Entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, Gustavo Petro publicó más de 100 mensajes sobre un fraude electoral que nunca probó, según El Espectador. El registrador Hernán Penagos le puso una tutela ante el Consejo de Estado por esas acusaciones y el magistrado Nicolás Yepes Corrales la admitió. Petro contestó repitiéndolas. Este hilo sigue ese pleito: lo que dice Petro, lo que responde la Registraduría y lo que decida la justicia.
Última vez que agregamos algo a este hilo: 21 de noviembre de 2026.
Hilo · 15 entradas en Abelardopedia · 3 de septiembre de 2026 – 19 de noviembre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su informe final sobre las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Colombia, y descartó tanto el voto fusil como el fraude. Sobre las denuncias de coerción por parte de grupos armados, su jefe, Esteban González Pons, dijo: "No detectamos una injerencia de los grupos armados que haya afectado el resultado". Sobre las versiones de fraude, agregó que el sistema colombiano cuenta los votos "manualmente" y que las actas son públicas, por lo que "todo el mundo puede ver qué se vota, qué se cuenta". La misión, la más grande que la UE ha desplegado en Colombia (150 observadores y 36 eurodiputados), entregó 15 recomendaciones, entre ellas actualizar el Código Electoral y regular la publicidad política en redes sociales.
El registrador Hernán Penagos le puso una tutela a Gustavo Petro ante el Consejo de Estado por las acusaciones de fraude que hizo como presidente y el magistrado Nicolás Yepes Corrales la admitió. Según El Espectador, Penagos sostiene que hubo un "desprecio temerario por la verdad": Petro insistió en sus acusaciones pese a las auditorías y a las explicaciones técnicas que las contradecían. La tutela cita 14 publicaciones de Petro en X y un consejo de ministros del 14 de julio, según La Silla Vacía. Penagos no pide, como pretensión principal, que se le ordene rectificar, porque Petro ha usado otras rectificaciones para repetir lo que debía corregir, como con las periodistas que llamó "muñecas de la mafia". Pide que no repita las acusaciones sin pruebas y que, si lo obligan a rectificar, el Consejo de Estado le dicte el texto.
El magistrado le dio tres días a Petro para defenderse.
Escribió que su derecho a elegir "me fue conculcado por la falta de transparencia de la registraduría" y preguntó por qué el 97 % de los formularios E-14 publicados no tenían código hash.
También citó el análisis de los "testigos digitales" y le reprochó a Penagos no haber dicho nada cuando Donald Trump afirmó que Abelardo había ganado gracias a él.
El Detector de Mentiras de La Silla Vacía ya había verificado que la Registraduría no eliminó el código hash y que el escrutinio se hace sobre las actas físicas.
Petro cerró: "Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere".
En su editorial, El Espectador pide que el Consejo de Estado use la tutela del registrador Hernán Penagos "para explorar de fondo las denuncias de fraude electoral" de Gustavo Petro. Recuerda que entre el 2 de junio y el 5 de agosto Petro publicó más de 100 mensajes sobre un fraude que nunca probó. Dice que al hacerlo adoptó "idéntica estrategia" a la de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y llama "una interpretación irresponsable" que Petro diga que la frase de Trump sobre la elección de Abelardo es prueba contra Penagos.
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, radicó ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una denuncia penal contra el registrador, Hernán Penagos, por presuntas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales, como cuenta El Espectador. Lo acusa, entre otros delitos, de alteración de resultados electorales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión. Dice que los formularios E-14 se publicaron "sin las garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad que exigían la ley estatutaria" y que hay 161 mesas cuyos ejemplares, que deberían ser idénticos, tienen diferencias. La denuncia llega dos semanas después de que el Consejo de Estado admitiera la tutela de Penagos contra Petro por sus acusaciones de fraude.
