará bastante menos de lo aprobado. El columnista Álvaro Forero Tascón lo leyó como una factura que se pasó a sí misma la derecha: al negarle a Petro las leyes de financiación, dejó "semejante problema fiscal al nuevo gobierno" y "se disparó en el pie porque ofreció no más impuestos y entonces tendrá que endeudarse… como Petro". Falta votar el articulado, a más tardar el 25 de septiembre, y aprobar todo antes del 20 de octubre.