11 de septiembre de 2026

La confesión de Juliana Guerrero produjo algo que no había pasado en cuatro años: críticas abiertas de figuras del Pacto Histórico a Gustavo Petro, según cuenta La Silla Vacía. "Es una mancha enorme que tenemos que cargar solo porque decidieron defenderla a capa y espada", escribió la representante Laura Beltrán. Jorge Rojas, exdirector del Dapre en ese gobierno, dijo que Guerrero "le hizo mucho daño al gobierno y al Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro fue complaciente con ella a pesar de las advertencias y denuncias". La representante Ana Erazo habló de un dolor propio: "Me duele profundamente que nuestro proyecto político se haya visto afectado por personas como Juliana Guerrero". Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, fue más lejos: "Falsificar un título universitario es un insulto a millones de personas en Colombia que han hecho un esfuerzo por ir a la universidad. Es un problema que aumenta por el empeño inexplicable del presidente de defenderla".

Sin embargo, los líderes más visibles, como Iván Cepeda, guardan silencio, y Petro no se ha pronunciado sobre la confesión.

El alcalde de Tibú (Norte de Santander), Richard Claro, advirtió que la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 está llenando de minas antipersonales y artefactos explosivos las zonas rurales del municipio, "prácticamente a diario". En el sector de Oru 7, dos jóvenes de 18 y 28 años, venezolanos, encontraron un artefacto con cables conectados, intentaron manipularlo y resultaron gravemente heridos; fueron trasladados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. Algunos de estos artefactos, dijo, han aparecido cerca de escuelas y de caminos que los campesinos usan todos los días.

El alcalde explica que "cada grupo donde pasa va dejando minas para su protección, para su guardia, y allí es donde suceden los accidentes". Cuando los campesinos vuelven, no saben dónde están las minas.

El abogado Pedro José Villa López plantea en una columna para El País una pregunta incómoda para el Gobierno: si Abelardo de la Espriella prometió la alianza más férrea de la historia con Washington y dice que quiere liderar la reconstrucción de Venezuela, ¿por qué Ecopetrol sigue sin la licencia específica del Tesoro estadounidense que necesita para operar allá? La ha pedido tres veces, la última en marzo. Washington ya se la dio a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell, y la colombiana GeoPark estaría cerca de un acuerdo por el campo de Bare. "No puede existir un escenario en el que GeoPark entre y Ecopetrol no", escribe.

Su argumento es que Colombia tiene algo que las grandes petroleras estadounidenses no pueden ofrecer de inmediato: la refinería de Cartagena, ya configurada para procesar el crudo pesado venezolano, y una frontera terrestre en vez del mar Caribe de por medio; además del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que podría rehabilitarse en dos años por USD 30 millones. ¿Por qué el bloqueo?

La suspensión provisional del convenio de pasaportes con la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejó un enredo que El Espectador reconstruyó leyendo los correos entre las partes. La Imprenta Nacional ordenó suspender el envío de las libretas para cumplir el fallo; desde Lisboa respondieron que ya había un lote de más de 190.000 listo para septiembre y embarcado en vuelos programados para el 8 y el 9. La Imprenta contestó que, si Portugal seguía adelante, lo hacía por su cuenta y riesgo y que Colombia no pagaría fletes, almacenamiento, nacionalización ni ningún gasto asociado.

La Cancillería de Omar Bula le pidió al tribunal que explique cómo proceder sin incurrir en desacato: el mismo auto ordena suspender los convenios y al tiempo exige garantizar el servicio sin interrupción. Pidió además que se le autorice expresamente usar y personalizar el lote que ya tiene, porque la personalización estaba regulada en los acuerdos frenados. Montar un esquema alternativo, calcula, tomaría al menos tres meses de trámites.

Un juzgado de Puerto Asís suspendió cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, tres días después de que el plan piloto se hiciera público. Es una medida cautelar mientras se resuelve de fondo una tutela de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que alega que el plan vulnera los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. La decisión congela, por ahora, la resolución del 18 de agosto con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó una "fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable" que la Policía iba a ejecutar con dos avionetas AT-802. Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le dijo a Caracol Radio que el glufosinato ya se probó en Colombia sin resultados satisfactorios y que "está clasificado en casi todos los estándares internacionales peor que el glifosato".