Un recluso le avisó al Gobierno de un posible plan para matar al registrador nacional, Hernán Penagos, como cuenta El Espectador. El ministro de Justicia, Iván Cancino, llevó la alerta a Abelardo de la Espriella, al vicefiscal Gilberto Guerrero, encargado de la Fiscalía, y al propio Penagos. Después confirmó que el plan se estaría gestando en un centro penitenciario, como cuenta Cambio. Ninguna autoridad ha dicho quién estaría detrás ni cómo sería el ataque. La Fiscalía abrió una noticia criminal, como recoge La Silla Vacía. El Gobierno reforzará el esquema de seguridad de Penagos, que estaba en Brasil como jefe de una misión de observación electoral. El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el registrador "lo único que ha hecho es cumplir su tarea con responsabilidad, con entrega, con rigor". El procurador Gregorio Eljach pidió "reforzar de inmediato su esquema de protección e identificar con celeridad a los responsables". En agosto, la Defensoría del Pueblo ya había rechazado amenazas contra Penagos en redes, en medio de las acusaciones de fraude sin pruebas de Gustavo Petro.
El abogado Jaime Lombana radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia contra Gustavo Petro por perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir, con el respaldo del Partido Conservador, como cuenta El Espectador. Los denunciantes lo acusan de poner en duda sin pruebas el resultado de las elecciones y de no reconocer la elección de Abelardo de la Espriella. La Unidad Investigativa de El Tiempo contó que, para los denunciantes, Petro y colaboradores suyos habrían ejecutado una estrategia para que la gente perdiera la confianza en el registrador y en las autoridades electorales. El presidente del partido, Efraín Cepeda, dijo desde la Comisión: "Se ha hecho pensar en el imaginario popular que hubo un fraude que de ninguna manera existe". Lombana habló de "ese plan criminal del señor Gustavo Petro de atacar el sistema democrático". Enrique Vargas, de Cambio Radical, pidió por su parte que no se queden quietas las investigaciones contra Petro por el llamado Pacto de Valledupar y por los contratos de la Presidencia. La denuncia llega después de la tutela del registrador Hernán Penagos contra Petro por sus acusaciones de fraude.
El registrador Hernán Penagos habló de las amenazas en su contra, que el Gobierno y la Fiscalíaadvirtieron el 26 de octubre. Contó que el ministro de Justicia, Iván Cancino, le informó del plan y de un refuerzo de su esquema de seguridad y que se abrió un expediente penal, como cuenta El Espectador. No dijo quién podría estar detrás. Sí dijo que hay sectores interesados en difundir información falsa que cala en la sociedad y puede terminar en violencia. Recordó la quema de la sede de la Registraduría en Gamarra (Cesar), en octubre de 2023, en la que murió una funcionaria. "La desinformación y las noticias falsas están generando mucha hostilidad en la sociedad, y también resentimiento y odio", dijo. Habló en Bogotá, al presentar el calendario de las elecciones regionales. Desde el 31 de octubre se pueden inscribir cédulas, los candidatos se inscriben entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2027 y la votación será el 31 de octubre de 2027.
El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, le dijo a El Espectador: "El expresidente nunca quiso escuchar las razones de la Registraduría". Contó que habló con Gustavo Petro una sola vez, durante 10 o 15 minutos, y calcula que fue en 2023 o 2024. "El gobierno Petro me asedió a mí y a la Registraduría", dijo. Explicó que interpuso una tutela ante el Consejo de Estado para proteger el buen nombre de la entidad y el suyo y que les pidió a los magistrados redactar ellos mismos la rectificación. El periódico le recordó que Petro le respondió con una denuncia por cerca de 10 delitos. Penagos dijo que no lo denunció penalmente porque no le interesa "criminalizar esa acción". Sobre el plan para matarlo que alertó un preso, dijo que no tiene mayores detalles. Y dijo que en 2027 habrá 125.000 candidatos para más de 20.000 cargos.
Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, habló con Melquisedec Torres en Indagatoria, en dos partes emitidas el 3 y el 4 de noviembre. Caracol Radio dice que la entrevista se hizo en agosto, aunque la segunda parte habla del retiro de su visa. Sobre la campaña de Gustavo Petro, de la que fue gerente, La FM recoge que dijo que "en ningún momento se violaron" los topes y que nunca recibió plata de Fecode ni de la USO. Sobre un preacuerdo con la Fiscalía dijo: "Yo no descarto ningún mecanismo". Preguntado por si lo sacrificaron, dijo: "Yo no me siento sacrificado". Del apartamento dijo que no fue barato, que pagó $2.800 millones, que lo compró antes de llegar a Ecopetrol y que nunca favoreció a Juan Guillermo Mancera ni a Serafino Iacono. De su pareja dijo: "Julián Caicedo nunca ha pisado las puertas de una oficina de Ecopetrol". Contó que su patrimonio, de unos $6.500 millones, está embargado por una deuda de la campaña. En la segunda parte negó que Verónica Alcocer interviniera en Ecopetrol y contó que Eva Ferrer le pidió financiar un libro de fotografías, por entre $10.000 y $16.000 millones, como recoge La FM. Dijo que Ecopetrol no lo financió. Anunció que evalúa demandar a Sergio Alzate González, el abogado que lo denunció en Estados Unidos, y dijo que ninguna autoridad de ese país lo ha llamado. Defendió su gestión y dijo que se declaró impedido en el negocio de Termomorichal, por 42 millones de dólares.
Cristian Javier Oyola Tovar es gemelo de Carlos Andrés Oyola Tovar, el exfuncionario de la DNI al que un juez mandó a la cárcel por el caso de la UNAD. Suma contratos con el Estado por más de $400 millones, revela El Colombiano. Contrató con la Gobernación del Huila, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la Registraduría y la Unidad Nacional de Protección, donde tiene uno vigente de $62,5 millones como desarrollador de inteligencia artificial. Ante la UNP acreditó tres meses de experiencia, aunque antes había firmado contratos que pedían especialización y hasta 28 meses de experiencia relacionada. Su nombre aparece además en el registro de ingreso a la sede de la Registraduría del 13 de febrero de 2026, para una mesa técnica sobre las elecciones al Congreso, como reveló El Tiempo. Ese ingreso se pidió con un correo de un usuario del CNE, a nombre de la entonces magistrada del Pacto Histórico Fabiola Márquez Grisales. La foto del registro muestra a alguien con los mismos rasgos de su gemelo y El Tiempo dice que falta establecer quién entró de verdad. Al cierre de la nota de El Tiempo, ni él ni la exmagistrada habían respondido; a El Colombiano él tampoco le contestó. La exsenadora María Fernanda Cabal compartió la nota de El Colombiano en X el 15 de noviembre y escribió: "Y siguen los escándalos".
Un informe reservado que recibió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el empalme describe un supuesto plan para cambiar los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio a favor de Iván Cepeda. El plan se habría impulsado en el gobierno de Gustavo Petro. Lo cuenta Semana, con fuentes que no identifica. El documento se basa en lo que dijo una fuente que el propio informe califica de "confiable". Señala a Carlos Andrés Oyola Tovar, el exfuncionario de la DNI capturado en noviembre por el caso de la UNAD. El informe dice que Oyola tenía en el sistema de la Registraduría un usuario que le permitía "acceder al software de preconteo para realizar modificaciones". También dice que el plan contaba con "influencia extranjera del G2 cubano", con dos agentes cubanos llamados Raúl y Ramón, "estructuras venezolanas y apoyo técnico ruso". Describe tres escenarios, entre ellos inflar los votos de Abelardo de la Espriella donde ya había ganado para después denunciar un fraude. Semana no cuenta qué respondieron Oyola ni la Registraduría y cierra diciendo que las autoridades judiciales investigan la versión.