11 de octubre de 2026

En su columna en El Espectador, Tatiana Acevedo Guerrero parte de los más de 600 incendios de la temporada seca, agravada por El Niño y por un planeta más caliente. Sostiene que "ninguna intervención de bomberos podrá reparar el daño que podría dejar este gobierno si mantiene la política ambiental que ha planteado". El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere sumar 1,5 millones de hectáreas a la frontera agrícola y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propone llevar ganadería a esa expansión. Acevedo recuerda que la ganadería extensiva fue una de las causas del aumento del 40 % de la deforestación en la Amazonía en el primer trimestre de 2026, como midió el Ideam. Critica también la propuesta de devolver la exención total del impuesto al carbono y advierte que la apuesta del Gobierno por la inteligencia artificial puede traer centros de datos, que gastan mucha electricidad y agua. Y cierra con las licencias y las consultas previas que el presidente y sus acólitos quieren desregular, con una ironía: "Dicen que son provida. Pero, quizá, la extingan como nunca nadie lo hizo antes".

Abelardo de la Espriella le ordenó al director de la Policía cancelar la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar, como cuenta Semana. Lozano fue jefa del esquema de seguridad de Verónica Alcocer. En su entrevista con la revista, Eva Ferrer dijo que la capitana es, con Carolina Plata, la persona "que más tiene que saber de todos los movimientos" de Alcocer. La revista dice que Lozano tendrá que volver de inmediato y que se estudia llamarla a calificar servicios. La revista agrega que la había mandado a Catar el anterior director de la Policía, pocos días antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro.

Un perfil de El Colombiano sobre la directora del ICBF, Carolina Restrepo, cuenta que mandó retirar de una sede del instituto un mural de Resistencia Chiquita, un colectivo de niñas que trabaja con arte contra la violencia de género. Al leer "Aquí estuvo la resistencia chiquita", Restrepo dijo: "Esto es absolutamente abusivo". El propio ICBF había hecho actividades con el colectivo. A la discusión por usar "niñez" en lugar de nombrar a las niñas respondió: "Me cansan las feministas de cartel". Y a un usuario que se presentaba como investigador académico le escribió en X: "Don Camilo, ya que se presenta como 'investigador académico', le sugiero empezar por un cursito de inglés". En su denuncia por amenazas, pidió investigar si un video del senador Duvalier Sánchez, que ella dice que estaba editado, las desencadenó.

En una entrevista con El Colombiano, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada repitió sus cuestionamientos al gasto de la JEP. Habla de más de $160.000 millones en el arriendo de su sede en Bogotá, $56.000 millones en viajes y $40.365 millones en la defensa de comparecientes de las Farc. Dice que el estudio de títulos del edificio "muestra 18 empresas anónimas en paraísos fiscales" y que ocho de las nueve de Delaware se crearon un mes después de firmado el contrato. Dice que los colombianos están pagando con su bolsillo lo que les corresponde a los comparecientes de las Farc. Propone que un tribunal militar revise siempre las sentencias de la JEP contra militares y policías. Un análisis con seis expertos encontró que algunas críticas a la JEP son ciertas y otras ignoran sus resultados.

Santiago Botero, Claudia López, Mauricio Lizcano y Sondra Macollins no tendrían que devolver los anticipos que les giró el CNE para la primera vuelta, aunque no llegaron al umbral del 4 % de los votos válidos, como explica El Espectador. Los anticipos fueron de entre $4.000 y $4.500 millones. Los cobija el artículo 22 de la Ley 1475, que exime a las campañas presidenciales si presentan los soportes. Solo uno de los cinco que pidieron anticipo pasó el umbral. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, dijo que "es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción". El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, tiene un proyecto para quitar la reposición de votos en las consultas de los partidos. Macollins dijo que usó el anticipo "conforme a las normas electorales" y Botero, que su campaña la pagó de su bolsillo.