Diego Lucumí Cuesta, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, escribió en El Espectador que los anuncios de inversión para el Chocó tras el terremoto se concentran en economía e infraestructura y dejan por fuera lo básico. Recuerda dónde estaba el departamento el día del sismo: zonas enteras donde la energía eléctrica no se interrumpe sino que sencillamente no existe, o llega unas horas en la noche, y una capital, Quibdó, en la que buena parte de las familias no tiene acueducto ni alcantarillado, en una de las regiones más ricas en agua del planeta. Con los indicadores de salud y educación más bajos del país, advierte, no hay desarrollo posible: "sin capital humano no hay desarrollo posible, ni siquiera el económico". Su ejemplo es Andagoya, donde la explotación minera dejó muy pocos beneficios para quienes viven ahí porque la prioridad fue la ganancia de los de afuera. Poca "recuperación" en la reconstrucción.

Francisco Gutiérrez Sanín le respondió, en El Espectador, al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que anunció que a los campesinos se les diría "pequeños empresarios del campo" porque, dijo, "campesino es despectivo". Gutiérrez Sanín recuerda que millones de personas se identifican como campesinas y que los derechos que han conquistado están amarrados justamente a esa palabra. Le señala dos daños: cambiar un término preciso, que sirve para hablar de políticas públicas, por cuatro palabras que nadie sabe a quién describen y que podrían cobijar a cualquier avivato; y erosionar el sentido de realidad compartida sin el cual, escribe, no hay espacio público ni democracia. "Oponerse a este borramiento retórico del campesinado es fundamental", concluye. Y deja en el aire la pregunta más simple: nadie les preguntó a los campesinos cómo querían llamarse.

Una investigación de Cuestión Pública cruzó los registros de desaparecidos del terremoto y encontró que las instituciones no están contando a las mismas personas. La Alcaldía de Pereira tenía 120 casos al 17 de agosto y Medicina Legal 100 al 26 de agosto, pero solo 28 nombres aparecen en las dos listas: 92 figuran únicamente en la de la Alcaldía y 72 solo en la del instituto. La Fiscalía de Risaralda manejaba 62 y la Unidad de Gestión del Riesgo 78. Al depurar y sumar los tres registros más tres casos que ningún listado tenía, el medio construyó una base de 195 personas, casi 1,8 veces los 109 muertos identificados en la ciudad. Mientras tanto la búsqueda se detuvo y empezaron las demoliciones: el 13 de agosto, con los rescatistas todavía en los escombros, la Alcaldía ya llamaba a donar materiales de construcción, aunque la ley 1523 de 2012 pone la búsqueda de desaparecidos en la primera fase de cualquier emergencia. Pereira es hoy la ciudad con más desaparecidos del país.

Una investigación de Cuestión Pública cruzó los registros del Secop y encontró que dos organizaciones creadas por John Milton Rodríguez (hoy liquidador del Ministerio de la Igualdad) suman más de $10.000 millones en contratación estatal. La Fundación Misión Paz, que él fundó en 1999 con su esposa, aseguró $6.846 millones en 11 convenios con el ICBF desde que él llegó al Senado, casi todos para operar Centros de Desarrollo Infantil en barrios vulnerables de Cali, y su pico fue 2025, con $2.500 millones. La corporación universitaria que también fundó, CUDES, se adjudicó más de $1.325 millones en siete contratos entre 2019 y 2026. En paralelo, entre 2020 y 2026 cinco integrantes de su núcleo familiar (dos hijas, un hijo y dos yernos) obtuvieron 19 contratos directos por más de $252 millones, y 16 de ellos fueron con la misma dependencia: la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. El medio recuerda además qué iglesia es la que está detrás de todo esto: Misión Paz, dice, es conocida por practicar en personas LGBTIQ+ las llamadas "terapias de conversión", intervenciones para cambiar o eliminar su orientación sexual que han sido catalogadas muchas veces como tratos crueles o tortura. Quien las dirigió es hoy el funcionario que liquida el ministerio encargado de esa misma población.