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del gobierno de Gustavo Petro le pidió a la Registraduría una copia del censo electoral el 9 de abril de 2026, siete semanas antes de la primera vuelta. Lo reveló Noticias Caracol, que tiene la carta firmada por René Guarín, entonces director encargado de la DNI. En el asunto dice: "Envío de información de contrainteligencia". La DNI pedía el censo en "un archivo plano", con el número de cédula, el género, la edad, el grupo poblacional, el puesto de votación y el estado de vigencia de cada votante, como detalla El Espectador. Noticias Caracol dice que la DNI justificó la petición en la supuesta protección de la seguridad nacional, sin aportar ningún soporte legal válido, y que la Registraduría la negó. Sostiene que, ante esa negativa, la DNI pasó a un "plan B". Los informes internos de la DNI señalan a Carlos Andrés Oyola Tovar como líder de una red que atacaría a la Registraduría para cambiar los resultados de la segunda vuelta. El 18 de marzo de 2026, la DNI había alertado en un comunicado de ciberataques que podrían "alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral". Petro, entonces presidente, había advertido el 26 de febrero de 2026 de un "inmenso peligro de fraude electoral". El exregistrador Juan Carlos Galindo Vácha dijo que "nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido". Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que entregar el censo a un tercero "puede llevar fácilmente a la compra de votos". Dijo también: "Una democracia no se puede dar el gusto de tener una agencia de inteligencia sin ningún tipo de control adscrita al Ejecutivo, eso no es democrático". El registrador Hernán Penagos Giraldo no quiso hablar con el noticiero, pero la oficina de comunicaciones de la Registraduría confirmó que desde marzo radicó 71 denuncias por ataques cibernéticos. Noticias Caracol buscó a Guarín y no obtuvo respuesta. El abogado y panelista Santiago Vélez escribió en X que en marzo de 2024 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) allanó la Registraduría y pidió datos del censo electoral. El 17 de noviembre, la exsuperintendente Cielo Rusinque Urrego le respondió que, como superintendente, nunca ordenó una actuación "que tuviera por objeto obtener información sobre el censo electoral".
La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio cinco días al expresidente Gustavo Petro para borrar 12 trinos en los que acusó de fraude electoral al registrador Hernán Penagos y a la Registraduría, como cuenta Semana. La ponencia fue del magistrado Nicolás Yepes. El fallo dice que Petro acusó de fraude al registrador "sin que se comprobara que el registrador hubiera sido el responsable de un fraude o de otra conducta delictiva". Petro tendrá que retirar también lo que dijo en el consejo de ministros del 14 de julio de 2026, cuando sostuvo que en el voto del exterior "ahí está el fraude". Y no podrá volver a atribuirles un fraude al registrador ni a la Registraduría mientras no haya una decisión judicial en firme. La Silla Vacía precisa que los trinos son del 2 de junio al 5 de agosto, cuando Petro todavía era presidente. Penagos presentó la tutela el 29 de septiembre y no pidió que se borraran: eso lo decidió la Sala. El fallo no le ordena a Petro rectificar.
En Cali, al cierre de las marchas de la oposición, Gustavo Petro llamó a una movilización permanente para cambiar el Gobierno, que no reconoce como legítimo porque alega un fraude en las elecciones. "No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030", dijo, como cuenta El País. Agregó que "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato". La Silla Vacía cuenta que propuso que la consigna del pueblo fuera pedirle la renuncia a Abelardo. En Bogotá, la exsenadora María José Pizarro advirtió: "Que se prepare Abelardo, que se prepare este gobierno, porque apenas estamos empezando", recoge otra nota del mismo medio.
Esa noche, en el balance de las marchas, Abelardo le respondió. Dijo que no le importa que Petro se meta con él y preguntó qué podía importarle "lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad". Y advirtió: "Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia como lo hizo cuando fue guerrillero". Les pidió además a las autoridades judiciales de Estados Unidos que avancen en las investigaciones contra Petro y dijo que ese país tiene competencia para procesarlo "y ojalá encarcelarlo". Llamó al gobierno anterior una "empresa criminal", como cuenta El Espectador.
En el mismo balance, Abelardo propuso una marcha propia: "Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior", como cuenta El Heraldo. Pidió que fuera pacífica; la nota no da fecha ni convocatoria. Su vocero, Miller Soto, difundió la frase en X.
Petro le contestó en X, recoge La Silla Vacía: "Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder". Antes, el representante Daniel Briceño había compartido un video del discurso editado sin la parte en que Petro dice que la marcha debe ser "pacífica", con el mensaje "Petro anuncia un golpe de Estado contra el presidente Abelardo De la Espriella", como cuenta El País.
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