En una entrevista con El Espectador, María Cecilia Ibáñez, del Centro de Derechos Reproductivos, explica que la vuelta de Colombia al Consenso de Ginebra no crea obligaciones ni cambia la ley o la jurisprudencia sobre el aborto. Es una declaración política, no un tratado. Pero advierte que sí suma al país a un bloque de gobiernos que coordinan sus posiciones en los foros internacionales y que la decisión "no está alineada con lo que ha dicho la Corte Constitucional", con más de 30 sentencias desde 2006. Lee la decisión junto con la salida de Colombia de la Equal Rights Coalition y su distancia del concepto de "derechos sexuales y reproductivos" en la ONU. Sobre el embajador Alejandro Ordóñez, que anunció la adhesión, recuerda que Colombia es un Estado laico.

En una entrevista en video con Cambio, la exmagistrada Cristina Lombana dijo que sí existió un plan de congresistas de la Comisión de Acusaciones para suspenderla de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El periodista le preguntó por un plan de varios congresistas y de miembros del gobierno de Gustavo Petro que él había conocido cuando trabajaba en Blu Radio. Lombana respondió que adelanta acciones legales y que los congresistas buscaban impedir que siguiera tomando decisiones. También relacionó con esa persecución la filtración del informe de la UIAF sobre su patrimonio, que, como dijo el periodista, publicó Daniel Coronell. Lombana contó que la denunció ante la Fiscalía. Se describió como "la magistrada más recusada en estos ocho años" y negó que venir de la justicia penal militar la hiciera de derecha. La revista aclara que grabó la entrevista antes de que se conociera que Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia y por eso no le preguntó por su nuevo cargo.

Dos hombres en moto les dispararon la noche del 10 de octubre, en el barrio San Martín de Barranquilla, a dos dragoneantes de la penitenciaría El Bosque que salían de turno, como cuenta El Heraldo. Los llevaron a la Clínica San Ignacio. El Ministerio de Justicia y el Inpec rechazaron el ataque y hablaron de mensajes con amenazas contra Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el director del Inpec, Daniel Gutiérrez. Aclararon que todavía verifican si esos mensajes son auténticos y si tienen que ver con el ataque. Abelardo los relacionó con los traslados de presos y escribió en X: "Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación". Y cerró: "Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre".

En su columna en El Espectador, la escritora Piedad Bonnett llama "petimetre engolado" a Sergio Esteban Vélez, el director del Instituto Caro y Cuervo, por el video sobre Andrés Caicedo que publicó el instituto. Vélez dijo que Caicedo "se suicidó consumido por sus propios demonios". Bonnett le pregunta con qué derecho "se atreve a juzgar y condenar, banalizando el suicidio" una vida y una muerte que debieron estar atravesadas por el sufrimiento. Para ella, ese sermón confirma que el gobierno de Abelardo de la Espriella y la ministra Paola Holguín conciben la cultura como "un instrumento edificante". Le recuerda que la literatura y el arte son "por naturaleza transgresores". En una adenda critica a Felipe Zuleta, columnista del mismo diario, de quien cuenta que confesó que a veces "le dan ganas" de dejar de escribir allí para no compartir página con Ana Cristina Restrepo, a quien habría llamado "zurda caviar".

En una entrevista con El Espectador, el profesor Néstor Rosanía, abogado con posgrado en Seguridad y Defensa Nacionales, dijo que el borrador del Estatuto Antiterrorista le daría al Gobierno la capacidad de perseguir también a sus enemigos políticos. La lista de terroristas que crea serviría como mecanismo de seguridad, pero también como "instrumento político de represión y disuasión". Por los discursos de Abelardo de la Espriella y los mensajes de sus redes de apoyo, cree que el riesgo de estigmatizar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos es "altísimo". Lo compara con la época de la "seguridad democrática", cuando se acusaba a esos sectores de ser auxiliares del terrorismo. Considera inconstitucionales varias de las propuestas y llama "populismo punitivo" al aumento de penas.